Ni las normas, ni las formas

Los hechos con los que comienzo esta columna dejaron de ser noticia; sin embargo, aunque a muchos les parezca que mencionarlos no tiene sentido, ya sea porque hay otros temas –de los que también me ocuparé- más relevantes o porque lo que diré sobre ellos se dirige más a la forma que al contenido –en apariencia- los considero paradigmáticos para graficar el modo en el que régimen conduce el poder a contramano de una buena práctica de las leyes.

Para referirme al primero de ellos, me permito reproducir del artículo 4 de la Constitución Política del Estado la parte concerniente a mi observación: “El Estado es independiente de la religión”.

Tal es la caracterización del Estado laico –a mi juicio, el criterio más notable introducido en la CPE de 2009-. El boliviano no es más aquel Estado confesional que abrazaba una religión “oficial”, así garantizase la libertad de culto.

Esta prescripción constitucional que, como todas ellas, deber ser cumplida y hacerse cumplir por quienes están en función de gobierno tiene en su máxima autoridad a su mayor violador.

Hace dos meses, con motivo de la ordenación cardenalicia de Toribio Ticona, el presidente Morales Ayma, junto a dos de sus ministros, muy suelto de cuerpo, se largó hasta el Vaticano para “acompañar”, pretextando ser su amigo, al sacerdote en la ceremonia de investidura. No recuerdo, por ejemplo, que el Presidente de entonces se hubiese “colado” a la asunción de Julio Terrazas como purpurado ¡Y eso que era el tiempo del Estado católico (aunque garantizador de la libertad de culto)! El mensaje del Ejecutivo es demoledor: no acatamos ni la Constitución (la norma), ni nos preocupa la paupérrima imagen que mostramos al mundo (la forma).

Como vemos, no había sido un asunto de poca importancia. Como no lo fue el siguiente: luego de consumado el alejamiento del expresidente de la Cámara de Senadores (parte del Poder Legislativo), quien hizo el anuncio del nombre de su sucesor –por poco no le toma posesión- fue el Presidente del Estado (Poder Ejecutivo). ¡Qué demonios tiene que disponer el representante de un poder sobre el cargo de uno de otro poder! La justificación ya la habíamos escuchado antes, de boca del propio mandamás del régimen: “La separación de poderes es un invento del imperialismo yanqui”.

Lo vergonzoso del caso es que la CPE, artículo 12, prescribe que “la organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos” (Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral). Se verifica, una vez más, un olímpico desprecio por la norma y el poco cuidado por las formas.

Lo propio puede afirmarse, ya entrando en asuntos que atañen a la pervivencia misma de la democracia en nuestro país, del tratamiento que, desde su derrota en el referéndum del 21 de febrero de 2016 que inhabilita la candidatura –la propia CPE ya lo impide- del actual Presidente al mismo cargo. Fue durante este régimen que la entidad electoral recobró el carácter de Poder del Estado pero, paradójicamente, cuando no lo tenía, además de gozar de la confianza de la ciudadanía, no se subordinada a los dictados del poder político y tenía, en su materia y competencia, la electoral, la última palabra; hacía respetar su independencia, gozaba de autonomía, demostraba imparcialidad y obraba con neutralidad frente a los reclamos que se le presentaban.

Ha llegado el momento en el que el TSE defina si quiere asumir, como lo prescribe la norma constitucional, su condición de Poder del Estado y hacer prevalecer sus disposiciones en el marco de sus atribuciones o prosternarse ante el poder político y rifar la democracia.

Y cuando creías haberlo visto todo...

La combinación de un régimen en franco estado de descomposición –decadente y cínico- y su correlato, un caudillo reducido a grotesca caricatura de sí mismo, está produciendo situaciones, actuaciones y declaraciones que en un contexto regular serían inverosímiles pero que en la ruina institucional presente se constituyen como la norma(lidad).

Difícilmente encontraremos –para ello tendríamos que comparar el estado actual de las cosas con el del tiempo de los caudillos bárbaros, según la categoría arguediana, o remitirnos a la Uganda de Idi Amín- paragón con lo que sucede hoy en Bolivia.

Ya a comienzos de su régimen, el señor Morales Ayma mostraba signos de progresivo desvarío, fruto, imagino, de su borrachera de poder: su delirio coprolálico se manifestaba en la frase alusivas a las heces fecales (caca) respecto de las relaciones con Estados Unidos y, más tarde, desafiando a algunos expresidentes a cagar en el Tipnis –cuando éstos le aceptaron la “invitación”, el tipo se hizo el loco-.

Como aquellas, son innumerables las sandeces que perpetra el aludido ante la adulonería de quienes viven a costilla suya, aplausos incluidos. Y como el jefe, al estilo del juego del “mono mayor”, da la pauta, sus serviciales replican las fechorías de manera discrecional.

Siendo el Presidente el más connotado denigrador de la condición femenina, sus empleados creen que tienen la misión de andar metiendo mano a cuanta mujer se les cruce en el camino. Al menos así sucedió en la inauguración del palacio erigido a la “gloria” de su morador azul, cuando señoras periodistas, en función profesional, acudieron a cubrir el acontecimiento. Poco tiempo después el propio gobernante se jactaba de haber sido abordado por una muchacha que le habría solicitado ser depositaria de su sacrosanto semen para darle un hijo.

Otro “hermano” se encargó de ir dejando su leche en prostíbulos alteños. No es que no pueda hacerlo; el problema es que llevaba consigo símbolos caros a la historia patria. Ya muchos colegas se han referido a la gravedad del hecho que el régimen trató casi como una anécdota. Puedo añadir a lo que ya dijeron, que el hecho devela el profundo desprecio del régimen por la República y lo republicano, reafirmando su talante autocrático –recordemos que, luego de 183 años de formar parte consustancial del ejercicio presidencial, fueron sustituidos por símbolos advenedizos del denominado “Estado Plurinacional”, y depositados en la bóveda del BCB, saliendo sólo, aunque nadie parece respetar el protocolo (¿existe?) de su manejo, para los fastos por la fundación de Bolivia-.

Otro que no quiso quedarse atrás en esta impúdica exhibición de vergüenzas fue el diputado masista Soto (con “p”) quien, muy suelto de cuerpo, mostró sus corruptas carnes envueltas en vulgares contorsiones y amenazador griterío. Ningún productor de “reality shows” podría haber imaginado escenas tan procaces como las descritas.

Cabría decir que, con tales groserías, uno ya lo vio y escuchó todo; pero como ningún miembro del régimen quiere quedarse atrás, no faltó quien –lo oí en por radio en un minibús- reconociendo que el No se impuso en el referéndum del 21F (reconocerlo ya es algo), acotó que “sólo fue por el 1,5%” y que “no era una diferencia abrumadora”, por lo que “el hermano Evo” tenía todo el derecho de volver a postularse. No alcancé a identificar al personaje que dijo tal barbaridad, pero como que ya está de buen tamaño de tanta inmundicia humana, ¿no?...

Por fortuna, restan sólo algo más de 500 días para que esto se acabe.

En buena ley

                          Viñeta: Frank Arbello

Uno de los operadores del régimen, cuyo nombre no recuerdo, expresó su vaticinio de que 

el MAS ganará las elecciones de finales de 2019 para el periodo 2020-2025.

Me parece muy bien. Sería insólito que el militante de una tienda política anuncie a los cuatro vientos que su agrupación participará para ser derrotada en un proceso electoral.

Es más, si así fuera –si ganase el MAS- a mí, como demócrata que soy, me gratificaría enormemente. Eso sí, con un detalle no menor: que lo hiciese en buena ley.

Hacerlo en buena ley quiere decir al menos tres cosas: que el proceso electoral sea limpio, que el MAS no use abusivamente los recursos públicos en propaganda y en campaña, y, claro, que respete la Constitución y el veredicto popular del 21 de febrero de 2016 postulando a las dos primeras magistraturas a candidatos distintos de quienes las ejercen hoy, individuos inhabilitados para optar a dichos cargos. Tres aspectos que el régimen está muy lejos de aceptar.

Se dice, desde el gobierno, para desviar el tema de fondo –la ilegalidad de la intentona re-re-repostuladora- que esta posición responde al temor de quienes nos oponemos a este régimen a la candidatura del “invencible”; una falacia, a juzgar por las encuestas recientemente divulgadas, en las que el caudillo no sale ni regularmente parado –no supera el umbral del 30%-. ¿Quiere el MAS perder en la próxima elección? Insista (e incluso consiga) meter a los señores Morales Ayma y García Linera en carrera por la presidencia y vicepresidencia respectivamente.

En mi lectura, el desgaste, luego de más de doce años de ejercicio discrecional del poder, le está pasando factura (¡recién!) a los jerarcas del régimen. Asimismo, la brecha entre quienes apoyan el “no” y el “sí” se ha ampliado drásticamente en favor de los primeros. 

Vale decir que una buena parte de quienes votaron por el “sí” el 21F, ahora forman parte del grupo contrario, probablemente desencantados con la falta de honorabilidad de Morales Ayma y compañía, al haber desconocido el resultado y haber buscado formas muy próximas a las mafiosas para habilitar al deshonesto mandatario.

Sucede que, como todo proyecto construido función de un caudillo, el “instrumento político”, como le dicen, no ha generado liderazgos de recambio, porque tan pronto como algún miembro del mismo comenzaba a asomar cabeza, se la cortaban. Ahora que el caudillo no puede, en ley, postular, tal instrumento ingresa en un círculo vicioso en torno al mismo sujeto.

Ya que “adentro” no tiene a una figura atractiva –que encarne el liderazgo carismático tan caro al populismo- se me ocurre que podría obtener buenos resultados (en su caso, mejores que los que podría obtener el desportillado Morales Ayma) recurriendo a personajes no orgánicos pero, creo, cercanos al “proceso”.

Me atrevo, esperando no lo tomen a mal (y más bien como un cumplido), a sugerir unos nombres en tal sentido: pienso en Marco Antonio Etcheverry (“Diablo Presidente”), quien solía liderar protestas frente a la embajada de Bolivia en EEUU en defensa de la autonomía, hasta que fue cooptado por el régimen e incorporado al equipo presidencial. Sigo con Elmer Hermosa (si quieres platita tener, hay que arrimarse al poder); el MAS ya hizo alcalde a su colega Cholango, quien dejó a su municipio en condiciones lamentables. Al menos el Kjarka no es bebedor consuetudinario. Finalmente, la más seria de mis sugerencias, está doña Remedios Loza, hoy alejada del ámbito público, quien, bajo el auspicio del régimen, podría tener un desempeño electoral extraordinario.

Como ya lo expresé, si lo hacen en buena ley, que ganen sería una contribución a la democracia; de otro modo, sería un paso más hacia su destrucción.

El proyecto de LOP y el 21F

Aún lejano de las preocupaciones cotidianas, pero a la espera de una mayor deliberación sobre sus virtudes y problemas -en la medida en que nos aproximamos a las elecciones generales- fue presentado el proyecto de Ley de Organizaciones Políticas que podría entrar en vigencia este año si es que los actores con poder de decisión tienen la voluntad de tratarlo.

Antes de ingresar en algunos aspectos de su contenido, es digno de ponderar el hecho de su elaboración –y posterior puesta en debate- por dos motivos: el primero es que dos de los consultores que participaron en la misma –Carlos Hugo Molina y Salvador Romero Ballivián- están lejos de simpatizar con la dictadura en curso (Romero fue el último presidente del órgano electoral cuando éste aún gozaba de la confianza ciudadana), y el segundo, al menos en las intenciones, es que estaría poniendo freno a ciertas tendencias dentro del MAS para instaurar un régimen de “partido único” –monumental falacia-.

Por auspiciosa coincidencia, ocurrió que el mismo día, en el mismo lugar, pero en distinto ambiente y con distinto público, el Tribunal Electoral Plurinacional (TSE) y la Asociación Boliviana de Ciencia Política (ABCP) realizaron sendos conversatorios de socialización a propósito del mentado proyecto. Mi persona participó en el segundo de ellos.

Para sintetizar dicho encuentro nos concentraremos en los temas más sensibles, en uno de mi particular interés y, en la relación –suspicacia mediante- de alguno con el 21F.

Transfugio. El proyecto considera tres cuestiones, de las cuales dos entran en contradicción con un artículo que garantiza a los militantes el derecho al disenso (36,g). La otra es obvia y tiene en el diputado Víctor Gutiérrez a su más emblemático exponente: este señor llegó a decir que candidatear por un partido y, a las primeras de cambio, pasarse a otro fue una movida “táctica”. La ley debería prescribir que ante casos como el mencionado, el órgano electoral debería actuar de oficio retirando al tránsfuga y devolviendo el curul a la organización a la que corresponde el mismo.

Alcance. Los partidos sólo podrán concurrir a elecciones generales, reservando las subnacionales para agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas. Pero, ¿qué clase de discriminación es ésta? ¿acaso los partidos no tienen sus instancias locales?

Financiamiento. Enhorabuena, se restablece el financiamiento público y se regula el privado. Sin embargo, mientras no exista una ley de publicidad estatal, el financiamiento disfrazado de comunicación crea una brecha abismal entre la organización en función de gobierno y el resto del sistema.

La formación política ciudadana, que es el asunto que me apasiona, está prescrita, en su financiamiento público, para “años no electorales. Mi consulta es si, por ejemplo, un año en el que realice un referéndum se considera “no electoral” o no –probablemente el reglamento lo aclare-. Por otro lado, no especifica la proporción de los recursos destinada a este efecto. Al respecto, el artículo 53 de la Ley de 1994 señalaba: “Los recursos… serán entregados a los partidos políticos por la Corte Nacional Electoral, sujetos a rendición de cuentas documentada, mediante depósitos a las cuentas bancarias fiscales asignadas a los partidos políticos con arreglo a las previsiones de la presente ley y al Reglamento que, para tal efecto, apruebe el órgano electoral”.

Por último, está el asunto de las primarias. En esta materia no está en cuestión el método propiamente dicho, sino la sospecha de que podrían vaciar de contenido al 21F, legitimando la nominación, mediante este mecanismo, de los personajes a quienes la ciudadanía les dijo “no”. Fue la propia presidente del TSE quien, con voz temblorosa, dio a conocer el resultado vinculante de la consulta popular. Bien haría, ahora –como lo hizo el proyectista Molina reiterando la imposibilidad de la candidatura de Morales Ayma a la Presidencia- en ratificar esta situación para evitar mayores suspicacias.

PD1: No vi una prohibición expresa para la venta de siglas.

PD2: Mientras no se sanee el padrón electoral, ninguna ley será suficiente para garantizar elecciones limpias.

Mucho quibo(rax)

Escena uno: La protagonista, una alta funcionaria de un régimen corrupto, deja por un momento la reunión que sostiene con un grupo de mafiosos aduciendo que debe arreglar cuentas con su vejiga en la toilette. En el interín, dentro de su despacho, el lobbysta, que ya había acordado la acción con la dama, se dirige hacia la computadora de ésta que, por supuesto, tiene toda la información confidencial del Estado y la extrae sin apuro. Diez minutos después –“estos cafés tan ricos”- la mujer vuelve para continuar la negociación con cara de “yo no fui”.

Escena dos: En magistral acto de magia cabildera, la defensa legal del Estado logra una acuerdo de resarcimiento con la empresa a la que un Gobierno anterior le había revertido sus concesiones en el salar de Uyuni por sólo tres millones de dólares que la firma afectada considera justo, monto mucho menor que los cuarenta millones –que luego llegó hasta un descomual ciento cincuenta- que había solicitado al comienzo del arbitraje al que se sometieron ambas partes. Un exprocurador señala que el trato no se materializó porque en el proceso se detectaron hechos dolosos.

¿No hubiese sido adecuado pagar esos tres millones, dar por concluido el pleito y recién ocuparse de los documentos fraguados que, en cualquier caso, no afectaron la resolución del tema a favor del Estado?

Escena tres: Vencido el tiempo para saldar la cuenta con tres millones, la empresa vuelve a su posición inicial, cuarenta millones, y luego va aumentando sus pretensiones hasta arrancarle al Estado cuarenta y dos millones, seiscientos mil dólares de “compensación”, acuerdo que se celebra con un fuerte apretón de manos entre los representantes de las partes.

Estos 42,6 millones son 14,5 veces más que aquellos 3 millones.

Escena cuatro: Puesta en evidencia la regalona manera en la que el Estado defiende sus intereses, al régimen no se le ocurre mejor idea que culpar al expresidente Mesa de tal descalabro; extremo que, por supuesto, no se sostiene por ningún lado pero, ya sabemos, el régimen puede hacer lo que se antoja con la justicia porque forma parte estructural del mismo.

Escena cinco: En otra circense “interpelación” previamente cocinada entre el Procurador y el partido de Gobierno, los ministros “interpelados” fueron ovacionados por el sumiso rodillo oficialista. La nota destacada la puso el propio Mesa quien se presentó en el Parlamento quien, una vez concluido el acto teatral, señaló que éste fue el inicio del juicio que el régimen le seguirá prontamente.

Preguntas: A continuación adapto un cuestionario con preguntas que no han sido convincentemente respondidas por los operadores del régimen.

¿Qué motivó –por favor brindar una respuesta verosímil- la no concreción del preacuerdo de resarcimiento por $us 3.000.000 a Quiborax? ¿En qué anda el caso de falsificación de un acta por parte de representantes de Quiborax? ¿Hubo luego otro preacuerdo por $us 27.000.000? Si así fue ¿por qué no se materializó? ¿Cómo sube abruptamente el monto hasta alcanzar el definitivo de $us 42.600.000? ¿Por qué el Estado se dejó timar de tal forma? ¿Qué rayos se hará con la exsubprocuradora que dizqué dejó abierto su mail y que los demandantes se aprovecharon de su nobleza? ¿El representante de Quiborax fue parte del equipo chileno en el juicio por promesas no cumplidas con Bolivia respecto al tema marítimo?

Conclusión: Soy partidario, por principio de seguridad jurídica, de que toda empresa, nacional o internacional, que sea afectada por el Estado reciba una justa compensación por ello, pero cuando es más que evidente que el Estado se ha dejado esquilmar de esta madera, los involucrados –operadores del régimen- deben asumir su responsabilidad, pero parece que tanto quibo(rax) los ha vuelto caraduras.

Tiempo de sanción social

En un Estado de Derecho, vale decir, para el caso, aquel en el cual la justicia es independiente del poder político, las sanciones contra éste se administran por la vía jurídica. Pero cuando el poder judicial es controlado por aquel, y la sociedad se siente inerme ante la impunidad con la que regodean los operadores de un régimen corporativizado en función de evitar ser juzgado por conducto regular, surge el fenómeno denominado “sanción social” que, sin poseer fuerza punitiva, sí tiene carácter testimonial y poder moral.

La ciudadanía, para llegar a esa manera de expresar su repudio por las acciones cometidas por los poderosos de la política de turno, debe haber agotado las instancias jurídicas formales en su afán de hacer valer sus derechos.

Pero ante la oclusión de tales vías por parte del Estado, la gente recurre a formas más expeditas de manifestarlo. Surge así, ahora sin entrecomillado, la sanción social, como ha nacido por estos días con hechos que han dejado desconcertados a quienes han sido objeto de la misma: el Presidente, el Vicepresidente y el Defensor del Pueblo. Autoridades de menor visibilidad han sentido también, en carne propia, la repulsa a sus personas proveniente de la sociedad.

El fenómeno, que tiende a crecer, se ha presentado tardíamente en nuestro medio dada la extrema tolerancia con la que la ciudadanía soporta toda clase de abusos ejercidos desde el poder. La gota que colmó su paciencia fue la trastada del régimen contra la voluntad popular expresada el 21 de febrero de 2016 que puso coto a la ambición del régimen de perpetuarse en el poder. Aduciendo un supuesto derecho humano, los jerarcas del régimen desoyen al soberano con la venia de un Tribunal Constitucional sumiso a sus designios.

El primer gran gesto de sanción social ocurrió durante la inauguración de los administrativamente, más no deportivamente, cuestionados Juegos Odesur, con lo que pasó a conocerse como el “Caprilazo” (por haber ocurrido en el estadio Capriles). La silbatina generalizada cohibió a Morales Ayma de emitir el discurso inaugural, optando éste por una humillante escapada.

El Doctor García no la está pasando mejor. No hay lugar en el país en el que un estudiante no le interrumpa el discurso o lo incomode con preguntas inteligentes. El “Bolivia dijo No” lo persigue doquiera se encuentre. En un arranque de desconcierto ha confesado que la situación le “da rabia”, lo que no puede ser sino una buena noticia para los demócratas del país; si bien, por lo pronto, personajes como el susodicho no irán a parar a prisión, por lo menos sienten el repudio de la ciudadanía: de eso se trata la aplicación de la sanción social.

Sin embargo, ha sido el remedo de defensor del pueblo que tenemos –el rastrero más grotesco de la política local- quien ha recibido la más directa sanción social en el reciente periodo. Lejos de ayudarlo, la bochornosa reacción de su esposa lo ha puesto en una situación aún más incómoda.

Intentando zafarse del ridículo, este operador del régimen ha salido con que los derechistas le tienen envidia por ser marxista. Si alguien me ayudase a desentrañar tan lúcido concepto se lo agradeceré de corazón; realmente me supera.

Ahora bien, estas acciones ciudadanas se darán de manera cada vez más espontánea y se multiplicarán en tanto el régimen persista en desconocer el resultado del 21F.

El tiempo de la sanción social ha llegado. Que los operadores del régimen vayan entendiendo que no podrán salir a la calle sin recibir un gesto de repudio mientras continúen irrespetando al soberano. Bolivia dijo NO.

Lanzar la canica (y esconder la mano)

El título de esta columna tiene un componente literal y otro figurado. Se refiere, en lo inmediato, a los recientes hechos suscitados a raíz de una demanda presupuestaria de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) que derivaron en la muerte de un estudiante, ocurrida en momentos los que él y sus compañeros de protesta se replegaban luego de participar en las movilizaciones organizadas para expresar su reclamo. La circunstancia en la que el ahora fallecido joven fue alcanzado por el disparo de la canica que le quitó la vida es ya un acto de la más grave violación al derecho a la vida; no ocurrió en un momento de enfrentamiento –incluso si así hubiera sido, seguiría siendo algo absolutamente condenable, una desproporción en la contención de una manifestación-.

¿Cómo pudo un pedido de tal naturaleza desembocar en un asesinato cometido por el Estado en contra de un ciudadano? Fíjese que la solicitud misma de la UPEA no acaba de convencerme dada su dosis de irracionalidad, pero el deber de un Estado democrático es establecer una negociación en la que, con argumentos, se delimiten las posibilidades de atenderla. Negarla de entrada sólo contribuye a exacerbar los ánimos de la parte demandante.

Pero más atroz aún es la actuación del ministro a cargo de la seguridad del Estado quien, con el cadáver todavía tibio del universitario, se lance a asegurar que fueron sus propios compañeros de estudios quienes le dispararon esos proyectiles de vidrio que en nuestros juegos de infancia llamábamos “canicas”. Ese servidor público amenazó públicamente con seguir proceso a quienes pusieran en duda esa peregrina explicación que, aseguró, tenía una base científica.

Tal base nunca fue expuesta dado que la versión del funcionario terminó cayéndose por su propia insostenibilidad. Ese momento correspondía la inmediata renuncia de dicho sujeto quien, en cambio, insincera disculpa previa, ofreció la cabeza de un pelele a quien le echó toda la responsabilidad del crimen: un policía de baja graduación que, según el titular de la cartera de Gobierno, actuó por cuenta propia –por el gusto de matar, digamos-.

Hasta aquí lo literal. Pero, vaya casualidad, resulta que esta manera de zafarse de las responsabilidades –de no asumirlas- ha sido una constante en lo que va de la administración gubernamental durante los últimos 12 años.

La Calancha, El Porvenir –ambos casos con saldo mortal- o Chaparina, por mencionar tres hechos infaustos, tienen en común que el régimen se desentiende de su responsabilidad en los mismos y, lo peor del asunto, acaba por “superarlos” sin un mínimo de cargo de conciencia. Además de las ya trilladas atribuciones a otros –“la derecha”, “el imperio”, “los neoliberales”- de sus propios crímenes, se han escuchado dislates mayúsculos como el de sugerir que las víctimas se habrían autoinfligido heridas y daños mayores –suicido, se entiende- en escenarios de conflicto. Lo de la ruptura de la cadena de mando ya es un clásico de su manual de operaciones.

¿Qué nos dice todo esto? Pues que el régimen tiene una técnica, un método, para deslindarse de cualquier hecho que lo involucre no sólo en la muerte por represión violenta de conciudadanos (más de medio centenar en situaciones similares de conflicto social) sino en temas de megacorrupción y hasta de escándalos de alcoba.

Tantas veces como lanza la canica, tiene la habilidad de esconder la mano y quedar impune. Y para ello cuenta con una estructura de poder que lo hace posible.

Como ciudadano me siento desprotegido e impotente ante tanta iniquidad. ¿Cómo pudimos llegar a esto?