Un relato sobre el acceso a la información pública

 

La reciente visita del Relator Especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados me ha dejado un retrogusto agridulce: ha atendido una agenda básicamente oficialista –felicitando al régimen, en sus observaciones preliminares por, supuestamente, “su esfuerzo de encarar una reforma de la justicia en Bolivia"- Es, ciertamente, un cuento de hadas que García-Sayán se lo tragó sin problema; si hubiese tomado en cuenta (al parecer no lo hizo) los argumentos de abogados independientes con los que tuvo contacto, habría necesitado una bolsa para devolver toda aquella ingesta narrativa.

En tímida contraparte, más allá de las obviedades que ni el régimen puede tapar, dejó deslizar buenos deseos y señalar la oportunidad –optimista el hombre- de encarar la reforma, en un gran acuerdo que, según él, estaría encaminado; nuevamente, los juristas independientes le enrostraron que, mientras este régimen administre el Estado, no estarán dadas las condiciones para ello.

Cuestionó la legitimidad de las autoridades judiciales surgidas mediante voto popular y propuso un mecanismo correctivo que no soluciona el tema de fondo, que pasa por anular dicho sistema –el de elección de magistrados- pero para ello se requiere abrir la Constitución y existe el peligro, justificado, de que, una vez abierta, los demonios introduzcan cambios favorables a sus intereses particulares, pero contrarios a los de la ciudadanía.

No me extiendo más en estos puntos, dado que el informe está siendo sometido a profundo escrutinio, en espera del documento extendido que llegará a mediados de año.

Sobre lo que quiero prolongarme un poco más es sobre el del acceso a la información pública. "Tomo nota de que Bolivia aún no cuenta con legislación sobre acceso a la información pública", se lee en el Informe Sayán y me causa gran satisfacción dicha mención porque hurga en algo esencial para la democracia: la transparencia. Y no hay transparencia sin acceso a la información pública.

El primer proyecto de ley al respecto que recuerdo es el que presentó la entonces diputada –estoy hablando de principios de siglo- Susana Peñaranda que llegó a ser considerado en el pleno, pero no prosperó en su tratamiento e imagino que terminó archivado. Para su tiempo, era una propuesta de vanguardia cuyo “defecto” fue el haber sido elaborado por una persona sin la participación de grupos de interés relacionados con el tema.

También rememoro otro proyecto, más consensuado, patrocinado por la exdefensora del pueblo, Ana María Romero, que estuvo a punto de avanzar hasta lograr convertirse en ley, pero los términos “información secreta” (que todo Estado tiene, sobre todo en casos que está en riesgo la seguridad nacional) e “información confidencial” trucaron el camino porque el régimen insistía que debía ponerse en la redacción que la calificación de tal cual carácter quedaba en manos del Gobierno. O sea, hecha la ley, hecha la trampa. Come estos, ha habido otros cuatro intentos por arribar a tal ley.

Más recientemente, Comunidad Ciudadana anunció un nuevo proyecto de ley, aunque no lo ha socializado aún. Entretanto, la sociedad civil –la red UNITAS, por ejemplo- ha urgido a los actores políticos a trabajar hasta que el país cuente con tan vital instrumento legal –en la región, solo nuestro país y Venezuela (¿casualidad?)- no cuentan con el mismo.

Considero también que tanto los representantes de la oposición como la ciudadanía consciente, deben hacer suya la causa del acceso a la información pública para que el régimen se vea obligado a dar curso a una ley de esta naturaleza.

La huella de Roger Pinto

 

Los recientes acontecimientos, relacionados con la aprehensión del exjefe antidrogas, Maximiliano Dávila, a consecuencia de un informe de la DEA que lo identifica como principal operador de una red de tráfico de droga y las dos contradictorias acciones al respecto –por un lado, la “justicia” local determinando su detención durante seis meses por “legitimación de ganancias ilícitas” y, por otra, la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos por tráfico de narcóticos y lavado de dinero, ofreciendo, incluso, una colosal suma de recompensa por información que conduzca a reforzar el juicio que le espera en aquel país- me hizo pensar repentinamente en el exsenador Roger Pinto.

Independientemente su filiación ideológica, que uno puede compartir o no, Pinto jugó un rol central en la investigación de casos de narcotráfico durante el gobierno de Morales Ayma, cosa que, a decir de algunos, le costó la vida –como, en los 80s sucedió con el diputado del FRI, Edmundo Salazar-.

El destino del pandino tuvo un giro dramático debido a su insistencia en querer entregar personalmente al señor Morales documentos en los que, a decir del entonces Senador, involucraban a personeros de su régimen en el narcotráfico. La reacción del poder fue la de intentar, por la vía de la persecución, aprehender al denunciante. Para evitarlo, Pinto se refugió en la legación diplomática brasileña. Más tarde, el Estado de Brasil le otorgó la condición de asilado político, pero el régimen del cocalero le negó la otorgación del salvoconducto, por lo que, en una arriesgada operación, con la ayuda de un funcionario de la embajada, el exparlamentario logró burlar los controles migratorios y trasponer la frontera con el país vecino. Tras instalarse en Brasil, se dedicó al pilotaje y luego de un sospechoso accidente, falleció dejando aparentemente inconclusa su misión de desenmascarar el carácter narco del régimen masista.

En el interín, apareció un reportaje de la revista “Veja”, “La república de la cocaína” que incluía un organigrama de la organización que manejaba los hilos del narcotráfico en Bolivia. El régimen negó la información y envío como Embajador a Jerjes Justiniano (padre) con la única misión de enjuiciar a dicha publicación, cosa que, seguramente por falta de elementos, nunca sucedió. También surgieron los casos Sanabria y Ormachea, dos capos del control antidrogas que cayeron en desgracia (Justicia de Estados Unidos). Luego de la muerte de Pinto, fueron apareciendo más narcos con nexos con el Gobierno, mientras éste negaba la presencia de emisarios de cárteles brasileños y colombianos.

No deja de ser llamativo este escenario en el que otro(s) allegado(s) al régimen se encuentran interdicto(s) debido a sus actividades ilegales vinculadas al narcotráfico. Es como si, desde donde se encontrara, Roger Pinto estuviera marcando la huella que conducirá a la justicia internacional a quienes, desde el poder, no solo permitieron, sino que alentaron y, eventualmente, financiaron dicha actividad.

Ahora, a la defensiva, el régimen cierra filas en torno a los potencialmente involucrados en el negocio –si no por comisión, la omisión es también una forma de encubrimiento- y ha abierto el paraguas en torno a la extradición de quien podría revelar los detalles sobre las operaciones de producción y tráfico de sustancias controladas en el Estado Plurinacional y mencionar nombres de los involucrados en las mismas.

De llegarse a un juicio internacional a los peces gordos del régimen, la muerte de Pinto sería el símbolo de que la impunidad (blindaje) no es eterna. Por ello, sugiero que una próxima ley sobre control al narco, que no se dará mientras este régimen continúe, lleve el nombre de “Ley Edmundo Salazar y Roger Pinto”.