La f(r)actura ambiental

 

                                           Foto: APG

La idea de progreso instaló en la sociedad -Estado: sociedad política, jurídicamente y económicamente organizada- la práctica del crecimiento a cualquier precio. Dos siglos después de la primera revolución industrial y décadas sucesivas de las posteriores, los resultados son palpables en términos de depredación del medioambiente.

Junto a políticas mitigadoras del impacto ambiental, el propio concepto de progreso, en el sentido aludido, ha sido puesto en cuestión. Hace mucho tiempo que lo retiré de mi léxico y opté por el más amable, “desarrollo”. Hoy hablamos en términos de desarrollo sostenible que no niega no condena el crecimiento, pero que lo condiciona a la generación del menor impacto ambiental posible, en el entendido de que, en mayor o menor grado, prácticamente toda actividad de índole económico lo produce. Suelo ejemplificarlo con una postal local: “hasta la casera que prepara anticuchos en la esquina aporta con su mínima cuota de impacto ambiental”.

Pero cuando pensamos en actividades en las que sus operadores lo hacen deliberadamente -generar alto impacto ambiental-, generalmente de forma ilegal o coludidos con autoridades a cargo de la aplicación de normas ambientales, que las hay y buenas, salvo las “leyes incendiarias”, estamos ante un cuadro de horror que compromete la subsistencia misma de zonas verdes, especies forestales y animales y, finalmente, de la propia vida de los seres humanos.

Por eso, sin ser un fanático medioambientalista, algunos hechos de reciente data me han dejado un muy mal sabor de boca, de esa boca de la que se llenan los discursos “for export” mientras en casa se hace la vista gorda de la depredación sin escrúpulos.

Así pues, nos lastima la situación que atraviesa Coroico por la creciente contaminación de sus aguas, que amenaza con afectar su vegetación, su fauna y, sensiblemente, la salud de sus habitantes. La causa de tal ingrato fenómeno no es otra, y usted la conoce, que la despiadada minería del oro poniendo en riesgo a 120 comunidades del municipio. La concesión a decenas de cooperativas de cuadrículas para la explotación del codiciado y altamente cotizado mineral, lo que supone la extensión de licencias ambientales, cuenta con la “bendición” de la AJAM, es decir está reconocida como actividad legal. ¿Están coludidas autoridades del sector con las tristemente célebres cooperativas mineras?

Mejor paradas, ateniéndonos a fuentes oficiales, quedaron las autoridades que, a denuncia de la senadora Urresti, intervinieron, además de colectar materiales de trabajo, una zona de Puerto Rico -Pando- y corroboraron acciones de actividad minera ilegal.

Hasta acá, una de cal y una de arena, se diría. Pero lo más desconcertante en este repaso es el permiso otorgado, nada menos que por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, Sernap, ¿adivina a quiénes?, ¡a cooperativas mineras!, previa autorización de la AJAM, “para dar cumplimiento a los compromisos asumidos” (obviamente durante los bloqueos de mayo-junio, para que estas “se bajen” de los mismos), de explotación extractivista en, precisamente, áreas (des)protegidas.

La diputada Cecilia Requena, activista medioambiental reconocida, no ocultó su desazón al expresar que “el gobierno de Rodrigo Paz debería abochornarse de estar peor que el régimen del MAS en términos de medio ambiente” y no le falta razón.

De seguir así, la f(r)actura la pagarán, así como nosotros estamos pagándola por las propias malas acciones de nuestros antecesores y de algunos contemporáneos nuestros, las siguientes generaciones. ¡Estoy indignado!