Del Estado plurinacional al Estado telepolicial

 

Allá por finales de los años 80 y durante la siguiente década del siglo XX buena parte de la ciudadanía abrazó un placer culposo: a la manera de los voyeurs, sintonizar el programa “El Telepolicial”, sagradamente todas las noches. El estilo de su conductor y creador, Cacho Ordóñez, era parte de ese imán que convocaba a fisgar dicho espacio; aunque nadie admitía abiertamente seguir tales transmisiones, muchas conversaciones derivaban en asuntos que sólo se abordaban en ellas. Era obvio que la fuente era El Telepolicial.

Y lo era, porque el resto de la información televisiva se centraba en las noticias sobre economía, sociedad y política, además de fútbol. Los “hechos de sangre” no tenían cabida en los noticieros convencionales. El Telepolicial encontró su lugar en un horario semiclandestino y no ahorraba imágenes crudas para dar cuenta de la actividad criminal local, morbo incluido. Tal era el “encanto” del programa. Lo poco que conocemos del mundo del hampa –las “especialidades”, por ejemplo-, del léxico forense –decúbito dorsal- y de los procedimientos investigativos –por entonces a cargo de la PTJ- lo aprendimos ahí.

Con los años –tengo entendido que el programa aún sigue vigente- los espacios informativos habituales fueron incorporando, tímidamente primero, desenfadadamente luego, contenidos de crónica roja–“el muerto vende”, me dijo un periodista, cuyo nombre no quiero decir, que dirigía un periódico de ese jaez-. Grosso modo, puedo aventurar que, en conjunto, temas de seguridad, crimen, violaciones y narcotráfico ocupan más del 60% de aquellos. De alguna manera, la noticia televisiva se “telepolicializó”.

Cuando hablábamos de hechos de sangre, teníamos clara la distinción de que éstos ocurrían exclusivamente en el ámbito de lo privado, claramente separados de la corrupción que era de exclusividad del ámbito de lo público (político, gubernamental, estatal).

Con la irrupción del MAS, ambos mundos confluyeron. El caso Catler Uniservice / YPFB dejó un muerto, asesinado por sicarios contratados para tal efecto. Hasta entonces, no se conocía que escándalos de corrupción derivaran en crímenes de tal naturaleza. A partir del mismo ya no fue posible distinguir unos de otros, porque éste no fue el único. Hemos pasado del pretendido Estado plurinacional al Estado telepolicial, con forajidos operando desde las entrañas del poder.

Mucho me temo que el más reciente hecho de corrupción/crimen privado-estatal, no sea el último: ya hay una suerte de modus operandi que incluye a la muerte como manera de “solución” de escándalos incómodos al poder. Es el estilo del régimen masista, sin solución de continuidad Morales-Arce, para “salir adelante”, incluso sacrificando a sus propios “hermanos”, tal como ocurrió con el exviceministro de Régimen Interior –cargo que actualmente ostenta un siniestro policía-, Rodolfo Illanes, a quien el Gobierno de Morales Ayma envió absolutamente desguarnecido a negociar con cooperativista mineros aliados del régimen quienes lo torturaron y asesinaron sin compasión. A la fecha, no hay noticias de los responsables del macabro hecho como tampoco de alguien que haya asumido la responsabilidad política del mismo.

En el caso conocido como “Coimas en la ABC”, la justicia sobreseyó a los imputados, sin tocar al máximo ejecutivo de la entidad y, en el camino, haberse producido el suicidio del testigo protegido y hace no mucho, uno de los abogados del Gobernador de Santa Cruz, preso político, corrió con la misma suerte, o la misma muerte, si se prefiere.

Esta historia continuará. Lo actores están “arriba”, como dijo el finado exinterventor de Fassil.

Mamando de las Ubres del Estado

 

Abundante tinta ha corrido sobre la voraz mancha de corrupción que continúa carcomiendo al régimen masista desde que se instaló en el poder en 2006. Sumo mi pluma indignada ante el ensanchamiento del prontuario azul partiendo del caso más reciente, el del exministro de Medioambiente y Aguas y la descomunal cantidad –estimada en aproximadamente 20 millones de Bolivianos- en coimas que acumuló a su paso por dicha cartera –podría decirse que, literalmente, la usó como tal-.

Este (in)dignatario actuó con un perfil tan bajo que de no haber saltado el escándalo ni me habría enterado de su nombre (y eso que me las doy de relativamente bien informado). Lo primero que me llama la atención, independientemente del caso, es que tal persona ni siquiera califica para el cargo que llegó a ostentar y me lleva a deducir que su nombramiento respondió a cuotas de poder que se reparten entre las “organizaciones sociales” que medran del poder. Un ámbito tan sensible como el medioambiental requiere para su dirección de personal altamente calificado en lo técnico y en lo administrativo –este criterio también se aplica a todo el aparato público, aunque vemos todo lo contrario-. Por tanto, el único propósito que tiene este tipo de “autoridades” es el de hacer fortuna a su paso por el Estado. Esa es, lamentablemente, la forma más expedita de movilidad social en nuestro país y, para peor, en nombre de los “indígena-originario-campesinos”. El primer acto de corrupción que comete alguien es el de asumir un cargo para el que no posee el perfil ni la capacidad para ejercerlo. Sintomáticamente, a tiempo de posesionar al reemplazante del ahora convicto, el Presidente ha destacado que el nuevo Ministro “proviene como aporte de organizaciones sociales de El Alto” en lugar de relievar sus logros profesionales y la pertinencia de su perfil en relación al medioambiente. Mal comienzo.

A ello debe sumarse un rosario de actos non sanctos, aunque sus protagonistas apelliden o se llamen Santos, cometidos por los gobiernos de Morales Ayma y Arce Catacora. De ahí que llame la atención el hecho de que el primero critique la corrupción en la gestión del segundo, cuando, para mencionar sólo el más colosal, el caso FONDIOC, ocurrió durante la del cocalero. Y así, con un sinfín de tropelías. Y sin embargo “el pueblo” sigue votando por estos crápulas. La explicación, parafraseando una conocida cita, puede deberse a que “serán corruptos, pero son ‘nuestros’ corruptos”. En fin.

Aún sin haberse esclarecido, están latentes los casos de ABC -¿Qué se sabe del suicidio del testigo protegido?- y el de YPFB, ambos resultantes, en su difusión, por connotados miembros de facciones opuestas del propio régimen.

En ese orden de cosas, resulta, pues, vomitivo escuchar a Morales Ayma cuando quiere desligarse del signo de corrupción que corona su testa. Sin ir más lejos, además del mencionado caso FONDIOC, hay varios hechos provenientes de su gobierno que esperan el día en el que, finalmente, puedan ser esclarecidos. Entre ellos, el de la UPRE (una de las ubres del Estado) en el rubro de construcción de escuelas, otro robo en el que se operó con el mecanismo de las adjudicaciones directas por un monto mayor a 100 millones de Bolivianos.

En materia de corrupción, los gobiernos de Morales Ayma y de Arce Catacora son las dos caras de la misma moneda y, aunque el caso FONDIOC supera en varios ceros a cualquiera de los otros, en términos garcialinerianos, podríamos declarar un “empate técnico”. ¿Van a seguir mamando del Estado? ¿Van a seguir mamándonos?

De "Universario"

 

Con algo de asombro, que no lo tuve mientras sucedían los acontecimientos, recuerdo cómo aquellos aciagos días de pandemia, la institución educativa en la que ejerzo la docencia continuó cumpliendo sus labores académicas sin haberlas suspendido siquiera un día. Ciertamente, lo hizo recurriendo a lo que ahora es una modalidad estándar en cualquier centro de estudios; pero que,  por entonces, pocos estaban listos para ponerla en práctica. La calamidad los encontró “en curva” y, en casos extremos, las actividades lectivas se suspendieron hasta por un año.

La crisis política de 2019 -veintiún días- supuso también una interrupción de las actividades cotidianas, pero, recurriendo a plataformas públicas gratuitas, aunque muy limitadas, se sorteó el momento hasta que, resuelta tal cuestión, se retomó el tramo final de clases de la manera corriente. Fue, de todas maneras, una especie de preparación para lo que vendría –sin saber qué es lo vendría-.

¿Cómo hizo, entonces, esta casa de estudios superiores para proseguir sus labores de enseñanza-aprendizaje sin mayor contratiempo? Para empezar, debo precisar que es el caso que conozco –puede haber algunos similares, pero no tengo conocimiento de los mismos- y es que, simplemente (se dice fácil) tuvo que acelerar un proceso de transformación tecnológica que, independientemente de las contingencias, venía desarrollando desde hace un año antes. En principio de manera exclusivamente virtual y ahora de forma híbrida, la posesión de una plataforma de pago, junto a una intensiva capacitación al plantel docente para el manejo de la misma garantizaron la continuidad ininterrumpida, valga la redundancia, de la labor educativa.

Hablo de la misma entidad privada que hace más de cinco años comenzó a implementar un modelo que dejaba atrás al de la educación “tradicional”. El salto hacia adelante supuso incorporar metodologías activas, hoy llamadas “opciones metodológicas” que invitan al estudiante y al docente-mentor a construir, juntos, el aprendizaje significativo y que, recientemente, está experimentando con desafiantes prototipos académicos.

La primera ola de universidades privadas en Bolivia –excluyendo a la UCB, fundada en 1966- se dio de finales de los ochenta hasta mediados de los noventa-. Si bien son organizaciones de carácter empresarial, por su naturaleza no son un negocio convencional; el Estado las regula y, hasta cierto punto, controla, a través del ministerio de Educación –viceministerio de Educación Superior, específicamente- y debe pasar un tiempo hasta que las certifica como “Universidad Plena”. Para ello, deben cumplir una serie de requisitos de carácter académico, administrativo y técnico. Aquellas que no obtuvieron tal acreditación cesaron sus actividades. Las que sí lo hicieron, gestionan acreditaciones internacionales que las proyectan y acrecientan su sostenibilidad en un ámbito altamente competitivo.

El alma mater de varias generaciones de profesionales al que me refiero es UNIFRANZ, fundada el 4 de mayo de 1993, durante el periodo de gobierno de Jaime Paz Zamora, misma que acaba de cumplir 30 años al servicio de la educación superior en Bolivia. De esas tres décadas, la última ha supuesto un crecimiento exponencial en todos los órdenes vinculados a una organización de esta naturaleza lo que, por supuesto, se celebra, pero, más importante aún, reafirma el reto de seguir innovando. Como suelo decirles a los estudiantes de primer semestre, en el primer día de clases, desde hace veinticinco años: “Los días pasan lentamente; los años pasan volando”.