Octubre de 2006, diez años atrás. Disputas por el control y explotación del mineral del cerro Posokoni, derivaron en una batalla campal entre cooperativistas y asalariados. El escenario fue la población de Huanuni. Al cabo de la refriega, unos veinte mineros –lo menciono “de memoria”- perdieron la vida y otros cincuenta resultaron heridos.
Un actor central del conflicto fue en entonces ministro de Minería, Walter Villarroel, quien llegó a ocupar la cartera como la “cuota” que el sector cooperativista exigió al régimen a cambio de apoyo corporativo. Villarroel, desde las primeras escaramuzas, se mostró claramente parcializado con los suyos, vale decir con el bando de los cooperativistas.
Mientras la cotización de los minerales –el estaño, para el caso- estuvo por suelos, nadie reclamó por dicho yacimiento; pero, coincidiendo con la asunción al poder del régimen aún en funciones, cuando aquélla comenzó su escalada a la cima, la codicia –alentada desde el ministerio del rubro- comenzó a generar violencia.
La primera reacción del Gobierno fue la misma que hasta ahora saca a relucir: acusar a la oposición –cuando no al imperialismo, a la Iglesia o a los medios- de ser la causante de la confrontación. Demás está decir que la misma no tuvo relación alguna con tales hechos.
El entonces Secretario General de la COB, Pedro Montes –a la sazón, actual senador por el MAS- exigió, entre otras cosas, la destitución del titular de Minería y que el Gobierno evite más muertes. Podría decirse, a estas alturas, que el Ejecutivo actuó con prudencia al no militarizar la zona –cosa que podría haber exacerbado aún más el ya cargado ambiente- pero, en contraparte, tampoco permitió la mediación de instancias llamadas para tal efecto –de oficio, fueron al lugar representantes de algunas de ellas, como la Defensoría del Pueblo-. Sin embargo, no fue hasta que los muertos y heridos sumaron la cantidad anotada que la pesadilla comenzó a serenarse.
La “solución” –más bien, salida- contempló el retiro del ministro cooperativista, la asimilación de miles de cooperativistas al sistema estatal y una asistencia económica a los familiares de los difuntos.
En medio de todo este dolor, Álvaro García Linera, que se encontraba como Presidente en ejercicio –desde el comienzo de su mandato, Evo Morales, casualmente "desaparece” de escena en los conflictos- se despachó una de las frases más despiadadas que jamás pronunciara jefe de Estado alguno: “Si hay muertos, yo pongo los cajones”.
De estas palabras, pocos rastros quedan en el ciberespacio. Sospecho que su “desaparición” tiene que ver con un paquete de enlaces que el régimen hizo retirar del internet. Digo esto por si se quisiera verificar tal cosa. No obstante, hemerotecas y archivos generales conservan las publicaciones de la época y, en última instancia, está la memoria colectiva que registró la infamia de dicho sujeto.
Cuesta creer que, luego de diez años, este individuo, terrorista en sus años mozos, continúe dirigiendo, a la sombra del jefazo, los destinos del país y superándose a sí mismo en la emisión de declaraciones crueles y chapuceras.
¿Qué ha ocurrido con Huanuni a una década de los acontecimientos aquí rememorados? Por boca del propio operador gubernamental José Pimentel, persona involucrada en el secuestro de Doria Medina el año 1995 que también se desempeñó como ministro de Minería de Evo Morales, “falta una gerencia calificada”, lo que, entre líneas, quiere decir que la empresa estatal ha sido un absoluto fracaso. Eso sí, los cooperativistas han sido derrotados “política y militarmente” –como diría el Kananchiri-.
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