Señor Fraude

No es sobre el proceder del régimen en el reciente remedo de elección, cuando habilitó, contra todo principio jurídico, a un personaje descalificado por la ciudadanía mediante un referéndum para, consumada la violación a la Constitución –“su” Constitución-. Y, aun así, al no reunir una cantidad de votos que le permita prolongar su permanencia en el poder, permitirse dar la orden de disponer la alteración de la tendencia electoral para favorecer a su patrón, que quiero escribir.

Esa maquinación no merece ser llamada como reza el título de esta entrega porque no fue tal: fue un burdo y descarado fraude que afectó la sensibilidad democrática de la ciudadanía que no da tregua en su lucha por la anulación de dicha impostura.

Entonces, ¿a qué o quién denomino “Señor Fraude”? Pues, nada más ni nada menos que al individuo responsable de todo el zafarrancho que tiene en vilo a Bolivia, al Presidente saliente.

Este hombre es producto de una construcción de imagen que ha acabado por borrar de él todo viso de autenticidad –si es que alguna vez la tuvo- sustituyéndola por una cáscara de oropel que deslumbra a los incautos que lo siguen. Me explico: en lugar de poner en duda una serie de atributos ficticios, es común que se dé por sentado que el caballero es aquello que, por supuesto, no es –o no en la medida que supondría serlo-. En tal sentido el propio señor es un fraude, un Señor Fraude. Veamos…

¿Indígena? Sí, pero de conveniencia. El susodicho, como es de conocimiento público, cimentó su carrera en el sindicalismo –en el cocalero, para más señas, con todas sus implicaciones-. Su metamorfosis a “lo indígena” (no se formó políticamente en ninguna de las expresiones indigenistas del continente) es producto de la necesidad de posicionarlo como tal –con indudable éxito- para llegar al poder con la etiqueta de “Primer Presidente Indígena de Ámerica”, ignorando a personalidades mucho más merecedoras de tal denominación como Benito Juárez o, en nuestro medio, Andrés de Santa Cruz y Calahumana o Franz Tamayo que, si bien no llegó a ejercer, fue elegido para el cargo. Con todo lo modernista que era, Tamayo hablaba a la perfección la lengua aymara, lo que nos lleva a…

¿Aymaraparlante? Nones. Por mucha publicidad que le haya hecho el difunto Chávez a su “indio”, el compañero, pese a su triste empeño por demostrar lo contrario, no articula más que unas cuantas expresiones de orden protocolar –saludo, despedida, una que otra arenga- que cualquier ciudadano de estas tierras sabe pronunciar. Las veces que alguien intenta entablar con él una conversación en la lengua de Túpac Katari. El caballero no habla aymara y, mucho menos, es la reencarnación de Túpac Katari.

¿Trompetista? Mmmmm. Platillero, sí (en realidad, para serlo no se requiere haber estudiado ocho años en Viena), pero, aunque hay fotografías de esta especie de mimo musical, dudo mucho de su habilidad como trompetista -¿le ha escuchado usted tocar, individualmente, este instrumento?- Rodeado de gente, uno puede pasar por lo que se quiera. Me puse a buscar en youtube alguna interpretación suya y lo más cercano que encontré fue una distinción que recibe de parte de una asociación de músicos quienes le entregan una trompeta, luego el público empieza a corear “¡que la toque, que la toque!” y el personaje, visiblemente abochornado, no le saca ni un graznido. No pido una magistral interpretación de “El vuelo del moscardón” de Korsakov; me conformaría con “Los pollitos dicen”. Entretanto, huele a fraude.

¿Futbolista? Vamos… cualquier entendido en balompié sabe que el cuate apenas da unos pelotazos y que sus “rivales” no son tales, sino unos simples monigotes que se prestan a proyectar una imagen de Maradona de Orinoca. Resulta risible –vergonzoso para quienes impulsaron el asunto- que se hubiera querido enrolar a un equipo de la Liga profesional –Sport Boys-. ¡Cómo sufrí cuando el mundialista Néstor Clausen, su DT de entonces, tenía que decir que “no era mala idea”! Fraude por doquier.

Y podría continuar, pero el espacio ya no alcanza. Le toca a usted hacerlo.

Y se va la segundita...

De manera solícita, la ciudadanía acudió a las urnas, aun sabiendo que uno de los postulantes a la Primera Magistratura no tenía nada que hacer en la papeleta electoral por estar inhabilitado constitucionalmente –inhabilitación refrendada, además, por un referéndum que zanjó toda duda al respecto-.

Conocidos los datos oficiales al 85%, cuando se detuvo el conteo, los bolivianos ya entraron en modo “segunda vuelta” dado que los guarismos indicaban que, de manera irreversible, por la tendencia, la diferencia entre el candidato legal y el advenedizo, no le alcanzaba a este último para consumar su fechoría en primera vuelta. Es más, en el conjunto de la votación, una abrumadora mayoría votó en su contra.

Ciertamente, el primero logró capitalizar el descontento que, fruto de tanto abuso y corrupción, generó el régimen, descontento que se materializó en un rotundo “no” el 21 de febrero de 2016 y en votos, el 20 de octubre, dando paso a una inédita “segunda vuelta” a la que acudiremos en diciembre.

No deja de ser llamativo el hecho de que en la convocatoria a la primera vuelta electoral, el tristemente célebre Tribunal Supremo Electoral hubiese omitido incluir la fecha de la segunda y que cuando se le consultó por dicho “olvido” arguyó que lo haría si efectivamente se daba tal situación –pensando mal, al TSE, como al resto del régimen, jamás le pasó por la cabeza tal posibilidad-. Tiempo más tarde, el señor García Linera, candidato ilegal a la Vicepresidencia, indicaba que su sigla tenía un “voto oculto” (¿eufemismo por “fraude”, tal como “estrategia envolvente” por “cochinada”?).

Así y todo, el régimen muerde el polvo y, por mucho que asegure que se impuso en la primera, luciendo unas muecas intentado fingir sonrisas, deberá concurrir a la segunda, en la cual los auspicios no juegan a su favor.

En los hechos, el régimen ha perdido estrepitosamente, no solo porque sus postulantes son ilegales, ilegítimos e inmorales, sino porque gozó de toda clase de ventajismo avalado por sus lacayos del órgano electoral –ya habrá tiempo para reencauzar democráticamente dicha entidad-, así como por el grosero dispendio de recursos públicos para fines particulares, y por amenazar permanente mediante una campaña del miedo para que los votantes no apoyen al candidato legal mejor ubicado. Aprovechó, impúdicamente, el aparato estatal para montar una campaña sin precedentes por la asimetría respecto a aquella que dispuso de su propia logística de apoyo para llegar al día de la votación.

La ciudadanía camina hacia la segunda vuelta con los ánimos renovados, mostrándose resuelta a no dejarse timar nuevamente por el régimen dictatorial que ya está ejerciendo el poder de manera ilegal y que quiere reproducir la patraña las veces que se le antoje. Los jóvenes le han dado a dicho espíritu un ingrediente de poderosa motivación para no desmayar en la lucha por la democracia. Su presencia en todos los actos por el respeto al voto ha sido fundamental para sostener la ruta hacia diciembre. Ver a nuestros hijos ejerciendo sus derechos ciudadanos permite afirmar que el país tiene futuro, que la esperanza está en alza.

Escribo todo esto en medio de la incertidumbre ocasionada por el comportamiento de régimen –vía sus operadores del TSE- de forzar a como dé lugar un resultado distinto del que viabiliza la próxima vuelta. Sin embargo, la ciudadanía acudirá el segundo domingo de diciembre a cumplir su deber ciudadano y, con ello, volver a decirle “No” al sátrapa. Bolivia tendrá, a partir de enero, poderes separados que garantice pesos y contrapesos en la toma de decisiones públicas, vale decir que se instalará una República con su respectivo estado de derecho.

Voto "por defecto"

Si usted sigue con cierta frecuencia mis entregas catorcenales, podrá certificar que no me he referido de manera directa a la carrera electoral en la que se encuentran embalados ocho duplas legales y una ilegal; tampoco, ni por asomo, he comentado las encuestas, justamente porque en las mismas figura el binomio trucho –legitimándolo-. Pero, como se suele decir, alea jacta est, y a plantarle cara a esta situación. A cruzar el Rubicón.

La etapa que está por concluir es resultado de un forzado montaje con diversos vicios, tanto de origen como de puesta en ejecución.

Entre los de origen, se encuentran antecedentes como la declaración constitucional 003/13 que, violando la Constitución, viabilizó la postulación de los señores Morales Ayma y García Linera para el periodo en curso (2015-2020) burlando la propia Carta Magna y la palabra empeñada por el primero –el segundo la llamó “estrategia envolvente”- al momento de viabilizar aquella (2009), comprometiéndose a no postularse tras culminar el anterior. Lejos de conformarse con cinco años (de ejercicio ilegal) más del poder, Morales, como veremos más adelante, afinó los mecanismos de control sobre los tribunales Constitucional y Electoral, para volver a torcer las leyes y colarse –pese a estar inhabilitado- en la nómina de candidatos a la Presidencia. Otro antecedente, de igual o mayor magnitud, es el resultado concluyente del referéndum del 21 de febrero de 2016, mediante el cual la ciudadanía expresó su rechazo a una nueva candidatura del personaje que ya había abusado de su confianza en las elecciones de 2014; en principio, el régimen aceptó el veredicto del 21F pero pocos días después, con las instituciones judiciales a sus órdenes, comenzó el trámite para pisotear la voluntad popular una vez más.

Entre los de ejecución, correlato de los anteriores, están la Sentencia Constitucional 084/2017 que declara como “derecho humano” supraconstitucional la repostulación –indefinida, se infiere- del susodicho y determina una ilegal “habilitación” como candidato para el periodo 2020-2025. 

Asimismo, figuran todas las acciones –manipulación de la Ley de Organizaciones Políticas, reuniones en la residencia presidencial con los vocales electorales, convocatoria a “primaras” (vinculantes, aunque resultaron no ser tales), campaña con recursos públicos (entregas de obras transmitidas por el canal estatal), un sospechoso incremento del padrón en algunas regiones, etc-. Todo ello avalado por los órganos al servicio del poder.

¿Y así iremos a votar? Pues, aunque el régimen juega de local y con árbitro “bombero” comprado, hay que dar batalla democrática. Lamentablemente, como ocurrió en la anterior, esta elección no brinda las condiciones para optar libremente por quien tenga el mejor programa o por quien tenga mayores coincidencias conceptuales con uno. No hay, en tal escenario, nueve posibilidades. Lo que hay es una encrucijada muy obvia: acentuación del autoritarismo o recuperación de la democracia. 

No lo asumimos así hace cinco años, y las consecuencias saltan a la vista.

En lo que a mí concierne, he decidido emitir un voto “por defecto”, que consiste en marcar en la casilla de quien, al día del sufragio, se encuentre en primer lugar entre los candidatos legales, así dicha persona no goce de mi simpatía en términos político-ideológicos.

A pocos días de la cita con las urnas, hay una tendencia en tal sentido. Si dicha tendencia se sostiene hasta el 20 de octubre, no me temblará el pulso para darle soporte; si ésta cambiara, actuaré de igual manera con quien haya concentrado el mayor caudal de apoyo ciudadano hasta entonces. ¡Por la democracia!

Amargo MAS

El próximo martes se va a cumplir un año de la emisión del fallo de la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, Holanda, en relación a la demanda del Estado Plurinacional de Bolivia a la República de Chile, en torno a compromisos no honrados por esta última que, según el reclamo de Estado Plurinacional, le daría el derecho de negociar una salida al mar por territorio antes perteneciente a la República de Bolivia. “Obligación” (de negociar/dialogar por parte del demandado) y “soberanía” (boliviana, en el lugar “recuperado”) eran los términos excluyentes que el régimen esperaba obtener de la CIJ, términos que, como se sabe, no asomaron siquiera en el documento de derecho internacional que, al ser de última instancia, tiene carácter definitivo.

Como argumento jurídico, cuya autoría reconocida por propios y extraños es de don Ramiro Orías, el texto de la demanda es impecable; pero todos los concernidos en el tema sabían que su conversión en procedimiento contencioso era una apuesta de altísimo riesgo que el régimen quiso correr; lo que supone que en caso de una derrota diplomática de tal dimensión también estaba dispuesto a asumir su responsabilidad y a hacerse cargo de las consecuencias.

Sin embargo, durante el trámite del juicio internacional, el régimen o, más propiamente, el señor Evo Morales Ayma, dejando de lado todo sentido sensatez, mesura y sobriedad, se empeñó en darle una orientación partidaria al tema, desnaturalizando el espíritu con el que inició –el de la unidad- y generando dudas sobre el propósito real de la demanda. Como alguna vez lo escribí, Morales Ayma hizo marketing personal con el mar.

Innecesariamente beligerante, obscenamente grosero, tal individuo olvidó que el trámite corría por la vía jurídico/diplomática y que sus muestras de soberbia no eran precisamente lo que el momento aconsejaba. Entretanto, Chile, con sus propios tropiezos, actuaba como el “agredido”, mientras hacía “lobbies” de alta capacidad de influencia.

Pero el mayor pecado cometido por Morales Ayma y sus huestes fue el haber creado, deliberadamente, un ambiente triunfalista que excedió cualquier límite: una cosa es un moderado y sano optimismo, y otra la exacerbación de las pasiones con actos y expresiones absolutamente desmedidos.

Entre los más inverosímiles se encuentra el de la unión de varios retazos de tela de color azul –ingenuo quien crea que eso no tenía una intencionalidad político-partidaria propagandística- para hacer una larga tira a la que llamaron “banderazo” que pretendía ser registrado en el libro de los récords “Guinness”. Ni a eso se llegó, menos a “bañarnos en el mar”. Lo que sí ocurrió es que ese tiempo, como consta en la prensa, el rollo de 50 metros de tela azul subió de precio, de 200 a 500 bs.

Asimismo, en el paroxismo de la ridiculez, los empleados de la Agencia Nacional de Hidrocarburos se disfrazaron de jueces de la Corte de la Haya, causando vergüenza ajena a su paso durante el desfile por el Día del Mar.

Podría enumerar un puñado de disparates más, pero, por razones de espacio, solo lo haré con uno más, el de antología: el anuncio de Morales Ayma, en su discurso de Año Nuevo, en el que aseguraba que Bolivia “tendrá mar en 2018”. El caso es que no lo tuvo –ni lo tendrá, al menos no por el lugar y las condiciones que pretendía-.

La víspera del día del fallo, el 30 de septiembre del año pasado, publiqué las posibles opciones que nos esperaban. Lo hice de esta manera: “Triunfo diplomático absoluto: “Obligación” y “soberanía”. Triunfo diplomático parcial: “Obligación” o “soberanía”. Derrota diplomática absoluta: Ni “obligación”, ni “soberanía””.

Ocurrió lo último. Lo demás son patrañas.

De tus cenizas, Chiquitania

Al momento de escribir estas líneas, el régimen aún no ha declarado Desastre Nacional, como corresponde hacerlo en casos inclusive menos graves que el de la devastadora quema que afecta a la Chiquitania.

¿Por qué en situaciones como esta es menester la activación de tal declaratoria? Por la sencilla razón de que la misma moviliza recursos –humanos, técnicos, económicos, científicos y operativos-, canaliza la solidaridad en general –local e internacional- y concentra esfuerzos antes dispersos; todo ello sin la carga burocrática a que están sometidos los trámites corrientes –con dispensación de éstos-.

En rigor, dada la magnitud de la catástrofe, el régimen debería haber activado la Declaratoria hace tres semanas; sin embargo, permanece enajenado de la realidad. ¿Lo hará finalmente?

Como muchos, me he preguntado por la razón por la cual mantiene esta terquedad cuando ya llevamos más de dos millones de hectáreas afectadas por las quemas. En principio, lo tomé como uno más de los caprichos a los que nos tiene acostumbrados: la mezquindad que guía sus actos. En la curiosa (furiosa, más bien) lógica masista, declarar Desastre Nacional sería darle el gusto a “la derecha”, cosa que el régimen no está dispuesto a hacer puesto que tal cosa significaría una “derrota política”, una “muestra de debilidad”. Algo parecido a las interpelaciones parlamentarias a funcionarios de Estado, en las que éstos resultan aplaudidos por la mayoría oficialista a pesar de haber suficientes pruebas de sus tropelías.

Lejos de brindar una justificación mínimamente atendible, el régimen ha esgrimido un sinfín de sandeces para salir del paso. Es más; al menos al comienzo, se negó a recibir cooperación internacional –luego la aceptó a regañadientes, incluso poniendo trabas a la internación de instrumentos y personal de países vecinos-. Peor aún, continúa realizado una acción de sabotaje a la labor de los bomberos voluntarios.

Por otra parte, es indignante el espectáculo propagandístico con el que el régimen pretende hacer creer que se está ocupando del siniestro provocado por el propio régimen: el Presidente en grotesca exhibición actoral o el ministro de la Presidencia “regalando” cocinitas a los pobladores de la región.

Entonces, sin dejar de lado la versión de la mezquindad por razones políticas, porque esta sola no alcanza para explicar tanta terquedad, hay que (mal)pensar otras razones que dispongan al régimen para actuar como lo hace. Respecto al TIPNIS, por ejemplo, está claro que sus compromisos con una empresa brasileña lo llevan a insistir en la construcción de una carretera por el medio de la reserva y Parque Nacional. En este caso, se sabe de compromisos contraídos con ganaderos y cocaleros para ampliar la frontera agrícola, pero parece faltar algún elemento mucho más oscuro para completar el dantesco cuadro. ¿Cuál será éste? No lo sabemos aún, pero cuando las condiciones estén dadas, el verdadero trasfondo del asunto saldrá a la luz.

Es de tal magnitud este ecobiocidio que, con justa razón, los hijos de nuestros nietos condenarán a la actual generación de bolivianos por haber permitido la asunción al poder de un grupo de depredadores que les comprometió su presente (futuro, desde esta perspectiva).

¿Podemos hacer algo para cambiar ese destino de nuestros descendientes? Por lo pronto, impedir, democráticamente, que los usurpadores se reproduzcan en el poder y, a la brevedad posible, comenzar la reversión de esta devastación provocada por éstos, y la reconstrucción institucional de Bolivia.

De tus cenizas, Chiquitania, surgirá el país de todos.

Del Tipnis a la Chiquitanía: la mano depredadora del régimen

Desde hace un tiempo, vengo con la idea de dirigirme, a través de esta columna, a la comunidad internacional, a propósito de las elecciones de octubre próximo. Sin embargo, lo acontecido en nuestra porción de amazonía nos supera, haciendo excluyente abordar en perspectiva esta quema forestal de proporciones dantescas.

Temo, no obstante, que dentro de dos semanas –frecuencia de publicación de mis textos- ya sea demasiado tarde para sensibilizar al concierto de estados democráticos sobre lo que se está tramando, desde el poder, para liquidar todo vestigio práctica democrática en Bolivia. Por tanto, iré directamente al llamado que tengo para dichos estados: Hagan un acuerdo para reconocer como Presidente al ganador de entre los candidatos legales –tanto mejor si alguno de éstos es ganador absoluto-. Bien saben que hay un usurpador que ha violado la Constitución y desoído la voluntad popular expresada en el referéndum del 21 de febrero de 2016. No teman ver afectadas sus inversiones e intereses legalmente certificados. Tengan la certeza de que el Gobierno que, en conjunto, reconozcan, sabrá respetar su seguridad jurídica.

Ahora bien, ocupémonos de la tragedia que vive Bolivia que, aunque no parezca, no está divorciada del llamado hecho previamente. Sostengo esto debido a la renuencia del régimen a solicitar cooperación internacional para las labores de mitigación del incendio y sus consecuencias para el medioambiente (la Pachamama, que tanto dice venerar el usurpador Morales Ayma), las especies animales, la flora tropical y la vida de las personas que habitan la vasta región afectada. Finalmente, a regañadientes, el régimen aceptó la ayuda voluntaria, en una posición que puede graficarse como “si quieren manden ayuda, pero sepan que no la necesitamos”, lo que deja entrever no la soberbia –que la tiene- que muchos atribuyen al usurpador, sino una especie de deseo de que el fuego acabe con todo para, como dijo uno sus operadores, “reforestar con coca” el área.

Para que no quepa duda, me hago eco de lo que voces de distinta procedencia han manifestado: el responsable de esta atrocidad es el régimen, personificado en su cabecilla, por haber emitido normas contrarias a la preservación de la Madre Tierra en consonancia con su política de asentamientos (colonos) y de ampliación de la frontera agrícola. Lo demás es puro intento de desviar la atención. El señor Morales Ayma puede disfrazarse de guardia forestal la veces que quiera; el daño está hecho y no hemos escuchado una sola palabra de “mea culpa” de parte suya.

Ver el desastre que ocurre en la Chiquitanía como algo aislado es engañoso –y hasta conveniente al régimen-. Lo indicado es considerar los hechos que van desde el Tipnis hasta la la Chiquitanía, pasando por El Bala, El Chepete, Tariquía y otros atentados en curso, como un continuum que demuestra que Pachamama, Madre Tierra o medioambiente son poco menos que alpargatas para el régimen; que la defensa que hace en foros internacionales es pura retórica. Ahí está la mano depredadora del régimen; ahí está el reciente ecocidio. Lo que hace doblemente condenable su acción depredadora es que la pandilla que nos gobierna se montó en el discurso ambientalista (pachamamista, en sus términos) para llegar al poder. Bolsonaro puede ser todo lo detestable que se quiera, pero la diferencia es que la posición de éste siempre fue la de la destrucción del bosque en nombre del progreso –una distorsión del lema patrio brasileño-.

¿Qué queda, entonces? Comenzar a sentar las bases para un juicio de responsabilidades, que incluya todos los delitos, contra Juan Evo Morales Ayma y sus colaboradores; un juicio ejemplar, para que nadie ose cometerlos en el futuro.

El (in)discreto (des)encanto de la corrupción

Tengo entre mis manos un patrimonio jurídico de Bolivia que, a mi juicio, debería ser patrimonio jurídico de la humanidad entera: el texto de la sentencia, en el marco de los juicios de responsabilidades, al dictador Luis García Meza y sus colaboradores, pronunciada el 21 de abril de 1993 que, como se sabe, dictó 30 años de prisión sin derecho a indulto para el ya finado expresidente de facto. A efectos de síntesis, podemos agrupar los delitos cometidos por aquel régimen en los de carácter político (delitos contra la Constitución), los de violación a los derechos humanos y los de tipo económico (corrupción corriente). Quedaron fuera del proceso los inherentes a protección y ejercicio del narcotráfico con los cuales también se asocia al gobierno de principios de los años ochenta del siglo pasado.

Una relectura de la sentencia puede dar argumentos para, jusrisprudencialmente, iniciar un juicio de responsabilidades contra el régimen actual dado que, aunque las formas son distintas, el fondo de los actos dolosos de éste permanece incólume. El régimen de Morales Ayma hace virtud de la permanente comisión de delitos contra la Constitución, con la diferencia de que éstos son avalados por órganos que, debiendo ser independientes del poder político, forman parte consustancial del propio régimen al haber sido cooptados y controlados para “bendecir” los designios del jefazo. Lo propio puede decirse de la continua violación de los derechos humanos expresada simbólicamente en hechos como Chaparina, La Calancha y en el exilio, persecución y encarcelamiento de ciudadanos críticos al oficialismo –el más reciente, el del señor Franclin Gutiérrez que, aunque no comparto la actividad a la que se dedica, no me queda duda de que se trata de un preso político-. El tiempo dirá si procede un juicio similar en el siglo XXI.

Sin embargo –notará usted que dejé aparte el componente delictivo de carácter económico- los casos de corrupción que en su momento nos parecían monstruosos palidecen al lado de los cometidos por el régimen de Morales Ayma –en el terreno de la especulación, puede pensarse que García Meza y sus colaboradores no dispusieron de catorce años (¡y quieren más!) para engrosar sus bolsillos hasta reventarlos-.

No se trata de hacer un ejercicio de corrupciones comparadas, pero los “grandes” hechos de corrupción por los cuales se juzgó al régimen garcíamecista parecen delitos de bagatela comparados con los del régimen moralesaymista.

Mencionemos algunos de los “espectaculares” hechos de corrupción de la dictadura mencionada: caso “La Gaiba” (tráfico de piedras semipreciosas), caso “Piscina olímpica” (apropiación de materiales de construcción, vidrios “ray ban”, principalmente), caso “Equipos petroleros” (sobreprecio en adquisición) caso “Puerto Norte” (sin condena por falta de prueba plena), caso “Diarios del Che y de Harry Villegas” (sustracción y venta). Pero el que más me llamó la atención es el caso “Cobro de cheque de $us 278.085.45”, que acabó sin condena por falta de falta de prueba plena. Es el monto que, grosso modo, equivaldría al triple en la actualidad y, aun así, no sería ni el apéndice del prontuario de la corrupción del MAS en estos catorce años; Solo el caso “FONDIOC” hace parecer a los de la dictadura ochentera como obra de carteristas.

¿Por qué, entonces, no solo que no hay una condena generalizada al régimen masista como la hubo contra el régimen garcíamecista, sino que Morales Ayma goza aún de cierto apoyo?, lo que le ha permitido, utilizando los órganos a su servicio, tener el tupé de hacerse de una candidatura en nombre de los derechos humanos.

Una respuesta posible, aunque indignante, es que la corrupción se ha normalizado socialmente y que, inclusive, una cantidad apreciable de personas la tiene por un valor en alza. Tal vez por esta razón, pues el fenómeno no es solo local, una mayoría de argentinos apoya el retorno del régimen más corrupto de su historia.