Del Estado plurinacional al Estado telepolicial

 

Allá por finales de los años 80 y durante la siguiente década del siglo XX buena parte de la ciudadanía abrazó un placer culposo: a la manera de los voyeurs, sintonizar el programa “El Telepolicial”, sagradamente todas las noches. El estilo de su conductor y creador, Cacho Ordóñez, era parte de ese imán que convocaba a fisgar dicho espacio; aunque nadie admitía abiertamente seguir tales transmisiones, muchas conversaciones derivaban en asuntos que sólo se abordaban en ellas. Era obvio que la fuente era El Telepolicial.

Y lo era, porque el resto de la información televisiva se centraba en las noticias sobre economía, sociedad y política, además de fútbol. Los “hechos de sangre” no tenían cabida en los noticieros convencionales. El Telepolicial encontró su lugar en un horario semiclandestino y no ahorraba imágenes crudas para dar cuenta de la actividad criminal local, morbo incluido. Tal era el “encanto” del programa. Lo poco que conocemos del mundo del hampa –las “especialidades”, por ejemplo-, del léxico forense –decúbito dorsal- y de los procedimientos investigativos –por entonces a cargo de la PTJ- lo aprendimos ahí.

Con los años –tengo entendido que el programa aún sigue vigente- los espacios informativos habituales fueron incorporando, tímidamente primero, desenfadadamente luego, contenidos de crónica roja–“el muerto vende”, me dijo un periodista, cuyo nombre no quiero decir, que dirigía un periódico de ese jaez-. Grosso modo, puedo aventurar que, en conjunto, temas de seguridad, crimen, violaciones y narcotráfico ocupan más del 60% de aquellos. De alguna manera, la noticia televisiva se “telepolicializó”.

Cuando hablábamos de hechos de sangre, teníamos clara la distinción de que éstos ocurrían exclusivamente en el ámbito de lo privado, claramente separados de la corrupción que era de exclusividad del ámbito de lo público (político, gubernamental, estatal).

Con la irrupción del MAS, ambos mundos confluyeron. El caso Catler Uniservice / YPFB dejó un muerto, asesinado por sicarios contratados para tal efecto. Hasta entonces, no se conocía que escándalos de corrupción derivaran en crímenes de tal naturaleza. A partir del mismo ya no fue posible distinguir unos de otros, porque éste no fue el único. Hemos pasado del pretendido Estado plurinacional al Estado telepolicial, con forajidos operando desde las entrañas del poder.

Mucho me temo que el más reciente hecho de corrupción/crimen privado-estatal, no sea el último: ya hay una suerte de modus operandi que incluye a la muerte como manera de “solución” de escándalos incómodos al poder. Es el estilo del régimen masista, sin solución de continuidad Morales-Arce, para “salir adelante”, incluso sacrificando a sus propios “hermanos”, tal como ocurrió con el exviceministro de Régimen Interior –cargo que actualmente ostenta un siniestro policía-, Rodolfo Illanes, a quien el Gobierno de Morales Ayma envió absolutamente desguarnecido a negociar con cooperativista mineros aliados del régimen quienes lo torturaron y asesinaron sin compasión. A la fecha, no hay noticias de los responsables del macabro hecho como tampoco de alguien que haya asumido la responsabilidad política del mismo.

En el caso conocido como “Coimas en la ABC”, la justicia sobreseyó a los imputados, sin tocar al máximo ejecutivo de la entidad y, en el camino, haberse producido el suicidio del testigo protegido y hace no mucho, uno de los abogados del Gobernador de Santa Cruz, preso político, corrió con la misma suerte, o la misma muerte, si se prefiere.

Esta historia continuará. Lo actores están “arriba”, como dijo el finado exinterventor de Fassil.

Mamando de las Ubres del Estado

 

Abundante tinta ha corrido sobre la voraz mancha de corrupción que continúa carcomiendo al régimen masista desde que se instaló en el poder en 2006. Sumo mi pluma indignada ante el ensanchamiento del prontuario azul partiendo del caso más reciente, el del exministro de Medioambiente y Aguas y la descomunal cantidad –estimada en aproximadamente 20 millones de Bolivianos- en coimas que acumuló a su paso por dicha cartera –podría decirse que, literalmente, la usó como tal-.

Este (in)dignatario actuó con un perfil tan bajo que de no haber saltado el escándalo ni me habría enterado de su nombre (y eso que me las doy de relativamente bien informado). Lo primero que me llama la atención, independientemente del caso, es que tal persona ni siquiera califica para el cargo que llegó a ostentar y me lleva a deducir que su nombramiento respondió a cuotas de poder que se reparten entre las “organizaciones sociales” que medran del poder. Un ámbito tan sensible como el medioambiental requiere para su dirección de personal altamente calificado en lo técnico y en lo administrativo –este criterio también se aplica a todo el aparato público, aunque vemos todo lo contrario-. Por tanto, el único propósito que tiene este tipo de “autoridades” es el de hacer fortuna a su paso por el Estado. Esa es, lamentablemente, la forma más expedita de movilidad social en nuestro país y, para peor, en nombre de los “indígena-originario-campesinos”. El primer acto de corrupción que comete alguien es el de asumir un cargo para el que no posee el perfil ni la capacidad para ejercerlo. Sintomáticamente, a tiempo de posesionar al reemplazante del ahora convicto, el Presidente ha destacado que el nuevo Ministro “proviene como aporte de organizaciones sociales de El Alto” en lugar de relievar sus logros profesionales y la pertinencia de su perfil en relación al medioambiente. Mal comienzo.

A ello debe sumarse un rosario de actos non sanctos, aunque sus protagonistas apelliden o se llamen Santos, cometidos por los gobiernos de Morales Ayma y Arce Catacora. De ahí que llame la atención el hecho de que el primero critique la corrupción en la gestión del segundo, cuando, para mencionar sólo el más colosal, el caso FONDIOC, ocurrió durante la del cocalero. Y así, con un sinfín de tropelías. Y sin embargo “el pueblo” sigue votando por estos crápulas. La explicación, parafraseando una conocida cita, puede deberse a que “serán corruptos, pero son ‘nuestros’ corruptos”. En fin.

Aún sin haberse esclarecido, están latentes los casos de ABC -¿Qué se sabe del suicidio del testigo protegido?- y el de YPFB, ambos resultantes, en su difusión, por connotados miembros de facciones opuestas del propio régimen.

En ese orden de cosas, resulta, pues, vomitivo escuchar a Morales Ayma cuando quiere desligarse del signo de corrupción que corona su testa. Sin ir más lejos, además del mencionado caso FONDIOC, hay varios hechos provenientes de su gobierno que esperan el día en el que, finalmente, puedan ser esclarecidos. Entre ellos, el de la UPRE (una de las ubres del Estado) en el rubro de construcción de escuelas, otro robo en el que se operó con el mecanismo de las adjudicaciones directas por un monto mayor a 100 millones de Bolivianos.

En materia de corrupción, los gobiernos de Morales Ayma y de Arce Catacora son las dos caras de la misma moneda y, aunque el caso FONDIOC supera en varios ceros a cualquiera de los otros, en términos garcialinerianos, podríamos declarar un “empate técnico”. ¿Van a seguir mamando del Estado? ¿Van a seguir mamándonos?

De "Universario"

 

Con algo de asombro, que no lo tuve mientras sucedían los acontecimientos, recuerdo cómo aquellos aciagos días de pandemia, la institución educativa en la que ejerzo la docencia continuó cumpliendo sus labores académicas sin haberlas suspendido siquiera un día. Ciertamente, lo hizo recurriendo a lo que ahora es una modalidad estándar en cualquier centro de estudios; pero que,  por entonces, pocos estaban listos para ponerla en práctica. La calamidad los encontró “en curva” y, en casos extremos, las actividades lectivas se suspendieron hasta por un año.

La crisis política de 2019 -veintiún días- supuso también una interrupción de las actividades cotidianas, pero, recurriendo a plataformas públicas gratuitas, aunque muy limitadas, se sorteó el momento hasta que, resuelta tal cuestión, se retomó el tramo final de clases de la manera corriente. Fue, de todas maneras, una especie de preparación para lo que vendría –sin saber qué es lo vendría-.

¿Cómo hizo, entonces, esta casa de estudios superiores para proseguir sus labores de enseñanza-aprendizaje sin mayor contratiempo? Para empezar, debo precisar que es el caso que conozco –puede haber algunos similares, pero no tengo conocimiento de los mismos- y es que, simplemente (se dice fácil) tuvo que acelerar un proceso de transformación tecnológica que, independientemente de las contingencias, venía desarrollando desde hace un año antes. En principio de manera exclusivamente virtual y ahora de forma híbrida, la posesión de una plataforma de pago, junto a una intensiva capacitación al plantel docente para el manejo de la misma garantizaron la continuidad ininterrumpida, valga la redundancia, de la labor educativa.

Hablo de la misma entidad privada que hace más de cinco años comenzó a implementar un modelo que dejaba atrás al de la educación “tradicional”. El salto hacia adelante supuso incorporar metodologías activas, hoy llamadas “opciones metodológicas” que invitan al estudiante y al docente-mentor a construir, juntos, el aprendizaje significativo y que, recientemente, está experimentando con desafiantes prototipos académicos.

La primera ola de universidades privadas en Bolivia –excluyendo a la UCB, fundada en 1966- se dio de finales de los ochenta hasta mediados de los noventa-. Si bien son organizaciones de carácter empresarial, por su naturaleza no son un negocio convencional; el Estado las regula y, hasta cierto punto, controla, a través del ministerio de Educación –viceministerio de Educación Superior, específicamente- y debe pasar un tiempo hasta que las certifica como “Universidad Plena”. Para ello, deben cumplir una serie de requisitos de carácter académico, administrativo y técnico. Aquellas que no obtuvieron tal acreditación cesaron sus actividades. Las que sí lo hicieron, gestionan acreditaciones internacionales que las proyectan y acrecientan su sostenibilidad en un ámbito altamente competitivo.

El alma mater de varias generaciones de profesionales al que me refiero es UNIFRANZ, fundada el 4 de mayo de 1993, durante el periodo de gobierno de Jaime Paz Zamora, misma que acaba de cumplir 30 años al servicio de la educación superior en Bolivia. De esas tres décadas, la última ha supuesto un crecimiento exponencial en todos los órdenes vinculados a una organización de esta naturaleza lo que, por supuesto, se celebra, pero, más importante aún, reafirma el reto de seguir innovando. Como suelo decirles a los estudiantes de primer semestre, en el primer día de clases, desde hace veinticinco años: “Los días pasan lentamente; los años pasan volando”.

A treinta de los 30

 

Por feliz coincidencia, la publicación de esta columna ocurre exactamente en la fecha en la que, hace treinta años, se pronunció la sentencia, en el marco de un juicio de responsabilidades, contra Luis García Meza y varios de sus colaboradores por una serie de hechos acontecidos durante el gobierno de facto de aquella época.

El entonces General García Meza y sus secuaces –el infame Luis Arce Gómez, el más connotado de éstos- interrumpieron por segunda vez en breve espacio de tiempo –meses antes lo había hecho Alberto Natush Busch- el proceso democrático en ciernes que Bolivia deseaba consolidar.

La víctima directa del golpe fue la presidenta Lidia Gueiler, cuyo gobierno de transición sufrió el acoso permanente de agentes de la peor versión de la milicia que operaban sembrando el terror entre la población y atentando contra la vida de connotadas figuras de la política y del periodismo y que, tras el asalto al Gobierno, siguieron haciéndolo. Meses antes, la avioneta que transportaba a miembros de la UDP –se dice que Hernán Siles debía haber estado en la nave- sufrió un atentado en el que, salvo Jaime Paz Zamora, murieron todos los pasajeros; en otro acto de terrorismo, el sacerdote y periodista Luis Espinal fue asesinado. Durante la asonada (toma de la COB donde sesionaba el CONADE) fueron apresados, y luego torturados y asesinados, dirigentes de entonces –Marcelo Quiroga Santa Cruz, el más emblemático- y ya con el poder en sus puños, masacró a dirigentes del IR que sostenían una reunión clandestina en un inmueble de la calle Harrington. De aquel periodo se recuerdan con horror las “ambulancias de la muerte” y los paramilitares a órdenes de Luis Arce, además de la comisión de una serie de delitos de toda índole (“mínimos”, como los vidrios ray ban o los carritos Hanne hasta los de gran envergadura como las piedras semipreciosas o el narcotráfico).

Reconquistada la democracia y en aplicación del debido proceso, el dictador y sus cómplices fueron sometidos a juicio de responsabilidad, mismo que duró nueve años, hasta que, en esta fecha, 21 de abril de 1993, se emitió sentencia condenatoria con penas diferenciadas según los grupos de delitos que para los principales actores de la dictadura fue la de treinta años de prisión sin derecho a indulto. La palabra que más se escuchó de boca de García Meza durante el juicio fue “desconozco”.

Al respecto, hay que recordar siempre y valorar dos elementos: el aporte y persistencia de los impulsores del juicio, encabezados por Juan del Granado, y el hecho, inédito hasta entonces en Latinoamérica, de un dictador sentenciado por la vía de un proceso de tal característica.

Como consecuencia y lección que dejó está el hecho de que una vez reconquistada la democracia no se volvieron a producir golpes –un golpe tiene siempre un “hombre fuerte” que es quien ocupa la silla presidencial una vez producido éste, lo que echa por tierra el relato de que en 2019 se produjo un golpe (lo hubiese sido si Mesa, Quiroga, Ortiz u otra persona ajena a la sucesión constitucional se hacía con la Presidencia)-. Otra precisión que se debe recalcar es que un dictador fue sometido a lay para juzgar a altos dignatarios de Estado, mientras que a una Presidenta constitucional, se la somete ahora a un juicio ordinario.  

De coloso azul a enana blanca

 

No tengo, como sí lo tiene Francesco Zaratti, competencia en asuntos de astronomía; pero sí puedo entender cuestiones elementales de dicho campo como la que viene al caso que abordo en esta ocasión.

Cuando se anuncia desde algún famoso observatorio que se obtuvieron imágenes de un astro en extinción, la foto que vemos es la de un hecho sideral ocurrido hace millones de años debido a la gran distancia, calculada en años luz, a la que se encontraba el desaparecido elemento celeste.

De manera análoga, aunque en escala temporal doméstica, la foto de un MAS hecho añicos y en pleno proceso de extinción –o, en versión más ligera, de atomización- es la de un evento que sucedió hace ya varios años y que ahora se manifiesta ante nuestros ojos.

Si no antes, con sonados hechos de corrupción ampliamente conocidos y una sentencia constitucional de habilitación –gentileza de un TCP, parte del régimen- para un periodo fuera de las prescripciones de la CPE, la agonía del cuerpo azul comenzó el 21 de febrero de 2016, una vez conocido el resultado de referéndum con el que el señor Morales Ayma aspiraba a ser reelecto de forma indefinida –prácticamente vitalicia- que arrojó un rotundo “NO” a las pretensiones de dicho individuo –y de su adulón oficial-. El vergonzoso sainete que seguiría a la negativa ciudadanía, no obstante el jefazo había prometido, posiblemente seguro de que el TSE se portaría muy regalón con él, que si perdía “así fuera por un solo voto” se retiraría a su chaco con su quinceañera -no cumplió lo primero, pero lo de la(s) quinceañera(s) aparentemente sí-. El que, una vez más, se puso muy mimoso con el cocalero y sus huestes fue el TCP, el cual, en nombre de un inexistente derecho humano a la reelección indefinida, forzó otra sentencia habilitadora.

Esta vez (2019), el régimen no iba a dejar que el TSE actúe con cierta autonomía y, llegado el momento, activó el fraude que colmó la paciencia de la ciudadanía y no le quedó otra opción –a él y sus valedores- que renunciar y huir despavorido, dejando allanado el camino de la sucesión constitucional. Luego del paréntesis transitorio, el MAS ganó las elecciones por las que Luis Arce es el actual Presidente.

Se preguntará usted en qué parte de esta historia están las fisuras, las grietas y las rupturas; pareciera, más bien, una de éxito y de crecimiento exponencial de la marca azul.

Déjeme volver al símil, que ya lo he empleado anteriormente, con la bóveda celeste: Ocurre que todo ello se asemeja a la denominada fase llamada “gigante roja”, cuando, en su ciclo de vida, la estrella ha consumido el hidrógeno de su núcleo; pero ese coloso astro, pasado el tiempo, dará lugar a la fase “enana blanca”, que como su nombre lo indica, es mínima en tamaño pero, ese es el detalle, tiene una densidad descomunal (una cucharadita de su materia pesaría unas cinco toneladas), aunque, indefectiblemente, está en la fase terminal de su existencia. Esa es la foto del régimen.

Hay quien cree que el encogimiento –división, fraccionamiento, ruptura o como se quiera llamarlo- podría revertirse ante la posibilidad de ya no conseguir reproducir su poder. Puede ser; pero de ocurrir tal cosa, la condición material de la marca azul ya no sería la de aquel sol que encandiló a buena parte de la población, más allá de las malas armas que empleó para retener el Gobierno. Estaría en condición de nebulosa, es decir un compuesto gaseoso, sin cohesión ni forma definida.

Parecería que, de verdad, el Sol desaparecerá, la Luna se esconderá, y todo será tristeza en la galaxia azulada.

El lado "amable"

 

¿Puede tener algo de atractivo la descomposición de un cuerpo al morir? La hinchazón, la putrefacción y los bichos devorando los órganos descompuestos no forman precisamente una imagen “bonita”. En otro plano, el artístico, puede ser que un cuadro magistralmente pintado –unos cadáveres desparramados en un campo de batalla, por ejemplo- adquiera otra dimensión estética, aunque no dejará de impresionar fuertemente, cosa que, seguramente, sería la que buscase el autor.

¿Podríamos, sin embargo, extraer algo “positivo” del proceso de descomposición del régimen? ¿Podríamos destacar algo “lindo” de delicada situación de la economía, sabiendo, además, que nos afecta a todos –si únicamente afectara al Gobierno, no sería motivo de tanta preocupación-? Pues mirando de otros ángulos, probablemente sí. Haremos el intento.

Lo que la disputa interna por el poder nos ha permitido conocer son las entrañas infectas del régimen que, indistintamente si se trata de “evistas”, “arcistas” o cualquier otra denominación, son caras de la misma moneda o el mismo dado.

En su versión más pintoresca, en materia económica, nos ha traído la novísima metafísica plurinacional en la persona del inefable senador Ajpi, quien se despachó un ramillete de invaluables gemas.

En aspectos menos risibles, no obstante, la figura se ha puesto tan sórdida que me trajo a la memoria el, probablemente, primer gran escándalo de la administración de Morales Ayma; me refiero al negociado en YPFB durante la gestión de Santos Ramírez, entonces hombre fuerte del MAS, quien, a la postre, purgó prisión durante varios años. De no haber ocurrido un hecho de sangre –el homicidio contra el empresario involucrado en esa operación- probablemente jamás nos hubiéramos enterado de tal acto de corrupción. Sin ánimo de ofender, sino de ser sarcástico, diría que aquel crimen fue el lado “amable” del asunto ya que nos permitió conocer los estercoleros de la estatal petrolera.

En tal lógica, es de agradecer que una trifulca en la que todo vale, haya permitido destapar hechos vergonzosos en los ámbitos de la economía, de la justicia y administración de las entidades estatales, sumando aproximadamente una veintena de denuncias de uno y otro lado del régimen de manera cruzada. Sostuve en mi anterior columna que, de haber sido hechas por miembros de la oposición, éstos serían objeto de inmisericorde persecución y la denuncia caería en saco roto por, en el lenguaje del régimen, proceder de “la derecha”, del “imperio” o de “los pititas”. Ratifico dicha percepción.

En el ámbito de la justicia, a tiempo de descalificar la propuesta de reforma de los juristas independientes –que además tropieza con el sabotaje orquestado desde el TSE, a instancias de su presidente- el ministro del área –a confesión de parte, relevo de prueba- ha certificado lo que todos sabíamos: que los magistrados, en la etapa de selección, son los impuestos por el dedazo de Morales Ayma. Lo curioso es que el propio Lima fue uno de los “elegidos”. Es más, él mismo mandó al diablo a la comisión de notables que, de buena fe, creyeron, ingenuamente, que el régimen les iba a dar autonomía para cambiar este putrefacto sistema.

Ya sin homicidio de por medio, otro millonario negociado en YPFB fue “destapado” –con seguridad, si no se daba la ruptura masista permanecería convenientemente ignoto- por otro operador de Morales Ayma.

Donde sí hubo otro muerto, aunque el caso que lo involucraba como testigo protegido, ya estaba en curso, es en el de la ABC. Y, nuevamente, el lado amable es que nada de esto se sabría si las aguas azules hubiesen permanecido tranquilas.

Pero, repito, en este cuento, unos y otros, todos miembros de la mafia masista, son la misma basura.

Ahogados en porquería

 

Con telón de fondo de una situación económica cercana a la catástrofe, el Movimiento al Socialismo – Instrumento Político por la Liberación de los Pueblos – Pacto de Unidad – Consejo Nacional por el Cambio – Proceso de Cambio – etcétera - etcétera se desangra en su guerra interna, la cual ha adquirido una tónica escatológica nunca antes observada en casos de desintegración de organizaciones políticas. El nivel de las acciones y la diatriba de cantina que practican los bandos enfrentados ha caído tan bajo, que la recurrente figura de “prender el ventilador” ya no alcanza para describir su tufo a pozo ciego. Aunque ello, para quien no se revuelca en su estiércol, no es necesariamente malo: se han producido denuncias que, de otra manera, nunca hubiesen salido a luz o que, emitidas por algún opositor, hubiesen sido desahuciadas en el acto y, probablemente, el denunciante, perseguido o encarcelado.

Lo curioso es que, por ejemplo, los señalamientos de los desplazados hacia los emergentes –“evistas”/“arcistas”, “radicales”/“renovadores”, como también se hacen llamar- son tan detallados que no hay duda de que fue una práctica soterrada cuando aquellos controlaban los negocios estatales. El mecanismo de “circulación” en la importación de combustibles ya operaba en tiempos en los que los ahora acusan ejercían la tutela del negocio. En realidad, lo que parece estar en disputa es la apropiación de los “excedentes” del mismo, cosa que hubiese permanecido oculta de haberse declarado la guerra intramasista.

Otra muestra de cinismo llevado a extremo es que el creador de los “guerreros digitales” ahora los llame “mercenarios digitales” porque ya no están a su servicio. Esto, a consecuencia de la remoción de las cuentas de la granja azul reconocible tanto por su virulencia como por su pésima ortografía. Se acabó, esperamos, ese juego sucio pagado con recursos públicos.

Pero mientras esos y otros ajustes de cuentas suceden en la estratósfera del régimen, al ras del piso las cosas se salieron de madre hace rato y de los insultos mutuos y las sillas voladoras se ha pasado a las acciones de hecho, con saldos de personas contusas e, inclusive, la pérdida de un bebé en gestación en una jornada de furia y violencia. Las hinchadas de una y otra facción en desenfrenada demostración de sus bajos instintos.

En los albores de la democracia, cuando las puertas del Legislativo estaban abiertas a cualquier ciudadano a sola presentación de cédula de identidad, era característico que durante las sesiones parlamentarias se manifestaran las llamadas “barras colegisladoras” –grupos que seguramente recibían algún tipo de honorario- que vitoreaban o rechiflaban las intervenciones de los representantes según fuera el caso. Me viene a la memoria la imagen de Walter Guevara Arce, luego de varias llamadas de atención a dichas barras, instando a las fuerzas de seguridad del Congreso a retirarlas del recinto. Debo decir que dichos hinchas palidecen ante las groserías con las que se increpan entre sí los masistas. Uno esperaría que luego de dos décadas de medrar del Estado algo de educación hubiesen adquirido. Pero no. Al contrario, parecería que el poder ha exacerbado su tosquedad.

De seguir así, los susodichos acabarán ahogados en porquería; cosa que sería el final que merecen por su olímpico desprecio a la institucionalidad democrática, por su naturaleza violenta, por su manifiesta ignorancia y por su absoluta impostura en nombre de los indígenas, a quienes utilizan en virtud del pigmento cutáneo análogo.

Por mí, que se extingan a causa de pluricoprofagia.