Y se va la segundita...

De manera solícita, la ciudadanía acudió a las urnas, aun sabiendo que uno de los postulantes a la Primera Magistratura no tenía nada que hacer en la papeleta electoral por estar inhabilitado constitucionalmente –inhabilitación refrendada, además, por un referéndum que zanjó toda duda al respecto-.

Conocidos los datos oficiales al 85%, cuando se detuvo el conteo, los bolivianos ya entraron en modo “segunda vuelta” dado que los guarismos indicaban que, de manera irreversible, por la tendencia, la diferencia entre el candidato legal y el advenedizo, no le alcanzaba a este último para consumar su fechoría en primera vuelta. Es más, en el conjunto de la votación, una abrumadora mayoría votó en su contra.

Ciertamente, el primero logró capitalizar el descontento que, fruto de tanto abuso y corrupción, generó el régimen, descontento que se materializó en un rotundo “no” el 21 de febrero de 2016 y en votos, el 20 de octubre, dando paso a una inédita “segunda vuelta” a la que acudiremos en diciembre.

No deja de ser llamativo el hecho de que en la convocatoria a la primera vuelta electoral, el tristemente célebre Tribunal Supremo Electoral hubiese omitido incluir la fecha de la segunda y que cuando se le consultó por dicho “olvido” arguyó que lo haría si efectivamente se daba tal situación –pensando mal, al TSE, como al resto del régimen, jamás le pasó por la cabeza tal posibilidad-. Tiempo más tarde, el señor García Linera, candidato ilegal a la Vicepresidencia, indicaba que su sigla tenía un “voto oculto” (¿eufemismo por “fraude”, tal como “estrategia envolvente” por “cochinada”?).

Así y todo, el régimen muerde el polvo y, por mucho que asegure que se impuso en la primera, luciendo unas muecas intentado fingir sonrisas, deberá concurrir a la segunda, en la cual los auspicios no juegan a su favor.

En los hechos, el régimen ha perdido estrepitosamente, no solo porque sus postulantes son ilegales, ilegítimos e inmorales, sino porque gozó de toda clase de ventajismo avalado por sus lacayos del órgano electoral –ya habrá tiempo para reencauzar democráticamente dicha entidad-, así como por el grosero dispendio de recursos públicos para fines particulares, y por amenazar permanente mediante una campaña del miedo para que los votantes no apoyen al candidato legal mejor ubicado. Aprovechó, impúdicamente, el aparato estatal para montar una campaña sin precedentes por la asimetría respecto a aquella que dispuso de su propia logística de apoyo para llegar al día de la votación.

La ciudadanía camina hacia la segunda vuelta con los ánimos renovados, mostrándose resuelta a no dejarse timar nuevamente por el régimen dictatorial que ya está ejerciendo el poder de manera ilegal y que quiere reproducir la patraña las veces que se le antoje. Los jóvenes le han dado a dicho espíritu un ingrediente de poderosa motivación para no desmayar en la lucha por la democracia. Su presencia en todos los actos por el respeto al voto ha sido fundamental para sostener la ruta hacia diciembre. Ver a nuestros hijos ejerciendo sus derechos ciudadanos permite afirmar que el país tiene futuro, que la esperanza está en alza.

Escribo todo esto en medio de la incertidumbre ocasionada por el comportamiento de régimen –vía sus operadores del TSE- de forzar a como dé lugar un resultado distinto del que viabiliza la próxima vuelta. Sin embargo, la ciudadanía acudirá el segundo domingo de diciembre a cumplir su deber ciudadano y, con ello, volver a decirle “No” al sátrapa. Bolivia tendrá, a partir de enero, poderes separados que garantice pesos y contrapesos en la toma de decisiones públicas, vale decir que se instalará una República con su respectivo estado de derecho.

Voto "por defecto"

Si usted sigue con cierta frecuencia mis entregas catorcenales, podrá certificar que no me he referido de manera directa a la carrera electoral en la que se encuentran embalados ocho duplas legales y una ilegal; tampoco, ni por asomo, he comentado las encuestas, justamente porque en las mismas figura el binomio trucho –legitimándolo-. Pero, como se suele decir, alea jacta est, y a plantarle cara a esta situación. A cruzar el Rubicón.

La etapa que está por concluir es resultado de un forzado montaje con diversos vicios, tanto de origen como de puesta en ejecución.

Entre los de origen, se encuentran antecedentes como la declaración constitucional 003/13 que, violando la Constitución, viabilizó la postulación de los señores Morales Ayma y García Linera para el periodo en curso (2015-2020) burlando la propia Carta Magna y la palabra empeñada por el primero –el segundo la llamó “estrategia envolvente”- al momento de viabilizar aquella (2009), comprometiéndose a no postularse tras culminar el anterior. Lejos de conformarse con cinco años (de ejercicio ilegal) más del poder, Morales, como veremos más adelante, afinó los mecanismos de control sobre los tribunales Constitucional y Electoral, para volver a torcer las leyes y colarse –pese a estar inhabilitado- en la nómina de candidatos a la Presidencia. Otro antecedente, de igual o mayor magnitud, es el resultado concluyente del referéndum del 21 de febrero de 2016, mediante el cual la ciudadanía expresó su rechazo a una nueva candidatura del personaje que ya había abusado de su confianza en las elecciones de 2014; en principio, el régimen aceptó el veredicto del 21F pero pocos días después, con las instituciones judiciales a sus órdenes, comenzó el trámite para pisotear la voluntad popular una vez más.

Entre los de ejecución, correlato de los anteriores, están la Sentencia Constitucional 084/2017 que declara como “derecho humano” supraconstitucional la repostulación –indefinida, se infiere- del susodicho y determina una ilegal “habilitación” como candidato para el periodo 2020-2025. 

Asimismo, figuran todas las acciones –manipulación de la Ley de Organizaciones Políticas, reuniones en la residencia presidencial con los vocales electorales, convocatoria a “primaras” (vinculantes, aunque resultaron no ser tales), campaña con recursos públicos (entregas de obras transmitidas por el canal estatal), un sospechoso incremento del padrón en algunas regiones, etc-. Todo ello avalado por los órganos al servicio del poder.

¿Y así iremos a votar? Pues, aunque el régimen juega de local y con árbitro “bombero” comprado, hay que dar batalla democrática. Lamentablemente, como ocurrió en la anterior, esta elección no brinda las condiciones para optar libremente por quien tenga el mejor programa o por quien tenga mayores coincidencias conceptuales con uno. No hay, en tal escenario, nueve posibilidades. Lo que hay es una encrucijada muy obvia: acentuación del autoritarismo o recuperación de la democracia. 

No lo asumimos así hace cinco años, y las consecuencias saltan a la vista.

En lo que a mí concierne, he decidido emitir un voto “por defecto”, que consiste en marcar en la casilla de quien, al día del sufragio, se encuentre en primer lugar entre los candidatos legales, así dicha persona no goce de mi simpatía en términos político-ideológicos.

A pocos días de la cita con las urnas, hay una tendencia en tal sentido. Si dicha tendencia se sostiene hasta el 20 de octubre, no me temblará el pulso para darle soporte; si ésta cambiara, actuaré de igual manera con quien haya concentrado el mayor caudal de apoyo ciudadano hasta entonces. ¡Por la democracia!