Se entiende por “tutelar” a aquella institución ordenada por la ley que tiene por objeto la protección y asistencia de una persona que, por razón de edad o de incapacidad, no puede gobernarse por sí misma no proveer a la administración de sus bienes. Por extensión –o por deformación- esta definición se aplica a sociedades y naciones.
Pasé la mitad de mi vida escuchando la patraña de que las Fuerzas Armadas eran “la institución tutelar de la patria”, grosería empleada para sostener dictaduras militares que no he vuelto a oír desde 1982, año de la recuperación de la democracia. Analizada con propiedad, la dichosa autoatribución consideraba a los civiles (partidos políticos, sindicatos y sociedad en general) como infradotados incapaces de gobernarse por sí mismos a los que había que someterlos por la fuerza a un régimen de “orden” con sensibles restricciones de sus derechos civiles y políticos.
Que, apoyados por las bayonetas, los militares se sintieran convencidos de ser nuestros tutores es, hasta cierto punto, verosímil; pero que, tras su repliegue a los cuarteles para cumplir el rol de institución obediente (que no delibera) a la autoridad política constitucionalmente elegida, sean estas autoridades, en nombre de una circunstancial legitimidad electoral, quienes se arroguen la tutela del país, es inaceptable.
No disimula el régimen su tendencia totalitarista y tampoco su aversión hacia la autonomía, la departamental fundamentalmente, a la que “cruzó” con la indígena y la regional para debilitarla.
Debe ser muy frustrante para el régimen que su encumbramiento haya coincidido con la emergencia de las autonomías departamentales, alas que en primera instancia se opuso abiertamente para, cuatro años más tarde, rendirse ante la evidencia y hacer como que las acepta con la consiguiente cesión del poder que ostenta.
Todo parece indicar que el régimen necesita, para su proyecto hegemónico, reducir el hecho autonomista a su mínima expresión castigando, incluso, a sus promotores. No se explica de otro modo la prescripción contenida en las recientemente promulgadas leyes de que éstos no podrán postularse a ninguno de los espacios en los órganos del “Estado Plurinacional”, como tampoco puede entenderse que la asignación de competencias exclusivas de las autonomías no vaya acompañada de transferencias de recursos –pacto fiscal redistributivo- para asumirlas.
Es más, se proscribe cuatro estatutos autonómicos ya aprobados en sendos referéndums y se inicia una persecución político-judicial contra sus gestores.
Hablemos claro: las autonomías son un escollo para el proyecto totalitario del régimen y lo más que éste está dispuesto a permitir es una especie de “autonomía tutelada”, y pare ello precisa hacer ver que los ciudadanos somos incapaces de gobernarnos por nosotros mismos y que por sobre los departamentos tiene que haber un suprapoder –el que tiene el control de la billetera-.
Es evidente que su proyecto Marco establece una suerte de oxímoron: centralismo autonómico. Al régimen le disgusta la idea de equilibrio de poder –compartirlo-, se inclina decididamente hacia la tiranía en nombre de una eventual, circunstancial y volátil mayoría.
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