Siempre he sostenido que la forma “partido(s)” es consustancial a la idea de democracia. Y, con algo de optimismo, que no ingenuidad, fui de los que tenían la esperanza de que los problemas del sistema de partidos debían ser solucionados desde el interior del mismo. La propia inercia de sus componentes, así como la aparición de corrientes “antipartidos” -lideradas, curiosamente, por exdirigentes de los propios partidos- fueron dando lugar a remedos de tales, expresiones residuales, sustitutos corporativos y siglas en alquiler.
Que los partidos
“tradicionales” cometieron pecados de gran envergadura -fueron permisivos con
la corrupción, degradaron la democracia interna, connivencia con dictaduras,
institucionalizaron el cuoteo, etc.- por supuesto que sí; pero que, llegado el
momento, se la jugaron (la vida de sus militantes, inclusive) por la
instauración de la democracia, no tiene discusión.
Los primeros embates
interpelativos señalaban a la “partidocracia” (supuesto monopolio de los
partidos respecto a la representación ciudadana). Desde mi óptica, se trata de
una falacia: hablar de “monopolio” está relacionado con aquello que se conoce
como “partido único”, propio de las dictaduras, sobre todo de las de tinte
comunista. Dicho denominativo, aceptado acríticamente, contradice la naturaleza
misma de la esencia del significante “partido”, es decir la partícula, no la
totalidad (totalitarismo). Y, como en la química, varias partículas interactúan
dentro de un sistema, democrático para el caso. Por el contrario, en Bolivia
llegó a darse una ultrafragmentación -más de treinta en las elecciones de
finales de los 70-.
Así surgieron las
agrupaciones ciudadanas, con habilitación en elecciones subnacionales y con la
posibilidad de establecer acuerdo con los partidos en las generales. Y, en la
misma modalidad, los pueblos indígenas inscritos como tales en el Órgano
Electoral.
Una gran aberración que
persiste es el accionar de los llamados “movimientos sociales” que, negando la
naturaleza de su ser, suplantaron a los partidos. Los movimientos sociales son
grupos de interés que representan a gremios en sus demandas particulares.
Cuando devienen en actores político-electorales dejan de ser aquellos y entran
al campo de los partidos: el de la búsqueda o la conservación del poder. Juan
Lechín la tenía clara: no utilizó a la COB para fines electorales; para ello
creó un partido, el PRIN. En el primer caso tenía un respaldo absoluto de los
trabajadores; en el segundo, obtenía votaciones discretas. Mis respetos.
Si bien he mencionado
varias veces el término “partido(s)” -no encuentro un sinónimo exacto; me pasa
lo mismo con “música”- los que tenemos actualmente, unos más, unos menos, no
llegan a cumplir las principales características de su función de representación:
la intermediación entre la sociedad civil (grupos de interés incluidos) y el
Estado, y la agregación de demandas, además de no presentar, en su desempeño
interno, comportamientos orgánicos y democráticos. Son, como acertadamente se
los ha caracterizado, “maquinarias electorales” que se activan para cada
periodo proselitista. Y siguen mostrando una tendencia a la volatilidad. Si
alguno(s) de su(s) miembro(s) no está de acuerdo con lo que, democráticamente o
no, decide el resto, simplemente se margina y prueba a fundar otro. Es
inevitable que dentro de un partido coexistan varias corrientes -disidencias,
inclusive- como también es deseable que, una vez decidida una línea de acción
por mayoría, los militantes la sostengan donde corresponda -Legislativo, Ejecutivo,
elecciones, debates…-
La recualificación de la
democracia implica una revalorización de la forma “partido”. Esto es proceso
que toma tiempo y no creo que para 2030 pueda alcanzarse algo así, pero, por
ejemplo, las reformas a la ley electoral que plantea el TSE pueden contribuir
en algo a este propósito.
Si me permiten definir la
democracia interna partidaria la puedo expresar como “La decisiones se toman de
forma horizontal; pero, una vez tomadas, se cumplen de forma vertical”.


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