Minuto 80

No queda otra que hablar sobre el decretazo que ordena el pago de doble aguinaldo a asalariados tanto del sector público como del privado. En mi particular criterio, considerando que el grueso de los empleados estatales se encuentra en las Fuerzas Armadas, la Policía y el Magisterio, es una especie de “bono de lealtad” convenientemente maquillado, que si permea en tal sentido al resto de los funcionarios del gobierno central y de las entidades autónomas, tanto mejor para el régimen. Una parte del pago se hará con la recaudación de nuestras contribuciones impositivas. 

En cuanto a la obligatoriedad de que la empresa privada haga lo propio, se trata simplemente de meterle la mano al bolsillo al emprendedor que, venciendo el engorroso trámite y desafiando todo tipo de obstáculos –Bolivia es uno de los países más difíciles para la apertura de un negocio formal- instaló un taller, contrató un puñado de operarios y se lanzó a la aventura de producir y ofrecer su material en el imprevisible mercado. En lugar de incentivarlo se lo está castigando. 

Desmenucemos un poco. El criterio gubernamental parte de un interesante crecimiento del PIB, pero asume, mecánicamente, que toda empresa crece en tal magnitud. Luego, de esta falsa premisa, va a surgir, inevitablemente, un error de concepto. La seguridad jurídica se ve una vez más puesta en cuestión. Lo que hace el régimen con la libre iniciativa es como cambiar las reglas de un partido a los 80 minutos de juego. 

Pretenciosamente, se alude al Estado de Bienestar –apodado “vivir bien” por el régimen- la otorgación del bono. Al no ser fruto de una concepción integral, sino de una urgencia electoral, es pura demagogia. Los operadores del régimen hablan de estar redistribuyendo el excedente económico. Entonces, ¿por qué no hacerlo universal y que el bono llegue a las amas de casa, los desempleados, los artistas, los jubilados? ¿redistribución calificada?. 

Hay países en los que, sin mayor aspaviento, el ciudadano ve un abono proveniente del Estado en su cuenta bancaria por concepto justamente de redistribución. El beneficio llega a TODOS, bancarizados o no. Uno de esos países es Canadá, que de socialista no tiene mucho. 

 Los 10 últimos minutos se jugarán con las reglas cambiadas por el régimen, pero en tiempo suplementario el público podría hacer invasión de cancha.

¡200.000 firmas! ¡Completamente agradecido!

Arenas Movedizas

"El narcotráfico y la producción de cocaína, al ser actividades que lucran de la muerte, están en contra de los principios básicos de la moral y la ética que nos van empujando a una espiral de violencia".

 En estos términos se refirió el presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana, monseñor Oscar Aparicio, en el discurso de inauguración de la Asamblea de Obispos que concluirá el 12 de los corrientes.

 Es probable que para cuando sea publicada esta columna, el régimen ya haya salido al paso con su recurrente discurso de que la Iglesia no debe meterse en asuntos "políticos".

 A manera de antecedente de de la preocupación de la Iglesia por la expansión del narcotráfico dentro del país están las declaraciones que Monseñor Tito Solari, obispo de la Diócesis de Cochabamba, hizo en noviembre de 2011, cuando declaró que los narcotraficantes utilizaban niños para distribuir cocaína en Chapare. Aquella vez, el régimen prácticamente defenestró al sacerdote. Los cocaleros lo declararon "persona non grata" y solicitaron su expulsión de Bolivia y amenazaron con denunciarlo al Vaticano si no pedía disculpas.

Después, ante la evidencia, autoridades del sector admitieron, a regañadientes, que había adolescentes usados como "mulas". Solari, desde entonces, se calló en siete idiomas.

 El contexto del discurso de Aparicio es, sin embargo, otro: se produce a pocos días de haber ocurrido los hechos en la localidad de Miraflores, en Apolo, donde efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta –de erradicación de coca- fueron ultimados luego de ser sometidos a humillación y tortura. Lamentablemente las "investigaciones" no han dejado nada en claro y probablemente vaya ocurrir como tantas veces… el olvido hará su trabajo.

 Por si no ha quedado clara mi posición al respecto, expresada ya en anteriores artículos, la vuelvo a repetir: una cosa es luchar contra el crimen organizado cuando éste es una entidad externa al Estado y otra cuando no sólo que está al interior del mismo sino que es su razón de ser; ni siquiera hay lucha posible, pues lo que se da es protección, encubrimiento, infidencia, simulación, negocios turbios.

 Entretanto, preso de su criatura, el Gobierno se sigue hundiendo en las arenas movedizas del narco.