De listas y "listos"

 

Si bien ya van dos entregas que hasta el momento suman 40 nombres, en realidad se trata de una sola lista, ésta que el Departamento de Estado de EEUU ha divulgado, a título de medida administrativa, sobre el veto migratorio a ciertos ciudadanos bolivianos.

“¿Medida administrativa? ¡las winflas!” diría mi padre, que en paz descanse. Cada día, en casi todo el mundo, hay miles de personas a las que, por distintas razones, se les niega el visado para ingresar a Estados Unidos, y nadie fuera de su círculo próximo se entera de sus nombres.

Cuando se los hace públicos conllevan un mensaje más allá del meramente migratorio y cuando los nombres corresponden a las figuras públicas cuyos actos trascienden los límites del país de origen de los mencionados en tal lista para afectar la seguridad, en este caso vinculada al narcoterrorismo, del país emisor de aquella.

Dejando de lado los eufemismos -más allá de la propia lista, en comunicados más explícitos se alude a las razones de tal medida-, el combo lleva implícita una sentencia extraterritorial, un señalamiento de los implicados como criminales, en distintos grados de responsabilidad, desde peces gordos hasta los funcionales por ambiciones materiales.

Lleva también un misil teledirigido al gobierno del país de residencia de estos incómodos conciudadanos. Cuando se emitió la primera parte, lo asocié a una especie de “ayuda” que EEUU brindaba gentilmente al Presidente y a sus colaboradores para desviar el foco de atención sobre los mismos respecto al escándalo “Cerimedo-Beller” que toca incluso al entorno familiar del primer mandatario; una suerte de “spin control” que, evidentemente, atenuó momentáneamente tal acontecimiento. Incluso diría que cuando brotaba nuevamente, EEUU doblaba la apuesta lanzando la segunda parte.

Ahora que, profusión de audios mediante, el caso compite por los titulares, ¿triplicará USA la apuesta con una tercera parte? ¿qué nombres aparecerían esta vez?

Me he preguntado sobre que si no estallaba el caso “C-B”, El Departamento de Estado hubiese publicado la lista o se la hubiera guardado para un momento más “oportuno”.

El asunto es que, de manera paralela, aunque sincronizada, los dos relatos están en curso, aunque el gobierno se ha mostrado más diligente en responder al mensaje de la lista encerrando a una parte de los señalados, que en aclarar las implicaciones que el “Efecto Cerimedo” ha ocasionado en la estructura gubernamental.

Y, de paso, en lo que me toca -no piense mal, hablo de mi labor de columnista- ha resuelto la caracterización que del año hago al final de la gestión: 2026: “El año de las listas”.

La f(r)actura ambiental

 

                                           Foto: APG

La idea de progreso instaló en la sociedad -Estado: sociedad política, jurídicamente y económicamente organizada- la práctica del crecimiento a cualquier precio. Dos siglos después de la primera revolución industrial y décadas sucesivas de las posteriores, los resultados son palpables en términos de depredación del medioambiente.

Junto a políticas mitigadoras del impacto ambiental, el propio concepto de progreso, en el sentido aludido, ha sido puesto en cuestión. Hace mucho tiempo que lo retiré de mi léxico y opté por el más amable, “desarrollo”. Hoy hablamos en términos de desarrollo sostenible que no niega no condena el crecimiento, pero que lo condiciona a la generación del menor impacto ambiental posible, en el entendido de que, en mayor o menor grado, prácticamente toda actividad de índole económico lo produce. Suelo ejemplificarlo con una postal local: “hasta la casera que prepara anticuchos en la esquina aporta con su mínima cuota de impacto ambiental”.

Pero cuando pensamos en actividades en las que sus operadores lo hacen deliberadamente -generar alto impacto ambiental-, generalmente de forma ilegal o coludidos con autoridades a cargo de la aplicación de normas ambientales, que las hay y buenas, salvo las “leyes incendiarias”, estamos ante un cuadro de horror que compromete la subsistencia misma de zonas verdes, especies forestales y animales y, finalmente, de la propia vida de los seres humanos.

Por eso, sin ser un fanático medioambientalista, algunos hechos de reciente data me han dejado un muy mal sabor de boca, de esa boca de la que se llenan los discursos “for export” mientras en casa se hace la vista gorda de la depredación sin escrúpulos.

Así pues, nos lastima la situación que atraviesa Coroico por la creciente contaminación de sus aguas, que amenaza con afectar su vegetación, su fauna y, sensiblemente, la salud de sus habitantes. La causa de tal ingrato fenómeno no es otra, y usted la conoce, que la despiadada minería del oro poniendo en riesgo a 120 comunidades del municipio. La concesión a decenas de cooperativas de cuadrículas para la explotación del codiciado y altamente cotizado mineral, lo que supone la extensión de licencias ambientales, cuenta con la “bendición” de la AJAM, es decir está reconocida como actividad legal. ¿Están coludidas autoridades del sector con las tristemente célebres cooperativas mineras?

Mejor paradas, ateniéndonos a fuentes oficiales, quedaron las autoridades que, a denuncia de la senadora Urresti, intervinieron, además de colectar materiales de trabajo, una zona de Puerto Rico -Pando- y corroboraron acciones de actividad minera ilegal.

Hasta acá, una de cal y una de arena, se diría. Pero lo más desconcertante en este repaso es el permiso otorgado, nada menos que por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, Sernap, ¿adivina a quiénes?, ¡a cooperativas mineras!, previa autorización de la AJAM, “para dar cumplimiento a los compromisos asumidos” (obviamente durante los bloqueos de mayo-junio, para que estas “se bajen” de los mismos), de explotación extractivista en, precisamente, áreas (des)protegidas.

La diputada Cecilia Requena, activista medioambiental reconocida, no ocultó su desazón al expresar que “el gobierno de Rodrigo Paz debería abochornarse de estar peor que el régimen del MAS en términos de medio ambiente” y no le falta razón.

De seguir así, la f(r)actura la pagarán, así como nosotros estamos pagándola por las propias malas acciones de nuestros antecesores y de algunos contemporáneos nuestros, las siguientes generaciones. ¡Estoy indignado!

Octubres

 

Si hay un mes sobrecargado de simbolismo en nuestro medio, es justamente el que empieza hoy: octubre. Y si bien el ejercicio que haré podría aplicarse con similar resultado a cualquier otro, éste genera emociones encontradas respecto al pasado y temores cada vez que se aproxima. Ya en tiempo presente, el actual no es la excepción, pero, como veremos, no tendría necesariamente que augurar acontecimientos sociales catastróficos; varios hechos más bien esperanzadores sucedieron durante el décimo mes del año.

No es mi propósito enumerar una serie de acontecimientos en orden cronológico, en cambio, sí, de alguna manera, contrastarlos. Curiosamente, el primero de ellos nos remite al día uno.

¿Qué ocurrió el 1 de octubre de 2018? Se emitió el fallo de la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, por el cual se zanjó el caso de la demanda que Bolivia interpuso en relación a un acceso soberano hacia el Pacífico. La CIJ, a tiempo de rechazarla, sentenció que “Chile no tiene la obligación legal de negociar con Bolivia un acceso soberano”. A mi entender, y no es falta de patriotismo ni cosa por el estilo, es simple realismo; tal fallo cierra definitivamente nuestra aspiración marítima con soberanía plena, aunque otro tipo de acceso, amén de iniciativas compensatorias de carácter económico -tipo ACE 22-, son perfectamente posibles.

Curiosamente fue en octubre (el 20 de 1904) la suscripción del “Tratado de Paz y Amistad” entre Bolivia y Chile. El practicismo de Ismael Montes se impuso al reivindicacionismo de otros políticos de su tiempo. Recientes acontecimientos, sobre todo aduaneros y portuarios, se constituyen en violaciones a dicho tratado. La próxima visita del presidente Kast debe servir para limar asperezas y comenzar a encarar un futuro de mutua cooperación teniendo en cuenta la deuda histórica. Opciones como la que está circulando respecto a Mejillones son buenas señales en tal sentido.

La mala fama del mes que empieza hoy viene el infame “octubre negro” de 2003, aquel prolongado sitio al que fueron algunas poblaciones que culminó con la renuncia y posterior escape del expresidente Sánchez de Lozada. El pretexto fue “el gas”, que ya se anunciaba como una fuente de grandes ingresos para el país. La consigna “los chilenos están en El Alto para robar nuestro gas” encendió los ánimos de los pobladores de dicha ciudad y se desencadenó una violenta represión (que es lo que se buscaba provocar). A estas alturas, el hecho es percibido como un golpe que, en diferido, 2005, y por la vía democrática en principio, entronizó en el poder por largos 14 años, a Evo Morales.

En contraparte, luego del fraude perpetrado por éste en las elecciones de otro octubre, el 20 de 2019, comenzó la gran manifestación democrática que concluyó con la renuncia del fraudulento y su posterior huida, ya en noviembre.

Sin embargo, el octubre que más me conmueve, en el sentido positivo, es el de 1982. Aquel 10 en el que Bolivia, luego de dos tropiezos en el proceso de la instalación democrática, finalmente consiguió conquistarla de manera duradera, aunque aquel primer gobierno no supo lidiar con la crisis económica y puso en riego a la propia democracia -aunque entre 2006 y 2019 permaneció “suspendida”-.

Menciones “extra”: 2, natalicio de Paz Estenssoro -lo recuerdo porque en la misma fecha cumple años una de mis antiguas novias-. 20, 1548, fundación de La Paz, en Laja. 12, lo que en mi niñez se conocía como “Día de la Raza” (Descubrimiento de América, 1492, feriado incluido si mal no recuerdo), luego denominado “Encuentro de dos mundos” y actualmente se denomina “Día Nacional de la Descolonización”; vaya uno a saber que nombre llevará más adelante.

Volver a los partidos

 

Siempre he sostenido que la forma “partido(s)” es consustancial a la idea de democracia. Y, con algo de optimismo, que no ingenuidad, fui de los que tenían la esperanza de que los problemas del sistema de partidos debían ser solucionados desde el interior del mismo. La propia inercia de sus componentes, así como la aparición de corrientes “antipartidos” -lideradas, curiosamente, por exdirigentes de los propios partidos- fueron dando lugar a remedos de tales, expresiones residuales, sustitutos corporativos y siglas en alquiler.

Que los partidos “tradicionales” cometieron pecados de gran envergadura -fueron permisivos con la corrupción, degradaron la democracia interna, connivencia con dictaduras, institucionalizaron el cuoteo, etc.- por supuesto que sí; pero que, llegado el momento, se la jugaron (la vida de sus militantes, inclusive) por la instauración de la democracia, no tiene discusión.

Los primeros embates interpelativos señalaban a la “partidocracia” (supuesto monopolio de los partidos respecto a la representación ciudadana). Desde mi óptica, se trata de una falacia: hablar de “monopolio” está relacionado con aquello que se conoce como “partido único”, propio de las dictaduras, sobre todo de las de tinte comunista. Dicho denominativo, aceptado acríticamente, contradice la naturaleza misma de la esencia del significante “partido”, es decir la partícula, no la totalidad (totalitarismo). Y, como en la química, varias partículas interactúan dentro de un sistema, democrático para el caso. Por el contrario, en Bolivia llegó a darse una ultrafragmentación -más de treinta en las elecciones de finales de los 70-.

Así surgieron las agrupaciones ciudadanas, con habilitación en elecciones subnacionales y con la posibilidad de establecer acuerdo con los partidos en las generales. Y, en la misma modalidad, los pueblos indígenas inscritos como tales en el Órgano Electoral.

Una gran aberración que persiste es el accionar de los llamados “movimientos sociales” que, negando la naturaleza de su ser, suplantaron a los partidos. Los movimientos sociales son grupos de interés que representan a gremios en sus demandas particulares. Cuando devienen en actores político-electorales dejan de ser aquellos y entran al campo de los partidos: el de la búsqueda o la conservación del poder. Juan Lechín la tenía clara: no utilizó a la COB para fines electorales; para ello creó un partido, el PRIN. En el primer caso tenía un respaldo absoluto de los trabajadores; en el segundo, obtenía votaciones discretas. Mis respetos.

Si bien he mencionado varias veces el término “partido(s)” -no encuentro un sinónimo exacto; me pasa lo mismo con “música”- los que tenemos actualmente, unos más, unos menos, no llegan a cumplir las principales características de su función de representación: la intermediación entre la sociedad civil (grupos de interés incluidos) y el Estado, y la agregación de demandas, además de no presentar, en su desempeño interno, comportamientos orgánicos y democráticos. Son, como acertadamente se los ha caracterizado, “maquinarias electorales” que se activan para cada periodo proselitista. Y siguen mostrando una tendencia a la volatilidad. Si alguno(s) de su(s) miembro(s) no está de acuerdo con lo que, democráticamente o no, decide el resto, simplemente se margina y prueba a fundar otro. Es inevitable que dentro de un partido coexistan varias corrientes -disidencias, inclusive- como también es deseable que, una vez decidida una línea de acción por mayoría, los militantes la sostengan donde corresponda -Legislativo, Ejecutivo, elecciones, debates…-

La recualificación de la democracia implica una revalorización de la forma “partido”. Esto es proceso que toma tiempo y no creo que para 2030 pueda alcanzarse algo así, pero, por ejemplo, las reformas a la ley electoral que plantea el TSE pueden contribuir en algo a este propósito.

Si me permiten definir la democracia interna partidaria la puedo expresar como “La decisiones se toman de forma horizontal; pero, una vez tomadas, se cumplen de forma vertical”.

CPE: Candado Político del Estado

 

“Ha durado o existido o ha sobrevivido a gobiernos liberales y conservadores, a gobiernos de izquierda y de derecha, militares y civiles, neoliberales y populistas; esto abona, en alguna medida, en favor del texto constitucional actual”.

En estos términos, transcritos de la serie “Bolivia, siglo XX” (Capítulo “La Constitución”) de PAT, se refería el expresidente Luis Adolfo Siles Salinas a la Constitución Política del Estado que entró en vigencia en 1967. Recordemos que Siles Salinas asumió la presidencia luego de la muerte de René Barrientos; pero durante el proceso de elaboración de dicha CPE se desempeñó como presidente del Congreso Constituyente, en su condición de vicepresidente, y en tanto presidente nato del Congreso de entonces. Como dato colateral señalo que el Legislativo actuaba como Congreso Constituyente durante la mañana y lo hacía de manera ordinaria durante la tarde.

Se puede relativizar su afirmación mencionando, por ejemplo, que durante los regímenes militares la constitución fue puesta a un lado y se recurría a un dispositivo espurio llamado “decreto-ley” para ejercer el gobierno. Pero una abrogación propiamente dicha no hubo.

En el marco democrático, siguiendo sus propios pasos para tal efecto, se le introdujeron reformas en 1994 (mayoría de edad -voto- a los 18, creación del Tribunal Constitucional, del Defensor del Pueblo, del Consejo de la Judicatura, reconocimiento del carácter pluricultural y multilingüe de Bolivia, etc.) y en 2004 (Institución del referéndum, de la iniciativa legislativa ciudadana, etc.).

También podemos, de manera colateral, mencionar que la reforma de 1961 constitucionalizó las medidas que el régimen de la Revolución Nacional había implementado mediante decretos; vale decir que tales medidas, el voto universal, por ejemplo, fueron adoptadas de manera extraconstitucional, previamente y, años después, incorporadas a la CPE.

Otro tanto podría decirse del DS 21060, que recientemente cumplió 40 años que, si bien no fue incorporado ni como ley y menos como artículo de la Constitución, se “saltó” el procedimiento. En su favor podría argumentarse que la situación era tan álgida, que casi nadie cuestionó su vigencia.

Comoquiera que fuese, dichas “excepciones” no aguantarían un control de constitucionalidad en nuestros días; menos aún con la CPE vigente. Si la del 67 era rígida, la de 2009 es “ultra rígida” -para empezar, una reforma total requiere Asamblea Constituyente y referéndum constitucional; una parcial, mayoría calificada y referéndum”.

Vale decir que las reformas parciales -necesarias y urgentes a la vez- requieren de no menos de seis meses para su puesta en marcha -en el caso de que sean aprobadas por el soberano en un referéndum-.

Tan rígida es la ya anciana constitución de 2009 -envejeció abruptamente hace 10 años- que ni su propio promotor pudo cambiarla para adecuarla a sus intereses. Intentó otras vías (incluido el fraude) y así le fue.

Ahora bien, además del candado descrito, el Gobierno se enfrenta a un dilema en su propósito de avanzar en las reformas que ya tendrían que estar en la consideración congresal: el estado de excepción. Según misma CPE, un proceso de reforma no corre en tal situación y si se decide ampliar la excepcionalidad también se alarga el tiempo de iniciación del proceso.

¿Qué decisión tomará el régimen? Por lo pronto, las principales fuerzas con representación parlamentaria han manifestado su predisposición a un entendimiento dada la urgencia de las reformas.

Conciliar la necesidad con las prescripciones constitucionales vigentes es el gran reto para destrabar el candado es el gran desafío para Bolivia.

No cuadra, Presidente

 

Tenía pensado el contenido de esta columna con anterioridad al escándalo “Beller-Cerimedo” suscitado recientemente. Si independientemente de éste ya tenía motivos para referirme al curso que ha tomado el devenir gubernamental, con su irrupción en escena, es imposible soslayarlo, máxime si se suma a otros hechos observables en las proximidades de cumplirse un año de la gestión del presidente Rodrigo Paz Pereira.

Comenzaré, incidentalmente, refiriéndome al hecho que, en mi criterio, derivó de un asunto de faldas a una mezcla de intento de crimen pasional con interés político.

Es un secreto a voces que día a día numerosos triángulos amorosos estén lidiando sus entuertos entre bambalinas, aunque algunos sujetos cercanos a alguno de los involucrados conozcan detalles escabrosos de tales relaciones. Mientras no pasen a mayores -amenazas, violencia explícita o, como en el caso en cuestión, hechos de sangre- estos sucesos permanecen en la esfera de lo privado, no pasan del entorno más próximo a sus protagonistas.

Mientras mantuvieron en relativa reserva su relación -en el sentido de que no la exponían públicamente- no fue un tema de atención mediática. Al ser sus actores parte de la farándula política -la única farándula real en Bolivia- ciertos detalles de sus cuitas amorosas hubiesen trascendido antes de que ocurriese la acometida penal que nos ocupa. Porque ambos sujetos de este intríngulis son, evidentemente, figuras al menos “controversiales” de la política en general y de la local, más la dama que el caballero, en particular.

Mi punto es que, más allá de las dudas razonables que rondan la escena del “tiroteo”, si la víctima conocía, sin ser partícipe, los hechos que originan las graves acusaciones que ha vertido señalando a varios jerarcas, incluyendo sus parentelas, ¿por qué no los reveló en su momento? Al hacerlo como consecuencia de su actual situación se autoincrimina como encubridora. Y si fue partícipe, como cómplice. Para exponerse de esta manera podría considerarse que mucho de lo que asevera tiene base real. Pero también hay elementos que no cuadran en sus actos.

Y lo suyo, señor Presidente, no cuadra -este debería haber sido el comienzo de la columna de no haber sucedido el “Bellergate”, una raya más al tigre, se diría-

Es cierto que acontecimientos extrínsecos no tendrían porqué ser cargados a la responsabilidad de un mandatario: a pocos días de la asunción del flamante presidente de Colombia, sobrevino un terremoto de colosales dimensiones. Solo a una mente enfermiza podría ocurrírsele que tal fenómeno sísmico fuera causado por una decisión del Ejecutivo. Pero lo que sigue a la desgracia natural es la gestión de la reconstrucción y si esta no tiene efectividad o, peor aún, es aprovechada para, por ejemplo, desviar recursos destinados a paliar el siniestro, el Gobierno será, indefectiblemente, señalado como responsable del terremoto, en sentido ampliado. Eso ha sucedido con casos como el de la gasolina desestabilizada, el del desabastecimiento de carburantes, el de las maletas, el del oro con destino a Dubai que casi burla los controles, o inclusive el del avión siniestrado y los billetes serie “B” etc. Probablemente no hayan sido cometidos por personal gubernamental, pero las erráticas cuanto contradictorias “explicaciones” sobre los mismos generan la sensación de, al menos, nexos con sus autores conocidos, la mayor parte en libertad o tramitándola (acá entra el tema de la justicia que da para otra columna más, aparte de las que yo mismo he escrito y las cientas que otros colegas han publicado).

Pero también están los acontecimientos intrínsecos: hechos de corrupción originados dentro de la administración estatal, incluidas las empresas públicas, las designaciones cuestionables, el inexistente cuerpo diplomático, el ninguneo a los partidos -que genera susceptibilidad por lo que podría entenderse como transfugios-, las inconsistencias en el discurso (caso comandante de la Policía y ministro de Gobierno sobre la (no)aprehensión de Morales Ayma), las muestras de autocomplacencia, cuando no llunkerío puro (“Condor de las Andes”, declaratorias de linajes). No cuadra, Presidente.

Los mantras (frases repetidas ad infinitum), “Bolivia, Bolivia, Bolivia”, “Bolivia al mundo; el mundo a Bolivia”, “Estado tranca”, etc. funcionan en tiempos electorales. En el ejercicio de la gestión lo que cuenta son los actos. Y lo que se ve, se anota.

Bolivia, en mi corazón

 

Por designio del destino, la publicación de estas líneas coincide con los fastos por el aniversario de la creación de nuestra república.

El bicentenario se celebró con austeridad, debido a las paupérrimas condiciones económicas en que quedó el país luego de dos décadas de gobiernos del MAS, además de que nos encontrábamos sumidos en las campañas electorales que, lejos de unificar, invitan a tomar partido por una u otra opción; y, por si fuera poco, el solapamiento del “Estado plurinacional” sobre la forma republicana, que es, al fin y al cabo, la que se conmemora, atentaron contra una gran oportunidad para, al menos por unos días, Bolivia se convirtiese en el centro de las miradas del orbe.

En términos de simbolismo, no es lo mismo cumplir 200 que 201 como, en términos personales, no es lo mismo cumplir 50 que 53. El primer año post-bicentenario es el inicio del camino hacia los 250 -hace un mes los estaba festejando Estado Unidos-.

Si algo hay que agradecerle al bicentenario es que marcó la proscripción, por decisión popular, del MAS en todas sus expresiones, abriendo las puertas hacia un renovado sentimiento de esperanza.

Sin embargo, la nefasta herencia que dejó en el Estado el masismo, sumada a los desaciertos cometidos por el nuevo régimen en estos meses, configuran lo que sostuve hace un tiempo: que lo viejo no termina de irse y lo nuevo no acaba de instalarse. Lo delicado de esto es que con el tirano Morales Ayma moviéndose a sus anchas en su reducto chapareño -desafiando, inclusive, a que el Presidente, “si es machito”, se dé una vuelta por sus dominios cocaleros- cada tropiezo del gobierno abona al discurso regresivo de los restos del antiguo régimen que, eventualmente, podrían converger para reponer, por la vía que fuera, el narcoestado. Está claro que, durante los años del MAS, los cárteles -que el evismo llamaba “emisarios”- actuaban con total libertad. Tras la detención y posterior extradición de Marset, quien, a mi juicio, actuaba como el “garante” de la pax entre las bandas criminales, éstas se han desbocado y su guerra por el control territorial está causando una seguidilla de asesinatos cometidos por sicarios de uno y otro bando.

Esa “gran nación” de la que nos habla la cueca, ese “amor desenfrenado de libertad” que proclamaba Bolívar, siguen portando, en su sencilla definición, un profundo arraigo ciudadano. Pero el lirismo sin un correlato que dé certidumbre sobre el porvenir, queda solo en eso.

Es posible que, al tiempo que usted esté leyendo este texto, el Presidente ya hubiese concluido la lectura de su discurso que si bien, no es de gestión como lo era antes hasta que se alteró la secuencia electoral -elecciones en el primer domingo de julio y posesión el 6 de agosto- será valorado, en el sentido que se quiera, por sus contenidos más que por las formas. El análisis se encargará de validarlo o de observarlo.

En lo que a nosotros toca, seguiremos contribuyendo, desde el llano, a proyectar a Bolivia, en diversos ámbitos, a la construcción de su anhelado bienestar democrático y económico, a la promoción de su diversidad cultural y a su sostenibilidad.

Por mejores días… ¡Felicidades, Bolivia!