Presente "blanco"

 

El motivo por el que coloreo de blanco esta columna tiene su origen en el sugestivo nombre que el órgano del régimen puso al suplemento que dedicó al aniversario patrio: “Bolivia construye un futuro blanco”. Se refiere al advenimiento de la era del litio, recurso gracias al cual el país vivirá las próximas dos décadas. La metáfora empleada –“futuro blanco”- da, sin embargo, pábulo a otras interpretaciones, dado el periodo tiznado de blanca, valga el oxímoron, que cubre la agenda pública.

Por tanto, se me ocurre, no es el futuro sino el presente el que se pinta de ese no-color, técnicamente hablando. Y eso es terrible.

Desde que está en el poder, el régimen masista ha estado negando –pese a lo insostenible de seguir haciéndolo, hay quienes siguen en tal negacionismo-  dos hechos por demás evidentes:

-       Bolivia es un país productor de cocaína; no sólo de tránsito de la misma.

-       En Bolivia se han instalado cárteles del narcotráfico transnacional.

Sobre lo primero, hace unos doce años, un efectivo de la FELCN ya retirado, cuyo nombre mantendré en reserva hasta mi último día, me dijo, a manera de confesión, que la instrucción que cumplía era la de intervenir toda la “merca” procedente del exterior, pero que a la “industria nacional” –son sus propios términos- se la protegía. En otros términos, había que atacar a la competencia. No es la primera vez que lo cuento por escrito.

Los más recientes hechos ligados a las mafias narcotraficantes y sus nexos con instancias estatales -que, supuestamente, deberían advertir la presencia de sujetos sospechosos- han alcanzado grados descomunales de escándalo por las características de sus operaciones con base en Bolivia.

Tiempo antes de que se conociesen los casos “media tonelada por BOA” y “Marset”, el régimen, mediante su ministro Gobierno, anunciaba la destrucción de factorías de cocaína en el Chapare –confirmando la condición de país productor- utilizando el superlativo “histórico” a tiempo de hacerlo. Lo sugestivo del asunto es que, si bien se afectaban las instalaciones, no se daba cuenta de algún detenido en tales operativos, en lo que parece ser una constante de los mismos: alertar a los operadores de las organizaciones de narcos de tales intervenciones para darles tiempo de “borrarse”.

Para no recibir críticas en tal sentido, cuando estalló el caso “BOA” se arrestó a algunas personas, entre ellas al encargado del montacargas; y, cuando se destapó el caso “Marset” se llegó hasta quien manejaba las finanzas del grupo. Pero, hasta la fecha, ni noticias de los “capos”.

Otro pendiente, en ambos casos, es la actitud contemplativa con los funcionarios de entidades gubernamentales que “facilitaron” la presencia y la labor non-sancta de los criminales en cuestión: soplones, tramitadores, extensores de autorizaciones, como la hija de Nemesia Achacollo, etc.

Este es nuestro presente blanco. Pero mirando al futuro, y poniendo las esperanzas en otro recurso no renovable, constatamos que la mentalidad y práctica rentista, extractivista y primario-exportadora (aunque se asegura que lo del litio es parte de la industrialización) están absolutamente arraigadas en el boliviano, que deposita toda esperanza en la próxima “bendición de la naturaleza”. Ya pasó con la plata, con el estaño y con el gas, lo que viene ligado a la conquista del poder en tanto apropiación del excedente. Tal es el presente, en su acepción de “obsequio”, griego que la Pachamama nos regala una vez más.

Cocaína y litio. Blanca y blanco. Presente y futuro. Bienaventuranza y condena.

A pedido de "Su Excedencia"

 

Hasta antes de 2016, todo parecía salirle a pedir de boca al expresidente Morales Ayma. Entre otras cosas, se lanzó a un revocatorio que consolidó su poder y barrió con todos los entonces llamados prefectos de oposición, de Cochabamba y de La Paz –y con la propia oposición, podría decirse-, lo que supuso que gobernase aplicando un rodillo parlamentario arrasador y con el poder judicial absolutamente cooptado por su régimen (luego, con la nueva CPE, vendría la toma del poder electoral). En la cima del poder casi total(itario), convocó a Asamblea Constituyente logrando la mayoría (aunque no dos tercios) de asambleístas que respondían a sus designios –hay que recordar que todos los constituyentes de las circunscripciones urbana de La Paz eran militantes del MSM, de Juan del Granado, entonces incondicional del denominado “proceso de cambio”-. No sin dificultades para la aprobación del texto final, sin embargo, el referéndum constitucional arrojó cifras apabullantes en favor de la CPE –Zaratti la llamó “COPOLMA” (Constitución política masista)- y fue promulgada con aires de refundación prometiendo Morales no menos de 500 años de vigencia de la misma. Uno de los acuerdos previos para su desentrabamiento fue que el siguiente periodo presidencial, en caso de que Morales Ayma se postulara y ganara sería considerado el segundo, con lo que, de acuerdo a la nueva CPE, no podría postularse a uno subsiguiente. Pero, hecha la ley, hecha la trampa- el reelecto se las ingenio, con un TCP a su servicio, para declarar ese segundo periodo como primero y así poder seguir reeligiéndose –Declaración Constitucional 003-2013-. Hasta ahí, todo fue color de rosa azul.

Pero tan pronto como asumió su tercer (segundo) periodo, y ante la imposibilidad de aplicar la anterior receta, comenzó a pergeñar la manera de reelegirse ad infinitum. Y ahí comenzaron los tropiezos. Seguramente confiado en que el control absoluto de los poderes volvería a darle gusto –el pedir y que le cumplan se volvió una costumbre- pidió (o sea, no fue la oposición la que lo hizo) un referéndum con el fin, en la idea de que solo era una formalidad a ser “bendecida” por el TSE, de atornillarse en el poder “forever”, jurando en el camino, que, si perdía por un solo voto, se iría calladito a su cato. Pues la ciudadanía, por mucho esfuerzo que el órgano electoral hiciese para acortar distancia, dijo NO –el recordado 21F-. Inmediatamente, el régimen montó una operación judicial para burlar el resultado y habilitar forzadamente a Morales Ayma – Sentencia Constitucional 084-2017-.

Completamente deslegitimado, se lanzó a la candidatura en 2019 y recurrió al fraude para hacerse una vez más del poder. Ante la evidencia, esta vez “Su Excedencia” pidió a la OEA una auditoría vinculante que, obviamente, ratificó las irregularidades. Perdido, intentó una nueva convocatoria. La ciudadanía, hastiada, no se dejó timar otra vez.

Ya en los prolegómenos de su huida, “Su excedencia” hizo otros pedidos: “pidan mi renuncia” a unos y “renuncien” al resto, obviamente buscando generar caos, violencia y vacío de poder. Por tercera vez, un pedido suyo se estrellaría con la realidad -y “Su Excedencia” tuvo que pedir un avión-: sin apartarse de la sucesión constitucional, dando continuidad a la labor legislativa y dando lugar a la transición, se sorteó el vacío de poder generado por el régimen fraudulento.

Esa "poshistoria"

 

Entrecomillo, en principio, la palabra del título para que no se confunda el uso que le daré con los sentidos corrientes del término, a saber: “Referencia a la historia de los acontecimientos que ocurrieron después y como consecuencia de un hecho determinado”; “periodo posterior a la historia convencional”; “conjunto de proyecciones históricas, en el que se consideran las acciones del ser humano sobre su medio natural y social para hacer predicciones sobre futuros acontecimientos (rama de la futurología)”  -https://www.elsaltodiario.com/diccionario-posverdad/posthistoria-.

La intencionalidad que le doy tiene relación con la denominada “posverdad”, a modo de intertexto de la misma: Si la posverdad es la distorsión tendenciosa de un suceso informativo, la poshistoria vendría a ser su correlato en el ámbito de la historia –cuya gravedad es mucho más peligrosa que la de la falsedad de una noticia (coyuntura) dado que su alcance espacio-temporal tiene carácter estructural-.

La historia tiene carácter interpretativo, desde luego. No debería haber tal cosa como una “historia oficial” única y lineal. Pero para que hay historia debe haber hechos sobre los cuales los historiadores, en primera línea, y el resto de los seres humanos, luego, puedan discurrir (discutir) sus interpretaciones sobre los mismos –por ejemplo, el arribo de Colón y sus muchachos a las costas caribeñas es aún hoy juzgado como “El descubrimiento de Ámerica”. Les Luthiers, que, a propósito, estarán en nuestro país próximamente para cerrar su creativa carrera, tienen una divertida parodia al respecto; mientras para otra corriente, se trata del “Encuentro de dos mundos”-. Si no hay hechos, no hay materia “historiable”. Puede haber, eso sí, y de hecho los hay, mitos y eso no tiene nada de malo. La grosería es hacer pasar –forzar- los mitos por historia.

Y desde hace unos años, por estos lares, la poshistoria ha sentado sus reales. Los mitos no solo son necesarios, son, inclusive, deseables; generan cohesión entre miembros de una colectividad que comparten una visión del mundo. Los mitos fundadores dan identidad, aunque todos parten de una idea muy similar sobre la creación. La especie humana, a diferencia de otras, es una especie simbólica y sus miembros, nosotros, a partir de cierto periodo de construcción intelectual, desarrollamos una “membrana” que separa lo mítico de lo histórico, lo racional y lo científico. A ese conjunto de elementos lo conocemos como cultura, en sentido amplio.

Nuestro filósofo Guillermo Francovich escribió sobre los mitos profundos de Bolivia. En la introducción del libro que los reúne, dice que “constituyen importantes factores históricos que es necesario conocer”, lo que entra en colisión con lo que acabo de argumentar. Obviamente, yo le quito “históricos” y proclamo que los mitos constituyen importantes factores que es necesario conocer. Y todo ser humano debe hacerlo respecto a los que abraza su colectividad justamente para impedir que algunos congéneres quieran llevarlos a planos de la “poshistoria”, en el sentido que acá le hemos dado.

Otra vertiente de la misma, al margen del mito intemporal, es la de la pura invención (falsificación) de la historia, al extremo de, con la pretensión de adoctrinar ideológicamente, llevarla a textos escolares –complementada, además, con manifestaciones escénicas, ritos y símbolos recién inventados que se quiere hacer pasar por “milenarios” u “originarios” cuya intención no es otra que la ir borrando la historia (los hechos); objetivo absurdo, por cierto-.

Castillo de harina

 

“Tres suicidios al hilo” podría llamarse una novela policial cuyo argumento entrelace persecución política –un Gobernador secuestrado, y posteriormente apresado, por el aparato represor de un régimen autoritario-, narcotráfico –media tonelada de cocaína transportada en un vuelo comercial de una línea estatal-, delitos financieros –un banco fraudulento apañado por la autoridad supuestamente encargada de su control-, unas coimas groseras justificadas como “adelantos” y el asalto a la sede de una entidad de derechos humanos por parte de huestes del partido de Gobierno. Y, claro, unos curiosos “suicidios” a lo largo de la trama.

La crítica literaria la trataría horriblemente por lo exageradamente truculenta –inverosímil, por tanto- y, sin embargo, quienes vemos tales hechos en la cotidianidad local sabríamos que el autor no habría hecho esfuerzo alguno para ponerlos en forma de narrativa. Una vez más se certifica que la realidad puede llegar a ser más sorprendente que la ficción más exagerada. Lo curioso es que, en tiempo real de su acontecer, estas anomalías no parecen asombrar a nadie; es como si se hubiesen naturalizado y los ciudadanos estén resignados a convivir con ellas con los ojos vendados.

Para aquellas personas que no están anoticiadas, una aproximación a estos asuntos podría ser tomada como un afán de “espoilear” (revelar el argumento de la obra), pero para quienes los conocen sólo será un recuento de los hechos sucedidos en este lamentable tramo del ejercicio de un poder envuelto en harina.

Un buen (mal) día de fin de año, sin ningún tipo de miramiento, un grupo de matones gubernamentales interceptó el vehículo en el que se desplazaba el Gobernador de un próspero departamento, lo maniató, lo trasladó a la Sede del Gobierno, lo sometió a un proceso cuasi sumario y lo encerró en la cárcel de máxima seguridad; todo ello por ser militantemente opositor al régimen central(ista). El preso continúa aislado y, en el interín, uno de sus abogados resultó muerto luego de precipitarse de lo alto de un edificio. “Suicidio” dictaminaron rápidamente las pericias forenses.

Otro buen (mal) día, el testigo protegido dentro de un caso de millonarias coimas en la estatal caminera, fue reportado como fallecido luego de haber dejado un video en el que reiteraba su denuncia y se declaraba desprotegido. “Suicidio”, se volvió a escuchar y, días más tarde, un grupo de imputados (que no incluía a las cabezas de la entidad) era sobreseído. El risible argumento: “la plata de los ‘adelantos’ –así llamaron a las coimas- ya fue devuelta”.

Un más reciente buen (mal) día, el interventor de un banco en liquidación por fraude, que las autoridades de regulación financiera conocía de mucho antes, pero no alertaron sobre tal situación y, por el contrario, siguieron autorizando sus “promociones”, corría la misma muerte. “Suicidio”, proclamo el ministro a pocas horas del hecho, dando por cerrado el caso.

Y los buenos (malos) días siguen ocurriendo. Meses después de haberse enviado un alijo de media tonelada de cocaína a España en un vuelo de la aero-línea estatal, el régimen, que se ufana del “mayor operativo antinarcóticos de la historia” –que no agarró a nadie en las fábricas intervenidas-, comenzó a “investigar” y se cargó, entre otros, al operario del montacargas. La encomienda burló siete filtros institucionales, los que se echan la culpa recíprocamente, a falta de una hora de filmación “perdida en el camino”. Y, para rematar, un grupo de operadores del régimen, sin portar orden de allanamiento emitida por autoridad competente, ingresa y se apodera de la sede de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia.

Podrían parecer sucesos inconexos, pero, en realidad, forman parte del mismo esquema manejado por un poder descomunal a semejanza de un castillo de harina, próximo a desmoronarse, en mi percepción y, por tanto, terriblemente peligroso. ¿Quién será el(la) próximo(a) “suicidado(a)”?

Del Estado plurinacional al Estado telepolicial

 

Allá por finales de los años 80 y durante la siguiente década del siglo XX buena parte de la ciudadanía abrazó un placer culposo: a la manera de los voyeurs, sintonizar el programa “El Telepolicial”, sagradamente todas las noches. El estilo de su conductor y creador, Cacho Ordóñez, era parte de ese imán que convocaba a fisgar dicho espacio; aunque nadie admitía abiertamente seguir tales transmisiones, muchas conversaciones derivaban en asuntos que sólo se abordaban en ellas. Era obvio que la fuente era El Telepolicial.

Y lo era, porque el resto de la información televisiva se centraba en las noticias sobre economía, sociedad y política, además de fútbol. Los “hechos de sangre” no tenían cabida en los noticieros convencionales. El Telepolicial encontró su lugar en un horario semiclandestino y no ahorraba imágenes crudas para dar cuenta de la actividad criminal local, morbo incluido. Tal era el “encanto” del programa. Lo poco que conocemos del mundo del hampa –las “especialidades”, por ejemplo-, del léxico forense –decúbito dorsal- y de los procedimientos investigativos –por entonces a cargo de la PTJ- lo aprendimos ahí.

Con los años –tengo entendido que el programa aún sigue vigente- los espacios informativos habituales fueron incorporando, tímidamente primero, desenfadadamente luego, contenidos de crónica roja–“el muerto vende”, me dijo un periodista, cuyo nombre no quiero decir, que dirigía un periódico de ese jaez-. Grosso modo, puedo aventurar que, en conjunto, temas de seguridad, crimen, violaciones y narcotráfico ocupan más del 60% de aquellos. De alguna manera, la noticia televisiva se “telepolicializó”.

Cuando hablábamos de hechos de sangre, teníamos clara la distinción de que éstos ocurrían exclusivamente en el ámbito de lo privado, claramente separados de la corrupción que era de exclusividad del ámbito de lo público (político, gubernamental, estatal).

Con la irrupción del MAS, ambos mundos confluyeron. El caso Catler Uniservice / YPFB dejó un muerto, asesinado por sicarios contratados para tal efecto. Hasta entonces, no se conocía que escándalos de corrupción derivaran en crímenes de tal naturaleza. A partir del mismo ya no fue posible distinguir unos de otros, porque éste no fue el único. Hemos pasado del pretendido Estado plurinacional al Estado telepolicial, con forajidos operando desde las entrañas del poder.

Mucho me temo que el más reciente hecho de corrupción/crimen privado-estatal, no sea el último: ya hay una suerte de modus operandi que incluye a la muerte como manera de “solución” de escándalos incómodos al poder. Es el estilo del régimen masista, sin solución de continuidad Morales-Arce, para “salir adelante”, incluso sacrificando a sus propios “hermanos”, tal como ocurrió con el exviceministro de Régimen Interior –cargo que actualmente ostenta un siniestro policía-, Rodolfo Illanes, a quien el Gobierno de Morales Ayma envió absolutamente desguarnecido a negociar con cooperativista mineros aliados del régimen quienes lo torturaron y asesinaron sin compasión. A la fecha, no hay noticias de los responsables del macabro hecho como tampoco de alguien que haya asumido la responsabilidad política del mismo.

En el caso conocido como “Coimas en la ABC”, la justicia sobreseyó a los imputados, sin tocar al máximo ejecutivo de la entidad y, en el camino, haberse producido el suicidio del testigo protegido y hace no mucho, uno de los abogados del Gobernador de Santa Cruz, preso político, corrió con la misma suerte, o la misma muerte, si se prefiere.

Esta historia continuará. Lo actores están “arriba”, como dijo el finado exinterventor de Fassil.

Mamando de las Ubres del Estado

 

Abundante tinta ha corrido sobre la voraz mancha de corrupción que continúa carcomiendo al régimen masista desde que se instaló en el poder en 2006. Sumo mi pluma indignada ante el ensanchamiento del prontuario azul partiendo del caso más reciente, el del exministro de Medioambiente y Aguas y la descomunal cantidad –estimada en aproximadamente 20 millones de Bolivianos- en coimas que acumuló a su paso por dicha cartera –podría decirse que, literalmente, la usó como tal-.

Este (in)dignatario actuó con un perfil tan bajo que de no haber saltado el escándalo ni me habría enterado de su nombre (y eso que me las doy de relativamente bien informado). Lo primero que me llama la atención, independientemente del caso, es que tal persona ni siquiera califica para el cargo que llegó a ostentar y me lleva a deducir que su nombramiento respondió a cuotas de poder que se reparten entre las “organizaciones sociales” que medran del poder. Un ámbito tan sensible como el medioambiental requiere para su dirección de personal altamente calificado en lo técnico y en lo administrativo –este criterio también se aplica a todo el aparato público, aunque vemos todo lo contrario-. Por tanto, el único propósito que tiene este tipo de “autoridades” es el de hacer fortuna a su paso por el Estado. Esa es, lamentablemente, la forma más expedita de movilidad social en nuestro país y, para peor, en nombre de los “indígena-originario-campesinos”. El primer acto de corrupción que comete alguien es el de asumir un cargo para el que no posee el perfil ni la capacidad para ejercerlo. Sintomáticamente, a tiempo de posesionar al reemplazante del ahora convicto, el Presidente ha destacado que el nuevo Ministro “proviene como aporte de organizaciones sociales de El Alto” en lugar de relievar sus logros profesionales y la pertinencia de su perfil en relación al medioambiente. Mal comienzo.

A ello debe sumarse un rosario de actos non sanctos, aunque sus protagonistas apelliden o se llamen Santos, cometidos por los gobiernos de Morales Ayma y Arce Catacora. De ahí que llame la atención el hecho de que el primero critique la corrupción en la gestión del segundo, cuando, para mencionar sólo el más colosal, el caso FONDIOC, ocurrió durante la del cocalero. Y así, con un sinfín de tropelías. Y sin embargo “el pueblo” sigue votando por estos crápulas. La explicación, parafraseando una conocida cita, puede deberse a que “serán corruptos, pero son ‘nuestros’ corruptos”. En fin.

Aún sin haberse esclarecido, están latentes los casos de ABC -¿Qué se sabe del suicidio del testigo protegido?- y el de YPFB, ambos resultantes, en su difusión, por connotados miembros de facciones opuestas del propio régimen.

En ese orden de cosas, resulta, pues, vomitivo escuchar a Morales Ayma cuando quiere desligarse del signo de corrupción que corona su testa. Sin ir más lejos, además del mencionado caso FONDIOC, hay varios hechos provenientes de su gobierno que esperan el día en el que, finalmente, puedan ser esclarecidos. Entre ellos, el de la UPRE (una de las ubres del Estado) en el rubro de construcción de escuelas, otro robo en el que se operó con el mecanismo de las adjudicaciones directas por un monto mayor a 100 millones de Bolivianos.

En materia de corrupción, los gobiernos de Morales Ayma y de Arce Catacora son las dos caras de la misma moneda y, aunque el caso FONDIOC supera en varios ceros a cualquiera de los otros, en términos garcialinerianos, podríamos declarar un “empate técnico”. ¿Van a seguir mamando del Estado? ¿Van a seguir mamándonos?

De "Universario"

 

Con algo de asombro, que no lo tuve mientras sucedían los acontecimientos, recuerdo cómo aquellos aciagos días de pandemia, la institución educativa en la que ejerzo la docencia continuó cumpliendo sus labores académicas sin haberlas suspendido siquiera un día. Ciertamente, lo hizo recurriendo a lo que ahora es una modalidad estándar en cualquier centro de estudios; pero que,  por entonces, pocos estaban listos para ponerla en práctica. La calamidad los encontró “en curva” y, en casos extremos, las actividades lectivas se suspendieron hasta por un año.

La crisis política de 2019 -veintiún días- supuso también una interrupción de las actividades cotidianas, pero, recurriendo a plataformas públicas gratuitas, aunque muy limitadas, se sorteó el momento hasta que, resuelta tal cuestión, se retomó el tramo final de clases de la manera corriente. Fue, de todas maneras, una especie de preparación para lo que vendría –sin saber qué es lo vendría-.

¿Cómo hizo, entonces, esta casa de estudios superiores para proseguir sus labores de enseñanza-aprendizaje sin mayor contratiempo? Para empezar, debo precisar que es el caso que conozco –puede haber algunos similares, pero no tengo conocimiento de los mismos- y es que, simplemente (se dice fácil) tuvo que acelerar un proceso de transformación tecnológica que, independientemente de las contingencias, venía desarrollando desde hace un año antes. En principio de manera exclusivamente virtual y ahora de forma híbrida, la posesión de una plataforma de pago, junto a una intensiva capacitación al plantel docente para el manejo de la misma garantizaron la continuidad ininterrumpida, valga la redundancia, de la labor educativa.

Hablo de la misma entidad privada que hace más de cinco años comenzó a implementar un modelo que dejaba atrás al de la educación “tradicional”. El salto hacia adelante supuso incorporar metodologías activas, hoy llamadas “opciones metodológicas” que invitan al estudiante y al docente-mentor a construir, juntos, el aprendizaje significativo y que, recientemente, está experimentando con desafiantes prototipos académicos.

La primera ola de universidades privadas en Bolivia –excluyendo a la UCB, fundada en 1966- se dio de finales de los ochenta hasta mediados de los noventa-. Si bien son organizaciones de carácter empresarial, por su naturaleza no son un negocio convencional; el Estado las regula y, hasta cierto punto, controla, a través del ministerio de Educación –viceministerio de Educación Superior, específicamente- y debe pasar un tiempo hasta que las certifica como “Universidad Plena”. Para ello, deben cumplir una serie de requisitos de carácter académico, administrativo y técnico. Aquellas que no obtuvieron tal acreditación cesaron sus actividades. Las que sí lo hicieron, gestionan acreditaciones internacionales que las proyectan y acrecientan su sostenibilidad en un ámbito altamente competitivo.

El alma mater de varias generaciones de profesionales al que me refiero es UNIFRANZ, fundada el 4 de mayo de 1993, durante el periodo de gobierno de Jaime Paz Zamora, misma que acaba de cumplir 30 años al servicio de la educación superior en Bolivia. De esas tres décadas, la última ha supuesto un crecimiento exponencial en todos los órdenes vinculados a una organización de esta naturaleza lo que, por supuesto, se celebra, pero, más importante aún, reafirma el reto de seguir innovando. Como suelo decirles a los estudiantes de primer semestre, en el primer día de clases, desde hace veinticinco años: “Los días pasan lentamente; los años pasan volando”.