Dependencias prescindibles

 

Me costó decidir qué adjetivo emplear para el título. En primera instancia pensé en “inútiles”, pero en condiciones normales, al menos dos de ellas, no lo son; luego se me ocurrió “impresentables”, pero suena demasiado coloquial. Finalmente, opté por “prescindibles” porque tal como están no tienen razón de ser y, por lo menos una debería desaparecer definitivamente. Vayamos por partes.

Previamente y durante el desarrollo de la asamblea constituyente, el cocalero en función de Presidente bajó la línea de eliminar la Defensoría del Pueblo con el peregrino argumento de que como “el pueblo llegó al poder”, la institución era innecesaria. Él sabía que la entidad supondría una piedra en el zapato para sus aspiraciones a autócrata.

Primó el sentido común y la Defensoría se incluyó en la CPE –artículos 216 y sucesivos- señalando que su naturaleza es la de velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos.

Y como suele decirse, “hecha la ley, hecha la trampa”, el momento en que al congreso controlado por Morales le tocó elegir –“nombrar” sería más apropiado para lo que sucedió- al nuevo titular lo hizo por quien consideraba como afín al régimen. El ciudadano en cuestión, con gran dignidad, evidentemente se constituyó en una piedra en el zapato del susodicho. Rolando Villena no se comportó como el amarrahuatos que el régimen quería.

Con tal experiencia, contraproducente para Morales y compañía, el MAS se aseguró, para la siguiente oportunidad, de nombrar a uno de los suyos, quien armó un equipo azulado del cual surgió su sucesora, hoy premiada con un cargo gubernamental. Estas dos últimas gestiones marcan la caída libre de la que se convirtió en un apéndice del régimen. Como quiso en principio, Morales Ayma consiguió matar a la Defensoría. En nuevo defensor, un masista anodino, calló en siete idiomas ante los abusos de personal estatal contra la población civil.

En tales condiciones, ¿es deseable la continuidad de dicha instancia? Definitivamente no, al menos hasta que la democracia retorne. Cualquier observatorio de derechos humanos hace mil veces mejor las labores que se supone debe hacer la DP y no le cuestan nada al erario público.

La necesidad de contar con una Procuraduría surgió del hecho de que el Estado perdía, en connivencia con los demandantes probablemente, prácticamente todos los juicios que se le entablaban. No fue, como reclaman desde el régimen, una idea exclusivamente del MAS; varias plataformas, incluida una de la que mi persona formaba parte, propusieron incluirla en la CPE, cosa que ocurrió –artículos 229 y sucesivos- con la misión de “precautelar los intereses del Estado”. Pues bien, el remedio, en manos del MAS, resultó peor que la enfermedad y, en particular, el actual Procurador ha hecho de todo –incluso ha jugado a instalar un TSE paralelo- y, como en el caso anterior, en las condiciones presentes, no tiene ningún sentido destinar una chorrera de recursos públicos para seguir perdiendo procesos. Nuevamente, cuando la institucionalidad retorne, podría volver a funcionar.

Por último, la peor de todas, la infame DIREMAR, a la que ya Página Siete le dedicó un editorial en el mismo sentido de esta columna. Sin mayor anestesia, debe ser disuelta ipso facto. Es la vergüenza mayor del Estado. Una de las condiciones para aprobar el PGE del 2023 es la de cortarle el financiamiento –tal vez dejarle un mínimo para su liquidación-. A diferencia de las dos entidades anteriores, ésta no tiene razón de ser y ni con un estado de derecho consolidado podría volver.

Deseo para los ciudadanos y ciudadanas de Bolivia una Navidad con la esperanza de mejores días.