¿Por qué el reclamo de Morales Ayma no "prendió" en la ciudadanía?

 

A poco de celebrar cinco años de la gran gesta ciudadana que derivó en la fuga del señor Morales Ayma y posibilitó la sucesión constitucional que, luego de una cadena de renuncias, recayó en Jeanine Áñez -como recalqué varias veces, lo que pasó posteriormente es otra historia-, es pertinente recordar que quien, de manera despectiva, se refirió al movimiento que, harto de los actos antidemocráticos del cocalero (desconocimiento del referéndum que puso freno a su aspiraciones de reelección indefinida y el fraude que montó para darse como ganador en primera vuelta en las elecciones de 2019 en las que participó con la anuencia del TCP que, a petición suya, declaró la reelección indefinida como “derecho humano”) se volcó a las calles en defensa de la democracia, fue precisamente quien le dio la identidad con la que pasará a la historia.

En un acto de soberbia, algo recurrente en él, se expresó así sobre la ciudadanía indignada: “Me he sorprendido, ahora dos, tres personas (están) amarrando ‘pititas’, poniendo ‘llantitas’. ¿Qué paro es ese (...)? Soy capaz de dar talleres, seminario de cómo se hacen las marchas a ellos, para que aprendan”. Sin proponérselo, le dio a la gente el arma nominal con la que se caracterizó la formidable epifanía: “Las pititas”.

Algo extraordinario que hay que recalcar es que la gran manifestación civil no ocurrió por móviles económicos (“determinante en última instancia”, de acuerdo al marxismo). Me atrevo a decir que ni siquiera fueron móviles políticos (en el sentido partidario del término), sino éticos, humanos.

A un lustro de tal acontecimiento, parecería que ahora sí en la prescripción de la dialéctica marxista “estarían dadas las condiciones” para un estallido social a consecuencia de la situación de la economía, bastaría con que se genere una ola similar a la de 2019 para poner en cuestión al Gobierno.

Con la nariz que tiene, Morales Ayma artículo una serie de protestas sobre la base del malestar provocado básicamente por tres elementos: ausencia de divisas (dólares), escasez de combustibles e inflación creciente.

Supuso seguramente el hombre que, al ser preocupaciones extendidas en toda la sociedad, la ciudadanía, haciendo de tripas corazón, se plegaría a la “causa” del trópico para luego, muy a su estilo, montarse en la lucha y ser aupado como candidato y “salvador”. Está claro que esto no ha sucedido no va a ocurrir. Lo que sostiene al bloqueo pro Morales Ayma es el accionar de una minoría (eficaz, ciertamente) focalizada en Cochabamba, descomunalmente amplificada y ridículamente teatralizada (como bien describe Diego Ayo en su más reciente columna).

Entonces, ¿por qué la ciudadanía no picó el anzuelo? Para decirlo en fácil: porque no come vidrio. Está claro que la crisis económica, de la cual es corresponsable, le tiene sin cuidado al bien acomodado señor Morales. Lo suyo es lo de siempre: el poder, hoy esquivo para él por dos motivos: su inhabilitación para ser candidato y su conducta sexual proclive a deshonrar a niñas.

El (no)involucramiento de la ciudadanía no debe ser interpretado como indiferencia ante la flagelante situación económica ni como un apoyo implícito al gobierno de Luis Arce (aunque a éste le haya servido como amortiguador de los embates del “evismo”).

Con estas precisiones queda claramente establecido que, desde 2019, la ciudadanía es un factor central en la definición del rumbo político de la sociedad.

A treinta años de la gran Reforma Constitucional de 1994

 

Ni por nostálgico, ni por retrógrado; escribo sobre el aniversario de algo que ya no existe, pero cuyos preceptos marcaron el proceso de institucionalización de la democracia en Bolivia, y lo hago con la convicción de que aquel proceso constituyente de reforma parcial de la CPE puso al país al día en la modernización del Estado y en la instauración de institutos jurídicos especializados. Por otro lado, amplió el espíritu inclusivo de la Constitución de 1967 a actores que permanecieron “invisibilizados” hasta el año de la reforma de la cual trataremos a continuación.

Si bien la entrada en vigencia de esta reforma parcial de la CPE ocurrió durante el periodo presidencial de la primera gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada, el origen y posterior proceso de su concepción datan de los Acuerdos “Mariscal Andrés de Santa Cruz” del 9 de julio de 1992 -Gestión Paz Zamora- suscritos por representantes de todo el arco político con representación parlamentaria. El acuerdo número 5 fue precisamente “Reforma de la Constitución” -vale la pena enumerar los otros, dado que algunos de ellos fueron constitucionalizados por la reforma que abordamos: Reforma y Modernización del Poder Judicial; Registro Civil y Registro Único Nacional; Reformas electorales; Reforma Educativa; Elección del Contralor General; Juicio a García Meza; Ley de partidos políticos; y Ley de industrialización de la coca-. Es de destacar el hecho de que, pese al cambio de Gobierno, el debate sobre la necesidad de reforma constitucional y de los cambios a incluirse en la misma, siguieron un curso institucional ejemplar.

Finalmente, el 12 de agosto de 1994 se promulgó la Ley 1585, de Reforma de la Constitución Política del Estado. Ya bosquejadas genéricamente previamente, revisemos los puntos, alcances y trascendencia de aquella reforma.

De entrada, en la forma de Estado (Artículo 1) se incorporaron las expresiones “multiétnica” y “pluricultural”. La caracterización “pluri-multi” de la nación boliviana ya ocupaba grandes espacios en los foros que la sociedad civil organizaba a propósito del momento constituyente. Los parlamentarios tan sólo recogieron ese espíritu ciudadano para incorporarlo al texto constitucional. La CPE actual en vigencia acuña la caracterización “Estado plurinacional”, en contrasentido a la construcción de la nación boliviana,

En la misma línea, la reforma de 1994 visibilizó y reconoció plenos derechos a los pueblos indígenas (ya reivindicados en la “marcha por el territorio y la dignidad”, en 1990).

Una de las reformas que particularmente, junto a activistas de mi generación, esperamos que se cristalizara en la CPE -nos llevó años de campaña ponerla en agenda. Nobleza obliga: los vicepresidentes Ossio y Cárdenas, presidentes, a su turno, del Congreso, se “pusieron la camiseta”- fue lo que se conoce como el “voto a los 18”, que es mucho más que eso; es la ciudadanía, la mayoría de edad, derechos civiles y algo de políticos. La CPE actual mantiene dicha conquista.

En asuntos electorales, se incorporó la elección de diputados uninominales -el órgano electoral determina periódicamente las circunscripciones uninominales-. Asimismo, la extensión del periodo presidencial de cuatro a cinco años. Ambas figuras se mantienen en la CPE actual.

En lo administrativo, se dio los primeros pasos hacia la descentralización, aunque no se mencionó el término “autonomías”.

En lo jurídico, se instituyó el Tribunal Constitucional para el control de constitucionalidad, el Consejo de la Judicatura como ente disciplinario y el Defensor del Pueblo, para la representación ante la vulneración de los derechos humanos. Estas instancias se mantienen en la CPE actual -dos de ellas con otro nombre, Tribunal Constitucional Plurinacional y Consejo de la Magistratura- pero completamente desnaturalizadas y al servicio del poder.

Fue una Gran Reforma.

Síndrome postcensal

 

Sin ser estadístico o demógrafo, desde mi posición de ciudadano con algo de sentido común y algo de información fehaciente, he escrito un puñado de columnas sobre los censos, a partir del de 2001. Lo he hecho, en cada caso, en las etapas pre y post.

Dada mi edad, soy consciente de haber vivido cinco procesos censales y, hasta donde recuerdo, los dos anteriores al mencionado no causaron aspaviento alguno como lo vienen haciendo desde aquel. Un factor transversal lo explica en parte -sólo en parte-: hasta el anterior al de ese año, los censos eran meros actos administrativos y de planificación: luego, prácticamente se tornaron en instrumentos políticos (de poder) y económicos (de distribución).

El de 2001 -antes de que a nadie se le ocurriera hablar sobre un dichoso “Estado plurinacional”- al influjo de románticos activistas “anticolonizadores” que afinaron el discurso con los aires del Quinto Centenario (1992) de como usted quiera llamar a la llegada de don Cristóbal a esta parte del mundo –“descubrimiento”, “encuentro”, “invasión”, etc.- y lograron que el INE introdujera la famosa pregunta de la “autoidentificación étnica”. Xavier Albó se congratulaba por ello.

El asunto causó un gran equívoco descomunal: muchos ciudadanos, por cierto impulso emocional, se adscribieron a algún grupo “originario” arrojando un 62% de población “indígena” (del cual, probablemente ni la mitad hablaba la lengua “originaria”). Posteriores estudios, no gubernamentales, determinaron que la autoidentificación como “mestizo/a” sumaba un 64% de la población. Es posible que esta última hubiese aumentado, pero la boleta censal del reciente censo no incluyó -porque se caería el discurso del tal “Estado plurinacional”- tal opción.

El de 2012 fue un gran fiasco técnico -más de un año y medio para revelar el resultado “oficial”-. El de 2024 (que debía haberse hecho en 2022) comenzó ya con gran controversia y, luego de la cifras globales ya conocidas, tiende a sacar más roncha.

A eso le llamo “Síndrome postcensal”. ¿Tiene que ser un acto de esta naturaleza algo tan traumático? En un Estado serio -y el Estado masista no lo es- no tendría porqué ser así. Seguramente, estudios independientes darán una mejor panorámica de la distribución demográfica, pero los mismos no tendrán carácter “oficial” (el único que lo tiene es el del Censo de Población y Vivienda que lo ejecuta el Gobierno de turno). Así es que por mucho que la razón asista a quienes critican el resultado del reciente censo, será difícil, sino imposible modificarlos: Habrá que esperar al menos 10 años para que un Gobierno serio desarrolle un censo en serio.

Entre los elementos que deben ser explicados por el régimen está, por ejemplo, la cifra de decesos a causa de la pandemia. Durante la misma, el Gobierno se jactaba de que el índice de fallecimiento por esta causa era bajísimo (22 000 muertos). Hubo quienes advirtieron que se ocultaba información (“Alertan que la cifra de decesos por COVID-19 es mucho más alta que la oficial” -titular de Los Tiempos, de 2021”) y ahora resulta que el INE, para justificar la disminución de la población asegura que hubo 140 000 muertes -leyó bien, ciento cuarenta mil- por COVID-19. ¿Quién mintió?

Pero aún siendo así, la cifra no alcanza (ni con los otros elementos: migración, menos nacimientos en las ciudades) para cubrir la merma respecto a los cálculos previos.

Para cerrar… resulta que ahora, el campo se está repoblando -se dice que su tasa de fecundidad es mayor a la de las ciudades: puede ser, pero las tasas son términos relativos (10 parejas con 3 hijos cada una, hacen 30; 50 parejas con un hijo cada una, hacen 50)-. Interesante dato que contradice todas las tendencias demográficas en el planeta Tierra. También tributa a esta “disminución” urbana, el retorno para el día del censo de los “residentes” a sus comunidades rurales. Habría que pensar, para el próximo, una pregunta como “¿Cuál es su lugar de residencia habitual?”.

La merma también es atribuida a la migración -con el consiguiente subtexto de “¿a qué se debe que los bolivianos se están yendo del país?”.

Repito. Todo aquello puede ser atendible; pero tengo la sensación de que aún sumando toda aquella población “perdida”, sigue habiendo un enorme boquete respecto a las proyecciones. Dudas razonables, al menos.

Si de verdad quisieran austeridad

 

A riesgo de ser “impopular” –cosa que me tiene sin cuidado, pues no voy en busca de votos–, dado que haré de abogado del diablo, daré mi parecer sobre una propuesta que, recurrentemente, aparece en tiempos de ajuste de cinturones.

Imaginemos una familia de cinco miembros, tres hijos en edad escolar, de acomodado pasar que, apremiada por deudas que contrajo para sostener ese tren de vida, decide hacer recortes a su presupuesto con el fin de limitar sus gastos.

Como medida de austeridad, los proveedores de la economía familiar deciden bajar a la mitad el monto que reciben los niños en calidad de “recreo” diario. Supongamos que tal suma solía ser Bs 10; entonces, desde hoy reciben Bs 5. El supuesto recorte es Bs 75 por semana, es decir, Bs 300. No está mal, podría pensarse, hay familias que con ese monto hacen el mercado del mes (Arce Catacora calculaba la canasta familiar básica en 100 por semana). Pero, como muchas, la familia en cuestión persiste en guardar las apariencias, no hace ningún recorte a los gastos grandes, prescindibles en su mayoría: sigue consumiendo desmedidamente, sigue frecuentando restaurantes de alta cocina, ergo, caros, sigue haciendo viajes de placer y hospedándose en hoteles de lujo, etc., etc. Gastando, en suma, más de lo que ingresa.

Si de verdad optara por la austeridad, esta familia tendría que vender dos de los tres vehículos que posee, limitar, o eliminar durante un tiempo, sus gastos de entretenimiento y placer, y adoptar un estilo de vida más acorde con su realidad; no digo cambiar de colegio a los niños, que sería un caso extremo de recorte.

Este introito viene a propósito de los cíclicos pedidos de disminución de sueldos a los ministros y a los parlamentarios para, supuestamente, paliar la crisis, cada vez que hay problemas económicos en el país. Estas peticiones gozan de gran popularidad entre la gente y otorgan un halo de heroísmo a quienes las abanderan.

Sin embargo, más allá del efecto simbólico que pueden tener, tales demandas suenan a demagogia dado que el supuesto “gran ahorro” que generaría tal disminución es, en realidad un exiguo consuelo.

Si el despilfarro, el descontrol del gasto y la corrupción siguen en pie, así se bajarán el sueldo a la mitad, la crisis continuaría como si nada hubiese ocurrido para paliarla, puesto que las causales para la misma seguirían incólumes.

Si se quiere eliminar algo del gasto corriente insulso, lo he dicho antes, se podría comenzar por eliminar, o dejar “congeladas”, algunas entidades prescindibles como ser DIREMAR –que ya no tiene razón de ser– la Procuraduría que, si bien ha mejorado algo con el cambio de su titular, no parece cumplir su cometido –además subcontrata oficinas de abogados, cosa que podría hacer cualquier otra instancia afectada por un laudo arbitral u otro tipo de demandas–, la Defensoría del Pueblo, institución anodina desde hace casi una década: un mejor trabajo por los DDHH lo pueden hacer (de hecho, la APDHB  dirigida por Amparo Carvajal lo hacía hasta que fue intervenida por el régimen) ONG, con financiamiento no estatal.

Aunque éste sería un recorte más efectivo, sería, igualmente, poco significativo ya que, como se sabe, la crisis tiene causas estructurales y su remedio requiere una cirugía dolorosa –de dólar–.

Y, aunque ya se ha repetido hasta la saciedad, cierro con algunas medidas que atacan al mal de fondo:

-Reducción del aparato estatal. Requiere no sólo la supresión de entidades como las mencionadas, sino de algunas otras, además de la depuración de miles de “supernumerarios” que, prácticamente, cobran si trabajar.

-Limitar a los estrictamente necesario el gasto en propaganda (y, por supuesto, dejar de financiar a medios por amiguismo)

-Eliminar –ahora derivado a u referéndum– los subsidios a los combustibles.

Cortar de raíz el despilfarro y la corrupción.

Baños de sangre

 

Esta columna pretendería ser una reflexión sobre el lenguaje, pero me adelanto a decir que fracasaré en el intento ya que, como un sino de inevitabilidad, dada la referencia ya presente en el título, me (nos) conducirá a lo de costumbre: una reflexión sobre el poder y sus entresijos.

Pero, eso sí, comenzaremos por el lenguaje, para lo que cito a Mauro Rodríguez Estrada: “Es un hecho que las personas muy importantes e impactantes de la sociedad y quienes tienen madera para constructores y guías, son conscientes de que la vida moderna es una constelación densa de comunicaciones, la mayoría de ellas verbales: la política, la diplomacia, la educación, la gerencia, las ventas, la capacitación, el ministerio religioso, la psicoterapia, el deporte organizado, los espectáculos… son el reino de la comunicación”.

Comporta pues, para quienes, desde la palestra pública, hacen uso de la legitimidad que les da su posición, asumir, a lo Hombre Araña, una gran responsabilidad a la hora de verbalizar sus criterios. Evidentemente, una misma frase pronunciada por un poderoso (político, para el caso) y por un ciudadano “de a pie” tiene enormes distancias de alcance, de influencia y de respuesta.

Esto viene a cuento porque las últimas semanas tres líderes han “coincidido” en la emisión un grueso concepto que, por lo dicho anteriormente -y ya en un caso se están dando situaciones lamentables- llaman a enfrentamientos fratricidas en sus respectivos Estados. Trump, Maduro y Morales Ayma prometieron un “baño de sangre” (el boliviano no usó esos términos, pero sus traductores, como el alcalde de Sucre, emplearon frases como “Bolivia puede arder”, o sea convulsión -palabra que usó el expresidente- violenta, sangrienta) en caso de no acceder al poder – Morales todavía tiene que sortear la “inhabilitación” que pesa sobre él-.

La campaña de Trump reaccionó rápidamente para matizar lo dicho por su candidato -el clásico “fue malinterpretado”- pero, paradójicamente, el republicano fue la primera víctima de sus palabras, cuando un desaforado atentó contra su vida en un acto público. No quiero ni imaginar lo que hubiese sucedido si el sujeto lograba su objetivo. Eso sí, sacó partido del hecho para distanciarse en las encuestas de su entonces oponente, Biden -hasta que Khamala Harris se le cruzó en su triunfante camino-.

Lo de Venezuela lo estamos viviendo en directo. Maduro prometió un “baño de sangre” si perdía en las recientes elecciones. Y está cumpliendo… o sea, sabe que perdió.

En cuanto a nuestro propio fraudulento, éste amenazó con convulsionar al país en caso de que se lo inhabilitara para las próximas elecciones. Como ya se mencionó, sus serviciales fueron mucho más allá de una convulsión convencional. Ahora que aparentemente habrá un referéndum para dilucidar el entuerto, ¿mantendrá la amenaza de resultar derrotado en el mismo? Conociéndolo, es capaz de eso y de mucho más con tal de hacerse del poder.

La beligerancia de estos tres personajes linda con lo demencial. Que los ciudadanos no se hagan eco de tales provocaciones.

¡Oh, Capitán! ¡Mi Capitán!

 

Tendría yo diez años y mi hermano, ocho. A mis papás se les ocurrió mandarnos, sin que nadie se hiciera cargo de nosotros (¿se atreverían en estos tiempos los padres a mandar así a sus hijos?), por ferrobús, a Sucre, donde unos tíos nos recibirían -nunca supe por qué mi hermano, de nueve años, no nos acompañó, pero recuerdo que, con el ferrobús en movimiento, él exclamaba “no viajen, no viajen”-

Ya era estronguista -he contado en otros escritos la razón; en resumen: el siniestro aéreo de Viloco- pero nunca había ido a un estadio a ver un partido -mis papás no eran “de ir al match”- y resultó que mi tío y mis primos sucrenses sí lo eran. Ellos, estormistas (del Stormers); nosotros, del Tigre. Fue toda una epifanía -un “insight”, como se dice ahora-. Las figuras del aurinegro eran el boliviano Mario Pariente, el argentino Luis Fernando Bastida, y el aún paraguayo Luis Esteban Galarza. Desde entonces, me convertí en asiduo de las graderías.

De algún modo, conocía a los jugadores. El dueño de la embotelladora de gaseosas “Oriental” era también presidente del club y una de las promociones de sus productos era completar el equipo de entonces con tapitas en las cuales se encontraban los nombres de los jugadores. Justamente, “las claves”, esas tapitas difíciles de conseguir eran… Bastida y Galarza. Ya desde entonces, el arquero-símbolo del equipo era un ídolo. Probablemente, el premio al completar el plantel era una pelota. No la obtuve.

“¡Oh, Capitán! ¡Mi Capitán! -declamó con voz potente-. ¿Quién sabe de dónde es este verso? Vamos, ¿nadie lo sabe?”. Así se presentaba ante sus estudiantes el profesor Keating en la película “La sociedad de los poetas muertos”.

“-Pues bien, sabed rebaño ignorante, que este verso lo escribió Walt Whitman en honor de Abraham Lincoln. En esta clase podéis llamarme señor Keating o, si sois más atrevidos, ´Oh, Capitán, mi Capitán´”.

Para mí, y para miles de Tigres, Galarza fue eso: El capitán de capitanes.

El barco sano y salvo ha echado el ancla, el periplo por fin ha concluido;
del azaroso viaje, el barco victorioso regresa logrado el objetivo.

Laudato Si’: pelos y señales (Artículo publicado en la revista "Pluma y Papel" de la carrera de Periodismo de UNIFRANZ)

 

Las encíclicas son los documentos más importantes, en términos de doctrina, que los papas elaboran durante el ejercicio pontificio. Aun siendo muy extendido el tiempo en el que tienen a su cargo el destino de la Iglesia, generalmente emiten una sola, misma que llega a ser una suerte de sello de su administración del Vaticano.

Concebidas, en principio, como cartas pastorales dirigidas a la feligresía sobre temas de la fe, exclusivamente –y, por tanto, de alcance limitado a los fieles católicos-, a partir del siglo XIX dieron un giro hacia “asuntos varios”, como se dice en el orden del día de una reunión. Desde entonces, las encíclicas, si bien se producen dentro del ámbito eclesiástico, suelen abordar, también, temas que van más allá del mismo abarcando un campo de influencia mucho mayor.

Dentro de un año, la primera encíclica del siglo XXI cumplirá diez. Pero antes de ocuparme de ella, objeto del presente artículo, mencionaré, a manera de antecedente, a dos de sus predecesoras, enmarcadas en la Doctrina Social de la Iglesia, correspondientes a los siglos XIX y XX.

Se trata de las célebres “Rerum Novarum” (León XIII, 1891) y “Laborem Exersens” (Juan Pablo II, 1981). La pongo juntas porque ambas se ocupan, en general, de “lo social” y, en particular, del trabajo, abordando asuntos de carácter económico y político. La primera sirvió, inclusive, como inspiradora de corrientes políticas (socialcristianismo, democracia cristiana). Podría decirse que la segunda recoge, en buena medida, preceptos de aquella como la dignidad del trabajo y ambas coinciden en su crítica tanto a los excesos del capitalismo como al marxismo.

Para referirnos a Laudato Si’ (Alabado seas), la encíclica que firma el Papa Francisco I, hay que tener el cuidado de, si acaso uno tuviese reparos respecto al rol que el pontífice dio al Vaticano, de separar una de otra. Independientemente de la persona, el documento es un texto de enorme valía para la humanidad. Una vez más, la carta papal excede el ámbito de lo confesional para tratar asuntos terrenales –en este caso, nunca mejor dicho- apoyada, por supuesto, en la doctrina eclesiástica. Por tanto, su influencia y sus prescripciones son de alcance general al género humano.

Laudato Si’ da la línea para repensar la relación seres humanos – madre tierra y actuar en consecuencia. Tal es su importancia que ha permeado las discusiones medioambientales en todo foro, no siempre acompañadas de la voluntad política para adoptar sus orientaciones.

Así pues, se constituye en un llamado casi desesperado a las personas, instituciones y Estados (a través de sus respectivos gobiernos) a involucrarse en el cuidado y la preservación del planeta como la casa de todos -la Creación, en términos de la fe-; en el mejor sentido de sostenibilidad, integra lo social, lo económico y lo propiamente ambiental.

Aspectos como la contaminación, la deforestación y, fundamentalmente, la explotación irracional e incontrolada de los recursos naturales, tienen preponderancia en “la laudato”. Dicho de manera amplia, todo aquello que ahora es parte de la causa medioambientalista, y su correspondiente “plan de acción”, se encuentra en ella.

Más allá de la reflexión, siempre importante, esta encíclica es un llamado a la acción a los fieles, en primera instancia, y a la humanidad en su conjunto, sin distinción alguna. En este sentido, en más de un análisis de la misma, se la ha calificado como “poderosa”.

Adentrándonos en los fundamentos filosófico-confesionales de la carta, vemos que la misma vuelca la balanza en favor del ecologismo integral en oposición al antropocentrismo –quien piense que las Escrituras contienen un discurso unitario al respecto, está completamente errado. En los textos bíblicos se puede encontrar un sinnúmero de contradicciones, entre la que se encuentra, justamente, la mencionada, repartida en varios libros y versículos, unos más inclinados al antropocentrismo y otros, a lo que llamamos ecología-. Cuestiona, asimismo, con el dualismo cartesiano al ser considerado éste como el causante de la poca consideración que el ser humano para con su entorno.

Laudato Si’ está próxima a cumplir diez años, goza de plena vigencia y señala un camino, arduo pero generoso, para conciliar los intereses personales con la preservación de la casa grande.