Sucursales del Ejecutivo

A vista y paciencia de una población más ocupada en resolver sus problemas cotidianos, el régimen estuvo desmantelando la institucionalidad democrática y demoliendo su fortaleza –el estado de derecho-. A la fecha no queda piedra sobre piedra de una construcción laboriosa que, aún en desarrollo, brindaba a la ciudadanía ciertas garantías en el ejercicio de sus derechos humanos, civiles y políticos. La gente come, sí, pero lo hace con la boca cerrada –por temor a las represalias-, delegando a algunos activistas, por ejemplo, la lucha por el respeto al voto del 21 de febrero de 2016 que sepultó el insano propósito del tirano de perpetuarse en el poder. Que el régimen hubiese perdido toda vergüenza en tal afán y utilizase los recursos más abyectos para burlarse de la voluntad popular es algo que no se hubiera dado sin el uso perverso que hizo de los poderes, convertidos en instrumentos al servicio del déspota.

Lo cierto es que, en los hechos, hay un solo poder: el Ejecutivo. Por lo demás, lo que se pretende hacer creer que lo es, apenas llega una suerte de sucursal –agencia, si se prefiere- de aquel.

La sucursal legislativa es, desde que el régimen se hizo de los dos tercios, solo una receptora de las iniciativas del poder único. No hay espacio para el debate, no se escucha a la minoría, el rodillo es absoluto. Dicha sucursal se dedica a dar curso a las órdenes del jefazo sin mayor cuestionamiento, limitando su acción propia a asuntos que, si bien son de alto valor –distinciones, declaratorias, reconocimientos- carecen de la complejidad de las leyes sustantivas. Curiosamente, la única ley que fue enteramente elaborada por esta agencia, fue la de Procedimiento Penal, abortada luego de su promulgación dado el absoluto rechazo ciudadano a la misma. Respecto a su función fiscalizadora, tres cuartos de lo mismo, al extremo que las interpelaciones se han convertido en un trámite para aplaudir al o la interpelado(a). Recientemente, la Ministra de Comunicaciones pidió ser interpelada antes que querellada penalmente; es obvio por qué lo hizo.

La sucursal electoral es la mejor muestra de cómo una institución que llegó a ser la más confiable del país, fue demolida en diez años de ser administrada por el régimen. Su sumisión al régimen es tan obscena que da lo mismo que los procesos electorales los administre el Ministerio de Gobierno o cualquier otra instancia gubernamental –Diremar, por ejemplo-. El resultado será el que el Jefazo pida.

La sucursal judicial es de miedo. No sabemos demasiado sobre el Tribunal Agroambiental –parece, sin embargo, que la deforestación le tiene sin cuidado-, ni nos incumbe directamente el Consejo de la Magistratura; pero el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional… ¡Dios nos libre!

El primero, a través de su Presidente, un lambiscón sin pudor alguno, expresó su sometimiento incondicional al Ejecutivo, agraviando a la prensa en el camino.

El TC es la expresión más grosera de la decadencia institucional. Por segunda vez consecutiva dio curso a las órdenes del tirano para hacerse habilitar inconstitucionalmente a otra elección. Lejos está el tiempo en el que un TC independiente restituyó al entonces diputado Morales Ayma su curul de parlamentario luego de que el oficialismo de entonces procediera a su desafuero.

Mención deshonrosa merece la sucursal defensoril, dirigida por un pelele puesto por el régimen para hacer exactamente lo contrario de lo que la función de la institución está llamada constitucionalmente a hacer.

Como bien dice el señor Morales Ayma, “La división de poderes es un invento de Estados Unidos”