miércoles, 9 de octubre de 2019

Voto "por defecto"



Si usted sigue con cierta frecuencia mis entregas catorcenales, podrá certificar que no me he referido de manera directa a la carrera electoral en la que se encuentran embalados ocho duplas legales y una ilegal; tampoco, ni por asomo, he comentado las encuestas, justamente porque en las mismas figura el binomio trucho –legitimándolo-. Pero, como se suele decir, alea jacta est, y a plantarle cara a esta situación. A cruzar el Rubicón.

La etapa que está por concluir es resultado de un forzado montaje con diversos vicios, tanto de origen como de puesta en ejecución.

Entre los de origen, se encuentran antecedentes como la declaración constitucional 003/13 que, violando la Constitución, viabilizó la postulación de los señores Morales Ayma y García Linera para el periodo en curso (2015-2020) burlando la propia Carta Magna y la palabra empeñada por el primero –el segundo la llamó “estrategia envolvente”- al momento de viabilizar aquella (2009), comprometiéndose a no postularse tras culminar el anterior. Lejos de conformarse con cinco años (de ejercicio ilegal) más del poder, Morales, como veremos más adelante, afinó los mecanismos de control sobre los tribunales Constitucional y Electoral, para volver a torcer las leyes y colarse –pese a estar inhabilitado- en la nómina de candidatos a la Presidencia. Otro antecedente, de igual o mayor magnitud, es el resultado concluyente del referéndum del 21 de febrero de 2016, mediante el cual la ciudadanía expresó su rechazo a una nueva candidatura del personaje que ya había abusado de su confianza en las elecciones de 2014; en principio, el régimen aceptó el veredicto del 21F pero pocos días después, con las instituciones judiciales a sus órdenes, comenzó el trámite para pisotear la voluntad popular una vez más.

Entre los de ejecución, correlato de los anteriores, están la Sentencia Constitucional 084/2017 que declara como “derecho humano” supraconstitucional la repostulación –indefinida, se infiere- del susodicho y determina una ilegal “habilitación” como candidato para el periodo 2020-2025. 

Asimismo, figuran todas las acciones –manipulación de la Ley de Organizaciones Políticas, reuniones en la residencia presidencial con los vocales electorales, convocatoria a “primaras” (vinculantes, aunque resultaron no ser tales), campaña con recursos públicos (entregas de obras transmitidas por el canal estatal), un sospechoso incremento del padrón en algunas regiones, etc-. Todo ello avalado por los órganos al servicio del poder.

¿Y así iremos a votar? Pues, aunque el régimen juega de local y con árbitro “bombero” comprado, hay que dar batalla democrática. Lamentablemente, como ocurrió en la anterior, esta elección no brinda las condiciones para optar libremente por quien tenga el mejor programa o por quien tenga mayores coincidencias conceptuales con uno. No hay, en tal escenario, nueve posibilidades. Lo que hay es una encrucijada muy obvia: acentuación del autoritarismo o recuperación de la democracia. 
No lo asumimos así hace cinco años, y las consecuencias saltan a la vista.

En lo que a mí concierne, he decidido emitir un voto “por defecto”, que consiste en marcar en la casilla de quien, al día del sufragio, se encuentre en primer lugar entre los candidatos legales, así dicha persona no goce de mi simpatía en términos político-ideológicos.

A pocos días de la cita con las urnas, hay una tendencia en tal sentido. Si dicha tendencia se sostiene hasta el 20 de octubre, no me temblará el pulso para darle soporte; si ésta cambiara, actuaré de igual manera con quien haya concentrado el mayor caudal de apoyo ciudadano hasta entonces. ¡Por la democracia!

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