"No me voy a presentar"

 

“Cumplir y hacer cumplir las leyes” es parte del juramento que una alta autoridad escucha de parte de quien se lo toma al asumir el cargo –dignidad, se suele decir; de ahí lo de “dignatario de Estado”- que va a ejercer. El remate del juramento reza “…de lo contrario os lo demanden”, cosa que se suele olvidar en el camino, cuando la dignidad está por los suelos. “Sí, juro”, es la respuesta mecánica con la que concluye.

Sucede, más a menudo de lo que la ciudadanía supondría que, más allá de lo protocolar, tales términos no se corresponden con la gestión desempeñada por tal o cual autoridad, sobre todo por las de mayor rango: ni cumplen la ley, ni la hacen cumplir y no hay quien se los demande, es decir que les exijan hacerlo, bajo conminatoria en casos de contumacia.

Cuando la primera autoridad de un Estado acumula demasiado poder puede eludir tal compromiso haciéndose otorgar poderes extraordinarios cada vez más totalitaristas que inclusive pueden derivar en tiranía. También, evitando mayor trámite, puede optar por el cinismo y, al conjuro de “yo le meto nomás” hacer los que le viene en gana sin, en principio, responder por ello. Cuando ocurre esto último es porque el sujeto no asume que el poder es efímero y que algún día, luego de cometer un sinfín de fechorías mientras el poder lo inviste, la justicia obrará en consecuencia.

Una de las razones para intentar reelegirse indefinidamente, es que para cuando ese momento llegue, el tirano esté descansando seis metros bajo tierra. Al señor Evo Morales Ayma le falló tal estratagema y, una vez desbaratado su siniestro plan, tuvo que huir cobardemente. Tal parece que, finalmente, a dicho sujeto y a sus secuaces les ha llegado la hora de rendir cuentas en varios frentes.

Uno de ellos es de la reparación económica e inmaterial por los hechos acaecidos en el hotel “Las Américas” hace 15 años en los cuales la CIDH identificó ejecuciones extrajudiciales, tortura y otras acciones contrarias a los Derechos Humanos –a la ley, en buen romance-.

Resulta un tanto grotesco que ahora, en calidad de simple mortal, el expresidente exprese que no se va a presentar a una eventual citación judicial para defenderse de los cargos que pesan en su contra y de otros ex “dignatarios” involucrados en tales acontecimientos. En su fuero interno, Morales Ayma sabe que la tiene difícil puesto que consta su confesión ante Hugo Chávez en sentido de que dio la instrucción para ejecutar tal operativo –A confesión de parte, relevo de prueba-. Tampoco parece haber medido consecuencias al endosar a su examigo Álvaro García Linera la comisión de las violaciones cometida entonces por el hecho que él se encontraba fuera del país y su compinche estaba en ejercicio de la presidencia. Al hacerlo, está admitiendo que hubo tales extremos. Se está, de alguna manera, autoincriminando.

El personaje también muestra que piensa que sigue como mandamás incontestable y que puede eludir la ley a su antojo. También asegura que (esta vez) no va a escapar. ¿Alguien le cree?

Si yo fuera Sonia, pondría vigilancia 24/7 en las inmediaciones de la embajada de México para evitar un “Glas”. Y estoy seguro de que, si el cocalero logra ingresar al recinto diplomático, el gobierno, respetuoso del derecho internacional, no ingresará por la fuerza a la legación para llevárselo a Chonchocoro.

En fin, que esto comienza a ponerse bueno.

El Inge

La última semana ha estado profusa en declaraciones desaforadas provenientes de las huestes del régimen –en sus dos alas visibles- en torno a un hipotético escenario a futuro en relación a la situación del señor Morales Ayma. El propio sujeto ha asegurado que si no es habilitado como candidato a la presidencia se desatará una convulsión social en nuestro país. Más explícitos –o más torpes, si se quiere- han sido dos de sus seguidores quienes, a su turno, amenazaron con que si el cocalero no es habilitado “correrá sangre” y, que tal personaje será candidato “por las buenas o por las malas”. Por el lado “arcista”, el alcalde de Sucre ha advertido que “Bolivia puede arder” si aquel individuo es habilitado.

¿Qué sensación le producen dichas afirmaciones a usted? ¿las entiende como retóricas? ¿le causan ansiedad? ¿las toma a la ligera? ¿las considera como una incitación a la violencia?...

Hago esta introducción con motivo de la imputación penal que un parlamentario “evista” le inició al ingeniero (El Inge) Édgar Villegas, rápidamente secundada por el ala “arcista” –parecería que el régimen “Lima” asperezas cuando se trata de perseguir a ciudadanos que no comulgan con su línea-, y vuelvo a preguntarle, ¿alguna vez, en 2019 o años después, escuchó de boca del Inge expresiones siquiera parecidas a las mencionadas en principio?

Lo hago –preguntar eso- porque el cargo que pesa sobre Villegas no podía ser más risible: “instigación pública a delinquir”. Compare los términos empleados por los masistas antes citados y los términos (técnicos) que empleó el Inge cuando evidenció el fraude electoral que entonces (2019) fraguó el régimen cuando aún no se había resquebrajado.

Lo que mi memoria trae al presente es que dicho profesional, a más de detallar los datos informáticos –con cierto pánico escénico, probablemente porque no estaba acostumbrado a los medios, ni los buscó- no mencionó, ni por error, otro criterio que no fuera, precisamente, el técnico.

Es decir, que la acusación se cae por su propio peso; tanto así que, acogida en primera instancia, la misma fue matizada por la Fiscalía y por otras instancias judiciales. En sí misma es insostenible.

Tengo la impresión, más bien, de que la contundente reacción de la opinión pública ante semejante atropello, persuadió al oficialismo para no abrirse otro frente en el campo de los derechos humanos… ya es demasiado con desoir las recomendaciones del GEIAE y de la CIDH como para seguir violándolos.

Detrás de este nuevo intento de amedrentar a la ciudadanía para que no vuelva a denunciar los abusos de los poderosos de turno, está la herida causada al régimen por el descubrimiento del fraude perpetrado en aquella oportunidad y por las consecuencias del mismo curiosamente, se puede considerar a Arce Catacora, como el beneficiario más directo de la denuncia del Inge.

Para mayor desazón del régimen en su (des)propósito de cambiar la historia está el hecho de que coincidentemente con la arremetida contra Villegas, el “consultor” de la Universidad de Salamanca contratado por el gobierno de Arce que evacuó un “informe” que negaba el fraude, había sido, él mismo, un fraudulento compulsivo. Así es que, como lo dijimos en su momento, tal documento, hecho “a la carta”, carece de valor científico –carece de seriedad, realmente-.

Luego de cuatro años de “anonimato”, estos días vimos a un Inge más “canchero” en su desenvolvimiento ante los medios y muy firme en su defensa de la democracia, carajazo incluido.