Amargo MAS

El próximo martes se va a cumplir un año de la emisión del fallo de la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, Holanda, en relación a la demanda del Estado Plurinacional de Bolivia a la República de Chile, en torno a compromisos no honrados por esta última que, según el reclamo de Estado Plurinacional, le daría el derecho de negociar una salida al mar por territorio antes perteneciente a la República de Bolivia. “Obligación” (de negociar/dialogar por parte del demandado) y “soberanía” (boliviana, en el lugar “recuperado”) eran los términos excluyentes que el régimen esperaba obtener de la CIJ, términos que, como se sabe, no asomaron siquiera en el documento de derecho internacional que, al ser de última instancia, tiene carácter definitivo.

Como argumento jurídico, cuya autoría reconocida por propios y extraños es de don Ramiro Orías, el texto de la demanda es impecable; pero todos los concernidos en el tema sabían que su conversión en procedimiento contencioso era una apuesta de altísimo riesgo que el régimen quiso correr; lo que supone que en caso de una derrota diplomática de tal dimensión también estaba dispuesto a asumir su responsabilidad y a hacerse cargo de las consecuencias.

Sin embargo, durante el trámite del juicio internacional, el régimen o, más propiamente, el señor Evo Morales Ayma, dejando de lado todo sentido sensatez, mesura y sobriedad, se empeñó en darle una orientación partidaria al tema, desnaturalizando el espíritu con el que inició –el de la unidad- y generando dudas sobre el propósito real de la demanda. Como alguna vez lo escribí, Morales Ayma hizo marketing personal con el mar.

Innecesariamente beligerante, obscenamente grosero, tal individuo olvidó que el trámite corría por la vía jurídico/diplomática y que sus muestras de soberbia no eran precisamente lo que el momento aconsejaba. Entretanto, Chile, con sus propios tropiezos, actuaba como el “agredido”, mientras hacía “lobbies” de alta capacidad de influencia.

Pero el mayor pecado cometido por Morales Ayma y sus huestes fue el haber creado, deliberadamente, un ambiente triunfalista que excedió cualquier límite: una cosa es un moderado y sano optimismo, y otra la exacerbación de las pasiones con actos y expresiones absolutamente desmedidos.

Entre los más inverosímiles se encuentra el de la unión de varios retazos de tela de color azul –ingenuo quien crea que eso no tenía una intencionalidad político-partidaria propagandística- para hacer una larga tira a la que llamaron “banderazo” que pretendía ser registrado en el libro de los récords “Guinness”. Ni a eso se llegó, menos a “bañarnos en el mar”. Lo que sí ocurrió es que ese tiempo, como consta en la prensa, el rollo de 50 metros de tela azul subió de precio, de 200 a 500 bs.

Asimismo, en el paroxismo de la ridiculez, los empleados de la Agencia Nacional de Hidrocarburos se disfrazaron de jueces de la Corte de la Haya, causando vergüenza ajena a su paso durante el desfile por el Día del Mar.

Podría enumerar un puñado de disparates más, pero, por razones de espacio, solo lo haré con uno más, el de antología: el anuncio de Morales Ayma, en su discurso de Año Nuevo, en el que aseguraba que Bolivia “tendrá mar en 2018”. El caso es que no lo tuvo –ni lo tendrá, al menos no por el lugar y las condiciones que pretendía-.

La víspera del día del fallo, el 30 de septiembre del año pasado, publiqué las posibles opciones que nos esperaban. Lo hice de esta manera: “Triunfo diplomático absoluto: “Obligación” y “soberanía”. Triunfo diplomático parcial: “Obligación” o “soberanía”. Derrota diplomática absoluta: Ni “obligación”, ni “soberanía””.

Ocurrió lo último. Lo demás son patrañas.

De tus cenizas, Chiquitania

Al momento de escribir estas líneas, el régimen aún no ha declarado Desastre Nacional, como corresponde hacerlo en casos inclusive menos graves que el de la devastadora quema que afecta a la Chiquitania.

¿Por qué en situaciones como esta es menester la activación de tal declaratoria? Por la sencilla razón de que la misma moviliza recursos –humanos, técnicos, económicos, científicos y operativos-, canaliza la solidaridad en general –local e internacional- y concentra esfuerzos antes dispersos; todo ello sin la carga burocrática a que están sometidos los trámites corrientes –con dispensación de éstos-.

En rigor, dada la magnitud de la catástrofe, el régimen debería haber activado la Declaratoria hace tres semanas; sin embargo, permanece enajenado de la realidad. ¿Lo hará finalmente?

Como muchos, me he preguntado por la razón por la cual mantiene esta terquedad cuando ya llevamos más de dos millones de hectáreas afectadas por las quemas. En principio, lo tomé como uno más de los caprichos a los que nos tiene acostumbrados: la mezquindad que guía sus actos. En la curiosa (furiosa, más bien) lógica masista, declarar Desastre Nacional sería darle el gusto a “la derecha”, cosa que el régimen no está dispuesto a hacer puesto que tal cosa significaría una “derrota política”, una “muestra de debilidad”. Algo parecido a las interpelaciones parlamentarias a funcionarios de Estado, en las que éstos resultan aplaudidos por la mayoría oficialista a pesar de haber suficientes pruebas de sus tropelías.

Lejos de brindar una justificación mínimamente atendible, el régimen ha esgrimido un sinfín de sandeces para salir del paso. Es más; al menos al comienzo, se negó a recibir cooperación internacional –luego la aceptó a regañadientes, incluso poniendo trabas a la internación de instrumentos y personal de países vecinos-. Peor aún, continúa realizado una acción de sabotaje a la labor de los bomberos voluntarios.

Por otra parte, es indignante el espectáculo propagandístico con el que el régimen pretende hacer creer que se está ocupando del siniestro provocado por el propio régimen: el Presidente en grotesca exhibición actoral o el ministro de la Presidencia “regalando” cocinitas a los pobladores de la región.

Entonces, sin dejar de lado la versión de la mezquindad por razones políticas, porque esta sola no alcanza para explicar tanta terquedad, hay que (mal)pensar otras razones que dispongan al régimen para actuar como lo hace. Respecto al TIPNIS, por ejemplo, está claro que sus compromisos con una empresa brasileña lo llevan a insistir en la construcción de una carretera por el medio de la reserva y Parque Nacional. En este caso, se sabe de compromisos contraídos con ganaderos y cocaleros para ampliar la frontera agrícola, pero parece faltar algún elemento mucho más oscuro para completar el dantesco cuadro. ¿Cuál será éste? No lo sabemos aún, pero cuando las condiciones estén dadas, el verdadero trasfondo del asunto saldrá a la luz.

Es de tal magnitud este ecobiocidio que, con justa razón, los hijos de nuestros nietos condenarán a la actual generación de bolivianos por haber permitido la asunción al poder de un grupo de depredadores que les comprometió su presente (futuro, desde esta perspectiva).

¿Podemos hacer algo para cambiar ese destino de nuestros descendientes? Por lo pronto, impedir, democráticamente, que los usurpadores se reproduzcan en el poder y, a la brevedad posible, comenzar la reversión de esta devastación provocada por éstos, y la reconstrucción institucional de Bolivia.

De tus cenizas, Chiquitania, surgirá el país de todos.

Del Tipnis a la Chiquitanía: la mano depredadora del régimen

Desde hace un tiempo, vengo con la idea de dirigirme, a través de esta columna, a la comunidad internacional, a propósito de las elecciones de octubre próximo. Sin embargo, lo acontecido en nuestra porción de amazonía nos supera, haciendo excluyente abordar en perspectiva esta quema forestal de proporciones dantescas.

Temo, no obstante, que dentro de dos semanas –frecuencia de publicación de mis textos- ya sea demasiado tarde para sensibilizar al concierto de estados democráticos sobre lo que se está tramando, desde el poder, para liquidar todo vestigio práctica democrática en Bolivia. Por tanto, iré directamente al llamado que tengo para dichos estados: Hagan un acuerdo para reconocer como Presidente al ganador de entre los candidatos legales –tanto mejor si alguno de éstos es ganador absoluto-. Bien saben que hay un usurpador que ha violado la Constitución y desoído la voluntad popular expresada en el referéndum del 21 de febrero de 2016. No teman ver afectadas sus inversiones e intereses legalmente certificados. Tengan la certeza de que el Gobierno que, en conjunto, reconozcan, sabrá respetar su seguridad jurídica.

Ahora bien, ocupémonos de la tragedia que vive Bolivia que, aunque no parezca, no está divorciada del llamado hecho previamente. Sostengo esto debido a la renuencia del régimen a solicitar cooperación internacional para las labores de mitigación del incendio y sus consecuencias para el medioambiente (la Pachamama, que tanto dice venerar el usurpador Morales Ayma), las especies animales, la flora tropical y la vida de las personas que habitan la vasta región afectada. Finalmente, a regañadientes, el régimen aceptó la ayuda voluntaria, en una posición que puede graficarse como “si quieren manden ayuda, pero sepan que no la necesitamos”, lo que deja entrever no la soberbia –que la tiene- que muchos atribuyen al usurpador, sino una especie de deseo de que el fuego acabe con todo para, como dijo uno sus operadores, “reforestar con coca” el área.

Para que no quepa duda, me hago eco de lo que voces de distinta procedencia han manifestado: el responsable de esta atrocidad es el régimen, personificado en su cabecilla, por haber emitido normas contrarias a la preservación de la Madre Tierra en consonancia con su política de asentamientos (colonos) y de ampliación de la frontera agrícola. Lo demás es puro intento de desviar la atención. El señor Morales Ayma puede disfrazarse de guardia forestal la veces que quiera; el daño está hecho y no hemos escuchado una sola palabra de “mea culpa” de parte suya.

Ver el desastre que ocurre en la Chiquitanía como algo aislado es engañoso –y hasta conveniente al régimen-. Lo indicado es considerar los hechos que van desde el Tipnis hasta la la Chiquitanía, pasando por El Bala, El Chepete, Tariquía y otros atentados en curso, como un continuum que demuestra que Pachamama, Madre Tierra o medioambiente son poco menos que alpargatas para el régimen; que la defensa que hace en foros internacionales es pura retórica. Ahí está la mano depredadora del régimen; ahí está el reciente ecocidio. Lo que hace doblemente condenable su acción depredadora es que la pandilla que nos gobierna se montó en el discurso ambientalista (pachamamista, en sus términos) para llegar al poder. Bolsonaro puede ser todo lo detestable que se quiera, pero la diferencia es que la posición de éste siempre fue la de la destrucción del bosque en nombre del progreso –una distorsión del lema patrio brasileño-.

¿Qué queda, entonces? Comenzar a sentar las bases para un juicio de responsabilidades, que incluya todos los delitos, contra Juan Evo Morales Ayma y sus colaboradores; un juicio ejemplar, para que nadie ose cometerlos en el futuro.

El (in)discreto (des)encanto de la corrupción

Tengo entre mis manos un patrimonio jurídico de Bolivia que, a mi juicio, debería ser patrimonio jurídico de la humanidad entera: el texto de la sentencia, en el marco de los juicios de responsabilidades, al dictador Luis García Meza y sus colaboradores, pronunciada el 21 de abril de 1993 que, como se sabe, dictó 30 años de prisión sin derecho a indulto para el ya finado expresidente de facto. A efectos de síntesis, podemos agrupar los delitos cometidos por aquel régimen en los de carácter político (delitos contra la Constitución), los de violación a los derechos humanos y los de tipo económico (corrupción corriente). Quedaron fuera del proceso los inherentes a protección y ejercicio del narcotráfico con los cuales también se asocia al gobierno de principios de los años ochenta del siglo pasado.

Una relectura de la sentencia puede dar argumentos para, jusrisprudencialmente, iniciar un juicio de responsabilidades contra el régimen actual dado que, aunque las formas son distintas, el fondo de los actos dolosos de éste permanece incólume. El régimen de Morales Ayma hace virtud de la permanente comisión de delitos contra la Constitución, con la diferencia de que éstos son avalados por órganos que, debiendo ser independientes del poder político, forman parte consustancial del propio régimen al haber sido cooptados y controlados para “bendecir” los designios del jefazo. Lo propio puede decirse de la continua violación de los derechos humanos expresada simbólicamente en hechos como Chaparina, La Calancha y en el exilio, persecución y encarcelamiento de ciudadanos críticos al oficialismo –el más reciente, el del señor Franclin Gutiérrez que, aunque no comparto la actividad a la que se dedica, no me queda duda de que se trata de un preso político-. El tiempo dirá si procede un juicio similar en el siglo XXI.

Sin embargo –notará usted que dejé aparte el componente delictivo de carácter económico- los casos de corrupción que en su momento nos parecían monstruosos palidecen al lado de los cometidos por el régimen de Morales Ayma –en el terreno de la especulación, puede pensarse que García Meza y sus colaboradores no dispusieron de catorce años (¡y quieren más!) para engrosar sus bolsillos hasta reventarlos-.

No se trata de hacer un ejercicio de corrupciones comparadas, pero los “grandes” hechos de corrupción por los cuales se juzgó al régimen garcíamecista parecen delitos de bagatela comparados con los del régimen moralesaymista.

Mencionemos algunos de los “espectaculares” hechos de corrupción de la dictadura mencionada: caso “La Gaiba” (tráfico de piedras semipreciosas), caso “Piscina olímpica” (apropiación de materiales de construcción, vidrios “ray ban”, principalmente), caso “Equipos petroleros” (sobreprecio en adquisición) caso “Puerto Norte” (sin condena por falta de prueba plena), caso “Diarios del Che y de Harry Villegas” (sustracción y venta). Pero el que más me llamó la atención es el caso “Cobro de cheque de $us 278.085.45”, que acabó sin condena por falta de falta de prueba plena. Es el monto que, grosso modo, equivaldría al triple en la actualidad y, aun así, no sería ni el apéndice del prontuario de la corrupción del MAS en estos catorce años; Solo el caso “FONDIOC” hace parecer a los de la dictadura ochentera como obra de carteristas.

¿Por qué, entonces, no solo que no hay una condena generalizada al régimen masista como la hubo contra el régimen garcíamecista, sino que Morales Ayma goza aún de cierto apoyo?, lo que le ha permitido, utilizando los órganos a su servicio, tener el tupé de hacerse de una candidatura en nombre de los derechos humanos.

Una respuesta posible, aunque indignante, es que la corrupción se ha normalizado socialmente y que, inclusive, una cantidad apreciable de personas la tiene por un valor en alza. Tal vez por esta razón, pues el fenómeno no es solo local, una mayoría de argentinos apoya el retorno del régimen más corrupto de su historia.

Un mu(n)do feliz

Fue Aristóteles, en su Ética a Nicomaco, quien definió la eudaimonia (la felicidad) –de algo sirve haber hecho unos cursos de Filosofía en mis años mozos, conservando algunos apuntes- como la actividad del espíritu por el conocimiento de la verdad, siendo el placer y la alegría tan solo ecos de tal acción. Para la filosofía griega, la felicidad es el bien supremo al que aspira el ser humano; es su verdadero sentido de la vida.

Fue Aldous Huxley, en su Un mundo feliz, quien imaginó un “Estado Mundial” regido por la trilogía “comunidad, identidad, estabilidad” en el que, mediante el uso de una droga de la felicidad, una estructura jerárquica (de castas) social, el condicionamiento de los niños y el procedimiento eugenésico tendente a la eliminación de los genes “fallidos” a fin de preservar los elementos citados, se construiría una sociedad en estado de felicidad permanente. Eso sí, a costa de arrebatar, a las personas y grupos de personas, lo que no hace humanos y sus extensiones: varios campos simbólicos, la diversidad cultural y, por ende, el libre albedrío.

Utopía filosófica e individual, la primera, y distopía política y social, la segunda.

Se puede enumerar una serie de posturas alrededor del tema, pero, de hacerlo, no me quedaría espacio para lo que traigo a cuento a propósito de la inclusión de una oferta electoral que promete felicidad a la población boliviana si es que la misma da sus votos al Ungido –aunque ilegal- en octubre.

El régimen consigna entre sus ofrecimientos al electorado un acápite bajo el denominativo “Disfrute y felicidad”, la promesa –consecuencia del “Vivir bien”, tan caro a los miembros de la nomenklatura masista, supongo- de una letanía de divagaciones que bajo la forma de atractiva envoltura lírica –al estilo del preámbulo de la Constitución- que, viniendo de donde viene, esconde algo más perverso.

En el colmo de la impostura, ofrece la eliminación del conflicto –no son palabras textuales, pero eso se lee entre líneas- ¿Qué significa esto? Nada menos que un paso más en la toma absoluta de poder que el régimen ansía: la proscripción del disenso. En suma, “su” felicidad.

Es cierto que buenas políticas públicas pueden elevar la sensación de felicidad de los habitantes de una determinada nación, pero, por mencionar un extremo, la población civil de una nación en guerra ¿debe sentirse feliz de que su ejército esté acabando con la población civil del “enemigo”? No olvidemos que la guerra ha sido usada como expediente para generar cohesión social cuando el poder político se siente amenazado. Incluso aceptando esta situación límite, resulta altamente sospechosa una felicidad presentada como oferta político-electoral.

Por cierto, e independientemente de variables externas (en la línea de Locke), los bolivianos, en considerable mayoría, se definen como intrínsecamente felices –recuerdo un libro de Ayala Bluske, Subdesarrollo y felicidad-, aunque la base material no deja de tener una relación directa en el aumento o disminución de esta sensación. El documento del régimen también cita la frase “el dinero no compra felicidad”; le dejo a usted escudriñar en el sentido de la misma.

Pero, ya ingresando en la negación de la realidad, el régimen vincula el mar a su promesa de felicidad. ¿Me perdí de algo? ¿La Haya reconsideró su fallo y ahora exige a Chile la otorgación de una costa con soberanía a Bolivia? ¿Es hora de tirar cohetes? ¡Pero qué felicidad!

Con estos elementos, qué clase de felicidad es la que promete el régimen, ¿la de Aristóteles o la de Huxley?; a mí me late que la última: “felices” pero mudos.

El TSE y su ominoso papel

                                                Detalle de viñeta de El Diario

Coincide la publicación de esta columna con el plazo para inscribir las listas provisionales para habilitar candidatos a diputados y senadores que intentarán hacerse de un curul en el parlamento. Digo “provisional” porque, como es habitual, hay un tiempo prudencial para arrepentirse, renunciar y ser sustituido por otro postulante o ser cambiado a la fuerza. Hasta ahí, no hay novedad, pero el inefable Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha ampliado esa gracia a los aspirantes a las dos primeras magistraturas que presentaron sus respectivas renuncias, luego de negar sistemáticamente la posibilidad de aceptarlas sustentándose en el carácter vinculante de las “elecciones primarias”, aceptando solo la muerte o impedimento permanente como causal de sustitución. Pero esta es solo la última tropelía del ente electoral. Volveremos sobre la misma luego. Entretanto, recorreremos parte del camino que condujo a este desastre.

Todo comenzó con la toma por asalto del organismo electoral por operadores del régimen luego de la última gestión institucional, a cargo de Salvador Romero Ballivián, cuando aún se llamaba Corte Nacional Electoral (CNE). De ahí en adelante, una entidad que había alcanzado altísimos grados de credibilidad comenzó a caer en picada hasta acabar en lo que tenemos hoy: una caterva de incompetentes sumisos al poder que juegan a quién es más obsecuente que el otro en su afán de quedar bien con el jefazo que los colocó en el cargo.

Se dice que todo tiene límite, pero que el límite de rastrerismo de los vocales en ejercicio, heredado –y “capitalizado” por éstos- de sus predecesores quienes, a su vez, lo heredaron de los anteriores, no parece estar próximo.

Puede parecer reiterativo mencionarlo, pero el punto de inflexión para la recomposición de la entonces CNE fue una situación similar a la que arrastra el TSE desde hace tiempo; me aventuro a afirmar que el problema del también conocido como Órgano Electoral Plurinacional (OEP) es mucho más álgido que el de aquella corte envilecida. La renovada Corte hizo de los principios de imparcialidad, neutralidad, autonomía e independencia, su divisa; los tribunales del régimen parecen haberla sustituido por fraudulencia, obsecuencia, ignorancia e incompetencia. Así, no hay manera de llevar adelante un proceso eleccionario mínimamente creíble.

Repitiendo el libreto de sus antecesores, los (evo)cales actuales se desentienden de las constantes violaciones que comenten los ilegales candidatos del régimen en su afán por engatusar a los votantes. Partiendo de la habilitación de tal dupla imponiendo unas primarias de dudosa legitimidad, puesto que no estaban previstas para esta oportunidad sino para los siguientes comicios generales, como afirman los proyectistas de la Ley de Organizaciones Políticas, todo ha sido un agachar la cabeza ante los designios de sus patrones palaciegos.

Asimismo, a la manera de sus “antiguos”, el empadronamiento sospechoso con traslado de ciudadanos de un municipio a otro, con casos sorprendidos “in fraganti”, ha sido moneda corriente (moneda corriente, literal).

Ya en el borde de la trapacería, los títeres del MAS, intentaron perforar el principio de paridad y alternancia en las listas. Solo la condena ciudadana les hizo volver sobre sus pasos.

Volviendo al comienzo, a lo último en realidad, con la aceptación de renuncias ampliada a candidatos al Ejecutivo, que les viene bien a dos partidos, se plantea la ruptura de la vinculancia de las forzadas “primarias”. Por tanto, corresponde también que sobre esto el TSE vuelva sobre sus pasos y enmiende el despropósito de habilitar a los usurpadores Morales Ayma y García Linera.

Financiamiento: la paja y la viga

Si hay un asunto en extremo delicado en época de campañas electorales, ése es el del financiamiento de las mismas. A mi manera de ver, el problema no es el monto –tanto la proclamación de austeridad como la confesión de éxito recaudatorio son sospechosas; la primera por lo de “quién les cree que gastarán tan poquito”, la segunda por lo de “de dónde sale tanta plata”-. Para evitar estas suspicacias, solo hay una fórmula, difícil de conseguir, sin embargo: se llama transparencia.

Me refiero al tema a raíz del revuelo causado por la revelación –infidencia, acaso- de una respetable cantidad de morlacos recolectados por una tienda política supuestamente en kermesses. No era necesario el eufemismo. Mejor llamar a las cosas por su nombre: si uno va con una encuesta favorable en una mano y un sombrero en la otra, los quibos empiezan a caer y sumar.

Por eso me parecieron muy oportunistas las reacciones de unos y otros ante tal cuestión. Por un lado, el Sr. García, nada menos que el operador más conspicuo del régimen más corrupto de la historia, juzgaba la paja en el ojo del rival cuando es inocultable la viga que cubre el suyo. Atribuía tal cifra a aportes del narcotráfico… ¿Acaso fue el opositor quien se chanceaba con Montenegro? ¿acaso fue el opositor quien andaba vinculado al clan Castedo? ¿acaso fue el opositor quien nombró Jefe de Inteligencia a Sanabria? El exabrupto alcanza su máximo grado de cinismo cuando está claro que la campaña del régimen maneja recursos astronómicos, y no hablo de los provenientes de los descuentos a los funcionarios.

Por su parte, otro partido en carrera aprovechaba para hacerse el ofendido, cuando no da la menor muestra de estrecheces y, por el contrario, parecería que goza de buena salud financiera.

Pero la reacción menos inteligente ha sido la de la propia organización que generó la polémica. Lejos de asumir que como candidatura exitosa puede conseguir inclusive más apoyo monetario que el barajado hasta ahora, se hizo la estrecha y poco le faltó para declararse en quiebra.

Si la transparencia fuera absoluta, nadie tendría que andar dando explicaciones a cada paso. Simplemente, se conocerían las cantidades de los aportes, los nombres de las personas, empresas o entidades que los abonaron y el destino que corrieron. La eliminación del anonimato debería ser una condición, así se evitarían los “donativos” demasiado generosos, de dudoso origen y, a la vez, condicionados.

Si esto le suena a demasiado cándido, recuerde la hábil estrategia de Barack Obama para obtener fondos: redes, centavo a centavo. Se dirá que es otro contexto –cada vez que alguien quiere desoír algo, dice que “es otro contexto”- pero lo bueno puede ser adaptado, mejorado incluso, a otra realidad. Para el caso, la nuestra.

Hace aproximadamente una década, Julio Aliaga, mi persona y un desarrollador, diseñamos una herramienta que garantizaba a quien quisiera emplearlo –obviamente tenía un costo operativo- una recaudación de fondos totalmente transparente proveniente de adherentes a una campaña, desde el registro hasta el destino de los recursos (accountability), pasando por el abono. Dicha herramienta iba “casada” con un sistema de peticiones similar al AVAAZ.

La conclusión a la que llegamos es que a nadie le interesó un instrumento que transparentara los aportes (ni siquiera a algunos potenciales aportantes, quienes preferían sus nombres en reseva, en pruebas piloto que hicimos).

Esta es la neta, estimado(a) lector(a). Lo demás, son pajas y en el caso del régimen, vigas.