Fondeados

 

No debe ser muy grato para quien, en condición de ministro de Economía, “administró” la bonanza proveniente de los ingresos por la venta de gas y, años después, en calidad de Presidente, tener que gobernar con los despojos que quedaron luego de, precisamente, aquella fiesta. Es que, como se sabe, administrar la abundancia no tiene mérito alguno: prácticamente –considerando, sobre todo, el cómo se lo hizo- cualquiera podría haberlo hecho; básicamente, la economía trata de la administración de la escasez. Los grandes economistas en función pública son aquellos que, a pesar de la situación álgida se dieron maneras de sacar a flote la nave de la macroeconomía, con mayor o menor costo social, motivo por el cual no siempre son reconocidos como se lo merecerían.

Generalmente son otros los que enmiendan los desaciertos cometidos por anteriores funcionarios, pero a Arce le toca afrontar las consecuencias de su propia (indi)gestión como ministro de Morales Ayma. Es su oportunidad para que se muestre como economista y deje atrás su rol de cajero –que eso es lo que fue-.

Alguna señal ha dado: a la manera de un alcohólico anónimo que reconoce que es un enfermo, el señor en cuestión ha admitido que estamos en la lona; o sea, que los tiempos de alfombras persas y “economía blindada” se acabaron. Con ello, uno de los rasgos del populismo, el hacer creer, propaganda mediante, que vivimos en el país de las maravillas, pese a las evidencias en sentido contrario, es contradicho por el propio Presi.

Ciertamente, una autoridad debe transmitir, en la medida de lo posible, una sensación de confianza, incluso, políticamente, disfrazar algún indicador para no generar pánico; pero también debe tener la suficiente sabiduría como para sincerarse cuando la situación se torna insostenible, como es el caso.

Consciente del momento que atravesaban el mundo y su país en particular, Winston Churchill ofreció “sangre, sudor y lágrimas” (también ofreció esfuerzo) al asumir como Primer Ministro del Reino Unido y cumplió. A un costo altísimo, Inglaterra fue uno de los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. A su término, el votante británico no lo hizo ganador de la siguiente elección: creyó, ese momento, que Churchill servía para gobernar en tiempos de guerra y no para hacerlo en tiempos de paz.

Es célebre también la frase de Víctor Paz Estenssoro “Bolivia se nos muere”, para, acto seguido, aplicar un plan de ajuste estructural, “relocalización” incluida que, tal como predijo, fue una coyuntura que duró veinte años, en los que en su vientre chapareño se gestó el populismo cocalero, otra coyuntura agotada en dos décadas de jauja con recursos públicos.

El haber “tocado fondo” que el Presidente confesó respecto a la producción de gas, luego extendido a “hasta ahí nomás alcanza nuestro bolsillo”, es, según se vea, un gesto de sinceramiento que no condice con el populismo o una admisión de su propia incapacidad como ministro, primero y como Jefe de Estado, luego. O ambas cosas a la vez.

Este tocar fondo no sólo se verifica en la producción gasífera; se extiende a la gestión estatal en general, a la moral de los funcionarios (corrupción galopante), a la criminalidad (narcotráfico, contrabando, trata), y por si faltara algo –un algo que no tiene que ver con el Gobierno, pero es un reflejo de cómo anda las cosas- al fútbol.

Hay excepciones privadas, de las que nos colgamos todos, como la de los fondistas Garibay y Camargo. Pero, en general, estamos fondeados. La próxima coyuntura podría tener como eje “Educación, educación y más educación”. Amén.

Pal lamento

 

El asunto del que me ocuparé no es el que domina la agenda de la deliberación pública: los narcoescándalos, la crisis futbolera y la implosión del régimen ocupan la atención de medios y ciudadanos. Son importantes, claro que sí, pero cubren con un manto de niebla algo que, para el suscrito, reviste el mayor de los cuidados.

Mi hipersensibilidad democrática se ha visto nuevamente golpeada ante un hecho desgraciado que hiere de muerte –una suerte de tiro de gracia- a la propio Estado de Derecho.

Para que el señor Morales Ayma y yo –probablemente el sujeto no tenga idea de mi existencia (pues no lee, como él mismo confiesa), cosa que me tiene sin cuidado- coincidamos en algo, la cosa debe ser gravísima. Debo aclarar, sin embargo, que lo hacemos por razones absolutamente disímiles. Aquel, por el pleito que libra contra su exministro de Economía –hoy devenido en Presidente- y mi persona, por una indeclinable vocación democrática, alejada de todo interés coyuntural.

Supongo que, a estas alturas de la lectura, usted sabe que estoy hablando de la acción gubernamental que asesta un golpe –en sentido estricto- a la institucionalidad democrática, la pretensión de arrancarle al parlamento una de las funciones que forman parte de su razón de ser: la de fiscalizar, una de cuyas expresiones es la facultad de interpelar a aquellas autoridades cuestionadas por algún motivo. Para ello ha acudido al Tribunal Constitucional, el cual no solo que ha admitido un amparo constitucional en tal sentido, sino que ha prohibido las interpelaciones porque, en caso de censura, éstas “atentarían contra el derecho al trabajo de la autoridad censurada”. Esto ya sobrepasa el entendimiento y el sentido común, y compromete seriamente al órgano “constitucional”.

El parlamento es el instituto democrático en el que, al menos en teoría, reside la soberanía de la ciudadanía. Sus tres funciones –entidades, más bien- son: representar, legislar y fiscalizar, amén de otras accesorias; en las democracias parlamentaristas, también es el encargado de dar o retirar la confianza al jefe o jefa de Gobierno.

Desde la llegada al poder del régimen masista, el parlamento ha sufrido una merma importante en las dos últimas. El grueso de las leyes sustantivas es elaborado por el Ejecutivo y, haciendo alharaca de su aplastante mayoría oficialista, las misma “salían por el tubo”, como suele decirse; últimamente, dada la disputa entre facciones del régimen, este mecanismo ya no es tan fluido. Es decir que el parlamento prácticamente no ejercía la facultad legislativa –las leyes tipo “declaratoria” sí las hacía-. Como anécdota cabe recordar que una de las pocas leyes producidas por el parlamento –la de Procedimiento Penal- fue derogada anta la repulsa ciudadana.

La facultad fiscalizadora tampoco anduvo mejor. Todas las veces que una autoridad fue censurada –el honor implica alejamiento ipso facto del cargo- o fue ratificada luego de una destitución por pura formalidad o, sencillamente, se hizo mofa de la censura: Morales Ayma llegó a decir que una censura proveniente de “la derecha” era una muestra de racismo.

Ahora el mismo individuo se muestra como celoso defensor del Estado de Derecho y habla del efecto vinculante de la censura y del atentado contra el mismo. ¡Abrase visto semejante cinismo!

Un apunte más: el régimen tiene presa a la expresidenta constitucional Jeanine Áñez a quien tilda de “golpista”, quien no sólo no llegó a tanto en su desprecio por el parlamento, sino que, además de ratificar su vigencia en democracia, le extendió en un año el mandato que había recibido. Gran diferencia.