Hacia finales de los 80 y mediados de los 90, si la memoria
ni me engaña, se multiplicaron los casos de los conocidos como “créditos
vinculados”, es decir, aquellos préstamos que, con dinero de los depositantes,
se daban entre los socios de una entidad bancaria. La situación se tornó
insostenible y varios bancos fueron intervenidos, algunos de sus ejecutivos y directivos
purgaron penas y luego de las liquidaciones, el Estado canalizó la devolución a
los ahorristas, cuentacorrentistas y depositantes a plazo fijo. Se encargó
también de ejecutar cobranzas a los deudores.
En 2002, durante el gobierno de Jorge Quiroga Ramírez, la
OEA, a través de su instancia de derechos humanos, emitió un fallo condenatorio
contra el Estado boliviano, en relación a la desaparición, que obedecía a
móviles políticos, del ciudadano José Carlos Trujillo, estableciendo una
indemnización a su familia y urgiendo a dar con la ubicación de los restos de
éste. Entiendo que, al menos, se cumplió con lo primero. Lo ilustrativo del
caso es que el hecho había sucedido durante la dictadura de Banzer, vale decir,
unos veinticinco años antes; pero lo más significativo fue que el gobierno de
Quiroga no puso objeción alguna: “Respetamos los convenios”, dijo, y así fue.
Es más, fue el propio Ejecutivo el que hizo pública la sentencia; no la ocultó
ni acusó a la OEA de estar al servicio del Imperio o de cosas peores.
El miércoles 21 de noviembre de 2012 se realizó el último
censo de población y vivienda. El Gobierno de entonces tardó una eternidad en
evacuar los resultados, pero en un momento en el que se encontraba arrinconado
por el escándalo de la red de extorsión, el Presidente, en ostentoso acto,
presentó datos “provisionales”. En censos previos, efectuados “a la antigua”,
los resultados preliminares ya aparecían en las portadas de los periódicos a los
dos días de su verificativo: “Somos (la cantidad respectiva)” se anunciaba.
Hoy, de alguna forma, el régimen se juega la vida en casos
análogos, aunque con sus propias características.
Digo yo que, si la Gestora se ponía en marcha a los tres
años de la aprobación de la Constitución, no hubiese habido mayores
observaciones. La gente estaba como obnubilada por el llamado “proceso de
cambio”; pero luego de una década y un sinfín de casos de malos manejos de
recursos públicos –más de uno con características de megacorrupción- la
ciudadanía, con razón, desconfía de aquella y, con todo lo que pueda decirse,
prefiere la administración privada de sus aportes. El Estado tiene una deuda
nutrida con las AFP´s, ¿Ahora será deudor de sí mismo? ¿Y si continúa “prestándose”,
no estaría incurriendo en la figura de crédito vinculado?...
Si bien, luego de causar un remezón en el régimen, el
informe de la CIDH sobre el caso “Hotel Las Américas” ha perdido algo de relevancia
mediática, sigue vigente; un ministro admitió la vinculatoriedad de las recomendaciones
contenidas en el mismo, pero el fiscal se niega a iniciar las investigaciones
que apuntan a Evo Morales Ayma –quien ha admitido su responsabilidad en las
ejecuciones extrajudiciales (“A confesión de parte…”)-. Se expone el Estado a
una condena en la instancia de la Corte-IDH. Y ahí, no hay escapatoria.
De decir que casi todo estaba listo para que el censo se
realice el 16 de noviembre de este año, el Gobierno pasó a decir que no había
casi nada hecho y que pateaba la pelota hasta el 2024. Claramente, consideró un
cálculo político para tal postergación. Las consecuencias pueden ser fatales
para el propio régimen que tiene en los tres puntos anotados (Gestora-IDH-Censo)
un verdadero triángulo de las Bermudas que lo puede terminar de hundir.
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