jueves, 29 de octubre de 2026

De listas y "listos"

 



Si bien ya van dos entregas que hasta el momento suman 40 nombres, en realidad se trata de una sola lista, ésta que el Departamento de Estado de EEUU ha divulgado, a título de medida administrativa, sobre el veto migratorio a ciertos ciudadanos bolivianos.

“¿Medida administrativa? ¡las winflas!” diría mi padre, que en paz descanse. Cada día, en casi todo el mundo, hay miles de personas a las que, por distintas razones, se les niega el visado para ingresar a Estados Unidos, y nadie fuera de su círculo próximo se entera de sus nombres.

Cuando se los hace públicos conllevan un mensaje más allá del meramente migratorio y cuando los nombres corresponden a las figuras públicas cuyos actos trascienden los límites del país de origen de los mencionados en tal lista para afectar la seguridad, en este caso vinculada al narcoterrorismo, del país emisor de aquella.

Dejando de lado los eufemismos -más allá de la propia lista, en comunicados más explícitos se alude a las razones de tal medida-, el combo lleva implícita una sentencia extraterritorial, un señalamiento de los implicados como criminales, en distintos grados de responsabilidad, desde peces gordos hasta los funcionales por ambiciones materiales.

Lleva también un misil teledirigido al gobierno del país de residencia de estos incómodos conciudadanos. Cuando se emitió la primera parte, lo asocié a una especie de “ayuda” que EEUU brindaba gentilmente al Presidente y a sus colaboradores para desviar el foco de atención sobre los mismos respecto al escándalo “Cerimedo-Beller” que toca incluso al entorno familiar del primer mandatario; una suerte de “spin control” que, evidentemente, atenuó momentáneamente tal acontecimiento. Incluso diría que cuando brotaba nuevamente, EEUU doblaba la apuesta lanzando la segunda parte.

Ahora que, profusión de audios mediante, el caso compite por los titulares, ¿triplicará USA la apuesta con una tercera parte? ¿qué nombres aparecerían esta vez?

Me he preguntado sobre que si no estallaba el caso “C-B”, El Departamento de Estado hubiese publicado la lista o se la hubiera guardado para un momento más “oportuno”.

El asunto es que, de manera paralela, aunque sincronizada, los dos relatos están en curso, aunque el gobierno se ha mostrado más diligente en responder al mensaje de la lista encerrando a una parte de los señalados, que en aclarar las implicaciones que el “Efecto Cerimedo” ha ocasionado en la estructura gubernamental.

Y, de paso, en lo que me toca -no piense mal, hablo de mi labor de columnista- ha resuelto la caracterización que del año hago al final de la gestión: 2026: “El año de las listas”.

domingo, 18 de octubre de 2026

La f(r)actura ambiental

 

                                           Foto: APG

La idea de progreso instaló en la sociedad -Estado: sociedad política, jurídicamente y económicamente organizada- la práctica del crecimiento a cualquier precio. Dos siglos después de la primera revolución industrial y décadas sucesivas de las posteriores, los resultados son palpables en términos de depredación del medioambiente.

Junto a políticas mitigadoras del impacto ambiental, el propio concepto de progreso, en el sentido aludido, ha sido puesto en cuestión. Hace mucho tiempo que lo retiré de mi léxico y opté por el más amable, “desarrollo”. Hoy hablamos en términos de desarrollo sostenible que no niega no condena el crecimiento, pero que lo condiciona a la generación del menor impacto ambiental posible, en el entendido de que, en mayor o menor grado, prácticamente toda actividad de índole económico lo produce. Suelo ejemplificarlo con una postal local: “hasta la casera que prepara anticuchos en la esquina aporta con su mínima cuota de impacto ambiental”.

Pero cuando pensamos en actividades en las que sus operadores lo hacen deliberadamente -generar alto impacto ambiental-, generalmente de forma ilegal o coludidos con autoridades a cargo de la aplicación de normas ambientales, que las hay y buenas, salvo las “leyes incendiarias”, estamos ante un cuadro de horror que compromete la subsistencia misma de zonas verdes, especies forestales y animales y, finalmente, de la propia vida de los seres humanos.

Por eso, sin ser un fanático medioambientalista, algunos hechos de reciente data me han dejado un muy mal sabor de boca, de esa boca de la que se llenan los discursos “for export” mientras en casa se hace la vista gorda de la depredación sin escrúpulos.

Así pues, nos lastima la situación que atraviesa Coroico por la creciente contaminación de sus aguas, que amenaza con afectar su vegetación, su fauna y, sensiblemente, la salud de sus habitantes. La causa de tal ingrato fenómeno no es otra, y usted la conoce, que la despiadada minería del oro poniendo en riesgo a 120 comunidades del municipio. La concesión a decenas de cooperativas de cuadrículas para la explotación del codiciado y altamente cotizado mineral, lo que supone la extensión de licencias ambientales, cuenta con la “bendición” de la AJAM, es decir está reconocida como actividad legal. ¿Están coludidas autoridades del sector con las tristemente célebres cooperativas mineras?

Mejor paradas, ateniéndonos a fuentes oficiales, quedaron las autoridades que, a denuncia de la senadora Urresti, intervinieron, además de colectar materiales de trabajo, una zona de Puerto Rico -Pando- y corroboraron acciones de actividad minera ilegal.

Hasta acá, una de cal y una de arena, se diría. Pero lo más desconcertante en este repaso es el permiso otorgado, nada menos que por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, Sernap, ¿adivina a quiénes?, ¡a cooperativas mineras!, previa autorización de la AJAM, “para dar cumplimiento a los compromisos asumidos” (obviamente durante los bloqueos de mayo-junio, para que estas “se bajen” de los mismos), de explotación extractivista en, precisamente, áreas (des)protegidas.

La diputada Cecilia Requena, activista medioambiental reconocida, no ocultó su desazón al expresar que “el gobierno de Rodrigo Paz debería abochornarse de estar peor que el régimen del MAS en términos de medio ambiente” y no le falta razón.

De seguir así, la f(r)actura la pagarán, así como nosotros estamos pagándola por las propias malas acciones de nuestros antecesores y de algunos contemporáneos nuestros, las siguientes generaciones. ¡Estoy indignado!

jueves, 1 de octubre de 2026

Octubres


 


Si hay un mes sobrecargado de simbolismo en nuestro medio, es justamente el que empieza hoy: octubre. Y si bien el ejercicio que haré podría aplicarse con similar resultado a cualquier otro, éste genera emociones encontradas respecto al pasado y temores cada vez que se aproxima. Ya en tiempo presente, el actual no es la excepción, pero, como veremos, no tendría necesariamente que augurar acontecimientos sociales catastróficos; varios hechos más bien esperanzadores sucedieron durante el décimo mes del año.

No es mi propósito enumerar una serie de acontecimientos en orden cronológico, en cambio, sí, de alguna manera, contrastarlos. Curiosamente, el primero de ellos nos remite al día uno.

¿Qué ocurrió el 1 de octubre de 2018? Se emitió el fallo de la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, por el cual se zanjó el caso de la demanda que Bolivia interpuso en relación a un acceso soberano hacia el Pacífico. La CIJ, a tiempo de rechazarla, sentenció que “Chile no tiene la obligación legal de negociar con Bolivia un acceso soberano”. A mi entender, y no es falta de patriotismo ni cosa por el estilo, es simple realismo; tal fallo cierra definitivamente nuestra aspiración marítima con soberanía plena, aunque otro tipo de acceso, amén de iniciativas compensatorias de carácter económico -tipo ACE 22-, son perfectamente posibles.

Curiosamente fue en octubre (el 20 de 1904) la suscripción del “Tratado de Paz y Amistad” entre Bolivia y Chile. El practicismo de Ismael Montes se impuso al reivindicacionismo de otros políticos de su tiempo. Recientes acontecimientos, sobre todo aduaneros y portuarios, se constituyen en violaciones a dicho tratado. La próxima visita del presidente Kast debe servir para limar asperezas y comenzar a encarar un futuro de mutua cooperación teniendo en cuenta la deuda histórica. Opciones como la que está circulando respecto a Mejillones son buenas señales en tal sentido.

La mala fama del mes que empieza hoy viene el infame “octubre negro” de 2003, aquel prolongado sitio al que fueron algunas poblaciones que culminó con la renuncia y posterior escape del expresidente Sánchez de Lozada. El pretexto fue “el gas”, que ya se anunciaba como una fuente de grandes ingresos para el país. La consigna “los chilenos están en El Alto para robar nuestro gas” encendió los ánimos de los pobladores de dicha ciudad y se desencadenó una violenta represión (que es lo que se buscaba provocar). A estas alturas, el hecho es percibido como un golpe que, en diferido, 2005, y por la vía democrática en principio, entronizó en el poder por largos 14 años, a Evo Morales.

En contraparte, luego del fraude perpetrado por éste en las elecciones de otro octubre, el 20 de 2019, comenzó la gran manifestación democrática que concluyó con la renuncia del fraudulento y su posterior huida, ya en noviembre.

Sin embargo, el octubre que más me conmueve, en el sentido positivo, es el de 1982. Aquel 10 en el que Bolivia, luego de dos tropiezos en el proceso de la instalación democrática, finalmente consiguió conquistarla de manera duradera, aunque aquel primer gobierno no supo lidiar con la crisis económica y puso en riego a la propia democracia -aunque entre 2006 y 2019 permaneció “suspendida”-.

Menciones “extra”: 2, natalicio de Paz Estenssoro -lo recuerdo porque en la misma fecha cumple años una de mis antiguas novias-. 20, 1548, fundación de La Paz, en Laja. 12, lo que en mi niñez se conocía como “Día de la Raza” (Descubrimiento de América, 1492, feriado incluido si mal no recuerdo), luego denominado “Encuentro de dos mundos” y actualmente se denomina “Día Nacional de la Descolonización”; vaya uno a saber que nombre llevará más adelante.