¡A reformar se dijo!

 

Producto del encuentro de actores sociopolíticos realizado en Cochabamba, a propuesta del Presidente, y con carácter de urgencia, se comenzó a trazar la ruta que deberá llevar a Bolivia hacia una reforma parcial de la Constitución Política del Estado.

Una expresión que me quedó de las clases de aritmética en la época escolar es la de “no contiene”, para referirnos a un guarismo menor que se intenta dividir con uno mayor, cosa posible con la obtención de resultados en decimales, no así para el caso de resultados en números enteros -no sé si me he expresado adecuadamente, pero usted sabe a lo que me refiero-. El asunto es que la COPOLMA (“Constitución Política Masista”, como la denominó Francesco Zaratti) ya no contiene al modelo de Estado que se está gestando luego del fracaso del languideciente “Estado Plurinacional”.

En tal sentido, lo lógico es perfilar una reforma total, pero tal propósito afronta el obstáculo del tiempo ya que tomaría no menos de dos años, dada su rigidez -la COPOLMA debe ser una de las constituciones más rígidas del mundo-. Por tanto, la parcial luce como la opción correcta ante la urgencia de aprobar leyes que, sin tales reformas, podrían ser recurridas por inconstitucionalidad. Así y todo, el proceso tomaría al menos seis meses, debiendo, además, concluir con un referéndum que, en caso de resultar perdidosa la opción de aprobación, echaría por la borda todo el esfuerzo por ajustarla a la nueva era estatal, sobre todo en términos de la economía.

No puedo dejar de lado la irregular forma en la que se fue gestando la CPE vigente, que data de 2009 y ha envejecido rápida y malamente, al grado de que ya no refleja mínimamente el actual estado de las cosas: la reforma de 2004 (la segunda que se operó en la de 1967), incluyó la figura de la Asamblea Constituyente, un “clamor de las organizaciones sociales” ligadas al entonces creciente descontento con la “partidocracia”; en 2006, ya instalado el MAS en el poder, se eligió a los constituyentes y se instaló, en Sucre, en ambientes del teatro “Gran Mariscal”; pasaron meses hasta que el trabajo propiamente dicho comenzó, una vez superado el obstáculo, huelgas de hambre de por medio, por el sistema para la aprobación de los artículos -El MAS defendía la mayoría simple; el resto, los dos tercios-. Los desacuerdos se multiplicaron y el acoso de unos y otros hacia la asamblea determinó su traslado a un cuartel en cuyas inmediaciones su produjo una masacre; ante la creciente violencia, la asamblea traslado sus sesiones al auditorio de la UTO, en Oruro, donde sin que se debatiesen los artículos, se aprobó un texto absolutamente grosero que fue “afinado” por una comisión congresal reunida en el edificio de la Lotería, en la Paz. Como era del interés del expresidente Morales, éste se comprometió a no repostularse a condición de que se convocara a referéndum para su aprobación o no. Por amplio margen, la ciudadanía respaldo el nuevo texto constitucional y entró en vigencia en 2009.

Un dato no menor -el régimen su ufanaba del carácter anticolonial de su engendro- fue la indisimulada intervención de operadores del populismo español en su redacción, al colmo de que uno de ellos lo usó como tesis doctoral.

En rigor, dados tales antecedentes, la CPE masista no debería haberse siquiera considerado, pero el pueblo, en su sabiduría, le dijo “sí”, pero no pude disimular mi satisfacción cuando ni el propio Morales pudo modificarla para habilitarse a la reelección indefinida, aunque siguió intentándolo por medios discutibles. En el camino ya había violado “su” Constitución varias veces (“yo le meto nomás”).

Para concluir, citaré algo de lo que escribió Jorge Lazarte, quien fuera uno de los constituyentes, en 2009: “En suma, todo parece indicar que no será posible implementar la NCPE sin violarla. La raíz de esta cuadratura se encuentra en el sesgo ideológico del nuevo texto constitucional, que ha sobrepuesto la primacía de los derechos colectivos diferenciados y etnitizados a la igualdad de los derechos ciudadanos”.

“De todos modos, a la larga no será sostenible una Constitución que contiene los principios de su propia inviabilidad, que solo podrá ser salvada con reformas sustanciales”.